Justicia obliga a Educación a cubrir un apoyo clave para una estudiante con discapacidad

Un nuevo fallo sacude al sistema educativo rionegrino: el Estado deberá garantizar una maestra de apoyo a la inclusión para una adolescente con discapacidad, luego de que la familia sostuviera el costo durante dos años.

La decisión judicial, que recayó sobre el Ministerio de Educación, llega después de un extenso recorrido administrativo y legal. La madre de la alumna, que asiste a una escuela secundaria de la provincia, había solicitado inicialmente la cobertura al IPROSS, pero la obra social se declaró incompetente.

¿Por qué se llegó a esta instancia?

El conflicto se remonta a 2024, cuando una primera acción de amparo logró que se asignara una técnica de apoyo en la escuela. Sin embargo, con el paso del tiempo, esa profesional pasó a tener a su cargo a nueve estudiantes, lo que volvió insuficiente la asistencia.

Ante esa situación, la familia decidió contratar de manera particular una maestra de apoyo a la inclusión, con una carga horaria de 20 horas semanales, tal como indicaba una prescripción profesional. El gasto se volvió insostenible, y la madre recurrió nuevamente a la Justicia.

¿Qué argumentaron el IPROSS y Educación?

El IPROSS rechazó el pedido al considerar que el acompañamiento dentro de una escuela pública es competencia del Ministerio de Educación. Por su parte, la cartera educativa sostuvo que ya cumplía con la sentencia anterior y que no existía omisión que justificara un nuevo amparo.

Pero los informes presentados durante el proceso revelaron otra realidad. La propia escuela señaló que la estudiante necesitaba el trabajo articulado de la técnica de apoyo y de la maestra de apoyo a la inclusión. Se destacó que esta última permitía una asistencia individualizada, facilitaba el acceso a las propuestas pedagógicas y sostenía la participación en actividades que, sin ese recurso, resultaban de difícil acceso.

Un cargo anunciado pero sin cubrir

El Ministerio reconoció la necesidad de reforzar el esquema y comunicó la creación de un nuevo cargo para la escuela. Sin embargo, el puesto aún no estaba cubierto ni había fecha cierta para su cobertura. Para la jueza interviniente, esa promesa no daba una respuesta concreta a las necesidades actuales de la alumna.

La resolución también analizó la normativa provincial, que prevé distintas figuras de acompañamiento para el nivel secundario. La magistrada consideró que esa regulación no podía aplicarse de manera aislada cuando está en juego el derecho a la educación de una estudiante con discapacidad.

¿Qué dice el fallo?

El fallo se apoya en la Constitución de Río Negro, la legislación nacional y provincial, y tratados internacionales como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Este último instrumento reconoce el derecho a un sistema educativo inclusivo y obliga a garantizar los apoyos necesarios para ejercer ese derecho en igualdad de condiciones.

La sentencia establece que la respuesta estatal no se agota con asegurar el acceso a la escuela, sino que debe ofrecer los recursos que cada estudiante necesita para aprender y participar plenamente. En este caso, los informes coincidieron en la importancia de mantener ambos apoyos: la maestra de apoyo a la inclusión y la técnica de apoyo en la escuela, que cumplen funciones diferentes y complementarias.

Además, se rechazó el amparo contra el IPROSS y se atribuyó la responsabilidad al Ministerio de Educación, citando antecedentes del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro. Educación deberá asignar la maestra de apoyo a la inclusión con una cobertura de 20 horas semanales, en un plazo de 15 días posteriores a la notificación.