Katopodis pide veedores tras denunciar modificaciones sospechosas en licitación vial
Una licitación millonaria para corredores viales está bajo la lupa. ¿Por qué el ministro Katopodis pidió urgentemente veedores externos y denunció cambios de última hora? Los detalles que generan dudas sobre todo el proceso.
El ministro Gabriel Katopodis solicitó formalmente la intervención de veedores externos para garantizar transparencia en una licitación vial, tras denunciar cambios arbitrarios en el proceso. La presentación se realizó este martes ante el Ministerio de Economía de la Nación, en medio de preocupaciones sobre la objetividad del procedimiento administrativo en curso.
Por indicación del gobernador Axel Kicillof, la empresa AUBASA se presentó oportunamente en la licitación pública para la concesión de los tramos Sur – Atlántico – Acceso Sur. Estos incluyen la RN 3, RN 205, RN 226 y las autopistas Riccheri y Ezeiza-Cañuelas de la Provincia de Buenos Aires.
“Ante la preocupación sobre la transparencia del proceso, hoy solicitamos al Ministerio de Economía de la Nación —bajo cuya órbita se lleva adelante esta licitación— la intervención de las Defensorías del Pueblo de la Nación y de la Provincia para que hagan de veedores y garanticen la transparencia”, declaró Katopodis.
¿Qué modificaciones generaron la alerta?
El funcionario provincial señaló que han observado “modificaciones y decisiones que marcan una arbitrariedad manifiesta en la asignación de concesionarios”. Reveló un dato concreto: “Una semana antes, modificaron 33 de 34 artículos y cambiaron una contratación cuando ya estaba iniciada”.
Desde la Provincia se informó que AUBASA se presentó como oferente para la gestión de los tramos Sur, Atlántico y Acceso Sur (renglón 1 de la licitación). Este paquete abarca 1.325 kilómetros de rutas nacionales y autopistas.
Cronología de un proceso cuestionado
El llamado a licitación se lanzó el 12 de noviembre de 2025. El plazo para la recepción de consultas se cumplió el 13 de febrero de 2026, y el primer acto de apertura de ofertas se llevó a cabo el 27 de ese mismo mes.
Sin embargo, dentro de las fechas mencionadas y sobre la marcha del proceso, el Gobierno Nacional emitió cuatro circulares con modificaciones y nuevas exigencias que no figuraban en el pliego original. Estos cambios sobre la marcha son el núcleo de la preocupación expresada por las autoridades provinciales.
La solicitud de Katopodis apunta específicamente a la designación de veedores, del Defensor del Pueblo de la Nación y del Defensor del Pueblo de la Provincia. El objetivo declarado es garantizar la legalidad, objetividad, transparencia, imparcialidad y razonabilidad del procedimiento administrativo.
La medida busca establecer un control externo sobre un proceso que, según la visión provincial, ha mostrado señales de opacidad. La licitación involucra corredores viales de alta importancia para la conectividad y la logística en la región.
El desarrollo pone en evidencia una tensión entre niveles de gobierno respecto a la gestión de infraestructura crítica. La respuesta del Ministerio de Economía de la Nación a esta solicitud de veeduría será clave para el desarrollo posterior del proceso licitatorio.
