Justicia porteña les puso condiciones: los conductores de Uber, Cabify y DiDi ahora deberán cumplir los mismos requisitos que taxis y remises

Un fallo de la Justicia porteña cambió las condiciones para los conductores de aplicaciones como Uber, Cabify y DiDi en la Ciudad de Buenos Aires. A partir de ahora, quienes trabajen con estas plataformas deberán contar con licencia profesional, seguros especiales y habilitaciones similares a las exigidas para taxis y remises.

La decisión fue tomada por la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Capital Federal, tras un reclamo impulsado por el Sindicato de Peones de Taxis de esa jurisdicción. Los jueces consideraron que las apps prestan un servicio de transporte de pasajeros y que no pueden operar por fuera de las regulaciones que alcanzan al resto del sector.

¿Qué cambia para los conductores?

En la práctica, el fallo impacta sobre miles de conductores que hasta ahora utilizaban una licencia común. Mientras no exista una ley específica para regular a plataformas de servicios como Uber, Cabify o DiDi, la Justicia porteña determinó que deberán cumplir las mismas obligaciones que taxis y remises. Entre los nuevos requisitos figuran la licencia profesional, seguros para transporte de pasajeros, cobertura de responsabilidad civil y controles habilitantes.

La Cámara rechazó en el fallo la postura de los conductores y usuarios de Uber que alegaban que se trataba de un “transporte privado” regido por el Código Civil y Comercial y que no debía estar sujeto a regulaciones de transporte público.

¿Qué dijeron los jueces?

Los magistrados sostuvieron que las plataformas no pueden seguir funcionando con un “vacío legal” que genere ventajas frente a taxis y remises, que sí afrontan costos y exigencias regulatorias. Además, los jueces Mariana Díaz, Fernando Enrique Juan Lima y Marcelo López Alfonsín remarcaron que Uber y las demás aplicaciones forman parte de un “servicio global de transporte” y no solo de una plataforma tecnológica, citando incluso antecedentes de la Justicia de la Unión Europea.

El fallo también apuntó contra el Gobierno porteño por haber permitido durante años que se mantuviera lo que calificaron como “apariencia de regularidad” en el funcionamiento de las apps. La Cámara ordenó avanzar en el cobro de impuestos locales a las empresas y realizar campañas para advertir a los usuarios sobre posibles riesgos vinculados a seguros y licencias. Además, dispuso que, mientras persista esta desigualdad regulatoria, la Ciudad no podrá cobrarles a los taxistas ciertos aranceles administrativos vinculados con licencias y trámites operativos.

Además, el fallo señala que el Gobierno porteño incurrió en una conducta contradictoria al calificar a Uber de “clandestina” pero, al mismo tiempo, permitir su publicidad en espacios públicos como estaciones de subte o el sistema Ecobici. Por esto, de ahora en adelante deberán fiscalizar la publicidad de las plataformas.