Justina Gordillo: el giro judicial que reabre la puerta de su libertad en el crimen de Érika Álvarez

La situación procesal de Justina Gordillo, imputada por encubrimiento en el crimen de Érika Antonella Álvarez, volvió a quedar en el centro de la escena judicial tras un fallo que reactivó la posibilidad de que recupere la libertad o, en su defecto, cumpla la prisión preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario. Un reciente giro en los tribunales tucumanos podría cambiar por completo el destino de la acusada, en un caso que sigue conmocionando a la provincia.

El cambio se produjo a partir de una audiencia en la que sus defensores, María Florencia Abdala y Camilo Atim, cuestionaron con éxito la decisión previa del juez Bernardo L’Erario Babot, quien había rechazado los pedidos de excarcelación o arresto domiciliario. Los letrados argumentaron que, con el avance de la investigación, surgieron nuevos elementos que alteraban sustancialmente la situación de su defendida.

¿Cuáles son los nuevos argumentos de la defensa?

Entre los puntos clave presentados, la defensa señaló que los presuntos coautores del homicidio, que se desplazaban en un Chevrolet Corsa, serían vecinos de la zona. Según su planteo, este dato modificaría el contexto en el que se vincula a Gordillo con los hechos, debilitando la teoría del encubrimiento.

Además, esgrimieron una supuesta coartada basada en registros incorporados al expediente. Estos indicarían que el cuerpo de la víctima, Érika Antonella Álvarez, habría sido abandonado el 7 de enero a las 11.40, momento en el que Gordillo se encontraba cumpliendo con sus tareas laborales, lo que la ubicaría en otro lugar.

Los abogados también remarcaron que no existen elementos concretos que vinculen a la imputada con el ocultamiento de la camioneta utilizada en el crimen, otro de los puntos cruciales de la investigación llevada adelante por la fiscalía.

Un fallo que cambia las reglas del juego

Inicialmente, el juez L’Erario Babot había desestimado estos planteos, considerando que las cuestiones expuestas debían ser analizadas en un eventual juicio oral y no modificaban el riesgo de entorpecimiento de la causa. Sin embargo, al revisar el caso, la jueza María Jimena Suárez adoptó una postura diametralmente opuesta.

Pese a la firme oposición tanto del Ministerio Público Fiscal como de la querella representada por Carlos Garmendia, la magistrada falló a favor de los argumentos de la defensa. Como consecuencia directa de esta decisión, se dispuso la realización de una nueva audiencia específica para re evaluar la situación procesal de Justina Gordillo.

La tensión se recrudece a horas del debate clave

El debate fue fijado para el martes próximo, en una instancia que promete ser determinante para definir si Gordillo continúa detenida o accede finalmente a un régimen de libertad o arresto domiciliario. Sin embargo, el escenario judicial volvió a tensarse en la antesala de esa audiencia crucial.

El lunes, en un movimiento estratégico, el fiscal Pedro Gallo decidió agravar la imputación en su contra. La nueva hipótesis del Ministerio Público Fiscal sostiene que la acusada no solo habría encubierto el crimen, sino que habría intervenido en los hechos con la intención de obtener un beneficio económico tanto para ella como para su pareja en ese momento, Felipe “El Militar” Sosa.

Así, el caso entra en una fase de máxima incertidumbre. Mientras los planteos defensivos buscan debilitar el rol que se le atribuye a Gordillo, la acusación fiscal redobla la apuesta y endurece su posición. El futuro inmediato de la imputada queda atado a una nueva instancia judicial que promete redefinir su situación en uno de los casos más sensibles y seguidos de la agenda penal tucumana, marcando un precedente en la investigación del brutal homicidio de Érika Antonella Álvarez.