Kicillof los obligará a declarar sueldos y horarios: el formulario que desvela a las empresas
El gobierno bonaerense creó un formulario mensual que obligará a los empleadores a declarar salarios y control de jornada. Las cámaras ya advierten que parte de esos datos ya se informan a ARCA y piden suspender la medida.
El sector empresario bonaerense está en alerta. Una resolución del Ministerio de Trabajo de la provincia, a cargo de Walter Correa, obligará a los empleadores a presentar todos los meses una declaración jurada con el detalle de los salarios pagados y los mecanismos de control de la jornada laboral. La norma, identificada como resolución 260/2026, creó el Formulario Único de Trabajo y Unificación de Recursos Operativos (F.U.T.U.R.O.), que será optativo para el período de diciembre y obligatorio desde enero de 2027. Como se presenta a mes vencido, la primera declaración obligatoria deberá enviarse hasta el último día hábil de febrero.
La medida generó un fuerte rechazo en las cámaras empresarias. La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Sociedad Rural Argentina (SRA) y otras cinco entidades bonaerenses cuestionaron la iniciativa y advirtieron que el trámite agregará costos, especialmente para las pymes, y que parte de la información ya se declara ante organismos nacionales.
En un comunicado del 20 de noviembre titulado “Preocupación ante nuevas trabas burocráticas laborales en la provincia de Buenos Aires”, la CAC –que preside Natalio Mario Grinman– pidió que se suspenda la obligatoriedad del formulario. La entidad sostuvo que las nuevas exigencias “duplican información ya registrada ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), incrementan los costos operativos y generan nuevas contingencias sancionatorias para los empleadores”. También alertó que este tipo de requisitos perjudica la competitividad, desalienta la inversión y dificulta la contratación formal. No obstante, reconoció las facultades de inspección de la provincia y planteó que deben ejercerse en armonía con la legislación nacional.
La Sociedad Rural también reclama revisar la medida
La Sociedad Rural Argentina, que preside Nicolás Pino, manifestó su “preocupación y rechazo” a las nuevas exigencias mediante un comunicado en redes sociales. La entidad pidió que se revise la medida: “Resulta fuera de lugar que, en un contexto en el que se necesita promover la producción, la inversión y la generación de empleo, se incorporen nuevos requerimientos de información y documentación que demandan tiempo, recursos y mayores costos a las empresas, especialmente a las Pymes”.
Junto a la SRA, otras cinco entidades expresaron su preocupación en un planteo conjunto: la Asociación de Industriales de la Provincia de Buenos Aires, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa, la Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires, la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires y la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires. En una carta enviada a Correa, señalaron que “el cumplimiento de estos requerimientos supone una nueva carga administrativa recurrente que demandará tiempo, personal y recursos económicos para su procesamiento, recopilación y presentación”.
Las cinco entidades identificaron dos vías por las que el Estado ya recibe parte de la información: el Libro de Sueldos Digital de ARCA y el formulario 931, la declaración jurada de la seguridad social. Pidieron una mesa de trabajo con el Ministerio y propusieron evaluar cómo conectar los sistemas para que la provincia pueda utilizar datos que ya están en poder del Estado. Su reclamo apunta al trabajo mensual de reunir y enviar documentación, aun cuando el formulario provincial sea gratuito.
El cruce con la reforma laboral nacional
El punto que invoca la CAC es el artículo 20 de la Ley de Modernización Laboral (27.802), que modificó el artículo 52 de la Ley de Contrato de Trabajo. La reforma dispuso que los empleadores registren a sus trabajadores ante ARCA. “Esta registración será suficiente a todos los efectos, sin que puedan exigirse requisitos adicionales por parte de ninguna otra autoridad”, dice el nuevo texto. El decreto reglamentario 407/2026 precisó que la obligación se cumple mediante las altas y bajas en los sistemas de ARCA.
Andrés Tellado Cañás, socio de la práctica de Derecho Laboral y Tributación de Nómina de KPMG Argentina, explicó que la reforma eliminó la obligación de llevar el Libro de Sueldos y Jornales que preveía el anterior artículo 52. A partir de ese cambio, tanto la Ciudad como la provincia de Buenos Aires dejaron sin efecto la rúbrica de ese libro. Según el especialista, la declaración jurada bonaerense tiene un alcance más amplio que la antigua rúbrica porque exige remitir periódicamente documentación sobre salarios, pagos y jornadas.
“El F.U.T.U.R.O. confirma que la eliminación del Libro de Sueldos por la Ley de Modernización Laboral no supuso el fin de los controles provinciales: las jurisdicciones mantienen su poder de policía y comienzan a ejercerlo con herramientas digitales que implican, en la práctica, una fiscalización mensual y remota de la nómina y de la jornada”, comentó Tellado Cañás.
Correa presentó el formulario como una respuesta directa a ese artículo de la reforma nacional: “No vamos a permitir que una reforma nacional avance sobre competencias que la Constitución le reconoce a Buenos Aires”. El ministro invocó el artículo 39 de la Constitución bonaerense y la ley provincial 10.149, que faculta a los inspectores a ingresar en los lugares de trabajo, pedir información y exigir la exhibición de documentación. Con el nuevo sistema, la cartera busca contar con esos datos antes de las visitas y detectar, entre otras irregularidades, pagos parciales o fuera de término y faltas en los descansos mínimos.
¿Qué deben presentar los empleadores?
El trámite alcanza a los empleadores con domicilio legal o fiscal, establecimientos o personal en relación de dependencia en la provincia. Se hará en el Portal de Trabajo, con firma digital y sin tasa. Los datos identificatorios del empleador se cargarán automáticamente desde su legajo. Cada mes habrá que declarar el período liquidado, el monto total de los salarios pagados, desglosado en conceptos remunerativos, no remunerativos y netos, y el método utilizado para controlar la jornada.
Los empleadores deberán reunir todos los recibos del personal alcanzado en un PDF y los comprobantes de acreditación bancaria en otro. El anexo incluye a quienes trabajan en establecimientos bonaerenses de manera habitual, eventual o extraordinaria. Si hay acuerdos sobre jornada, compensación de horas extras, bancos de horas o descansos compensatorios, habrá que adjuntarlos en un tercer archivo, en la declaración correspondiente al mes siguiente a la firma, e indicar su vigencia.
Ese último requisito también se vincula con la reforma nacional. La ley permite que el empleador y el trabajador acuerden por escrito un régimen voluntario para compensar horas extras, por ejemplo, mediante un banco de horas que permita tomar más adelante el tiempo acumulado. El acuerdo debe fijar los límites y el mecanismo para que ambas partes puedan registrar las horas trabajadas y las disponibles para compensar.
El sistema admitirá las declaraciones fuera de término y las marcará automáticamente. El atraso, la falta de presentación o la falsedad de los datos pueden dar lugar a sanciones. Las empresas deberán guardar la declaración, el acuse de recibo y la documentación de respaldo durante al menos dos años desde que puedan reclamarse los créditos laborales correspondientes. El Ministerio conservará la facultad de hacer inspecciones en los establecimientos y enviar intimaciones al domicilio electrónico.
El Consejo Profesional de Ciencias Económicas bonaerense llevó al Ministerio las consultas de los contadores sobre la puesta en marcha del formulario. El 18 de noviembre, ambas partes acordaron formar una mesa de trabajo para tratar las dificultades de implementación. En una charla posterior con más de 70 profesionales, la presidenta del Consejo, Lucía Barcia, dijo que el objetivo es que la tarea “sea lo más accesible y simple posible, para poder cumplir”.
Con la colaboración de Fernando Bertello
Más burocracia y controles: un nuevo retroceso para quienes producen y generan empleo La Sociedad Rural Argentina manifiesta su preocupación y rechazo a las nuevas exigencias establecidas por el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires a través de la Resolución 260/2026, que incorpora la obligación de presentar mensualmente información laboral mediante el sistema F.U.T.U.R.O., a partir de enero de 2027. La normativa establece la presentación de una declaración jurada que incluirá información salarial y de jornada laboral, recibos de haberes y comprobantes bancarios de acreditación de salarios, entre otra documentación respaldatoria. Ver comunicado completo https://t.co/jvrkpH8ThO
— Sociedad Rural Argentina (@SociedadRural) November 20, 2026