Justicia ordenó pagar más de $14 millones a un plomero de Casa de Gobierno que perdió la audición

Un plomero que trabajó durante años para el Estado provincial en Casa de Gobierno recibirá una indemnización millonaria. La Justicia laboral de Mendoza determinó que su sordera y los problemas de columna son consecuencia directa de su trabajo y condenó a la ART a pagarle más de $14,6 millones.

El fallo, emitido por una Cámara del Trabajo de Mendoza, puso fin a una larga batalla judicial contra la aseguradora de riesgos del trabajo, que había rechazado el origen laboral de las enfermedades. Según la sentencia, las pruebas fueron contundentes: el trabajador estuvo expuesto durante años a ruidos constantes, esfuerzos físicos, movimientos repetitivos y posturas forzadas.

¿Qué enfermedades padece el trabajador?

El expediente detalla que el plomero desarrolló lesiones en la columna cervical, afecciones lumbares y una hipoacusia bilateral, es decir, pérdida de audición en ambos oídos. Aunque el perito judicial había calculado inicialmente una incapacidad superior al 32%, el tribunal ajustó ese porcentaje al considerar que existían incapacidades preexistentes ya reconocidas en otros expedientes.

Finalmente, la Justicia fijó una incapacidad laboral permanente parcial y definitiva del 25,62%, aplicando el baremo previsto por la legislación vigente y descontando las secuelas de patologías anteriores.

¿Qué argumentos presentó la ART?

La aseguradora cuestionó tanto la relación entre las enfermedades y las tareas desempeñadas como la procedencia de distintos componentes de la indemnización. Sin embargo, el tribunal consideró que las pruebas incorporadas al expediente demostraron de manera suficiente el vínculo causal entre la actividad laboral y las patologías diagnosticadas.

Durante el proceso judicial se analizó la historia clínica del trabajador, estudios médicos, una pericia realizada por un especialista y los testimonios de compañeros de trabajo. Todo ello resultó clave para acreditar las condiciones en las que el empleado desarrolló sus tareas.

La millonaria indemnización

Para calcular la reparación económica, los jueces tomaron en cuenta el ingreso base del trabajador, su edad, el porcentaje de incapacidad reconocido y la actualización prevista por la normativa sobre riesgos del trabajo. A ese monto se sumó el adicional del 20% contemplado por la legislación vigente.

Como resultado, la sentencia condenó a la ART a abonar $14.684.942,23, suma que incluye la indemnización y los intereses calculados hasta la fecha del fallo. Además, la aseguradora deberá hacerse cargo de las costas del proceso y de los honorarios profesionales.