La abogada de las víctimas de Galán advierte por "chicanas procesales" antes de una definición clave

La Cámara de Apelaciones de Catamarca definirá este martes si acepta el pedido de caducidad de la investigación presentado por la defensa del diputado provincial Javier Galán, denunciado por presuntos delitos contra la integridad sexual. La querella, que representa a tres denunciantes, asegura que hay material probatorio suficiente para avanzar y cuestiona las presentaciones de los abogados del legislador.

En diálogo con El Ágora, la abogada Silvia Barrientos explicó que durante la última semana la defensa presentó tres recursos de apelación: dos vinculados con el pedido de caducidad y uno que cuestiona la producción de determinadas pruebas. La defensa sostiene que se habría superado el plazo de 60 días previsto para la investigación jurisdiccional, pero Barrientos rechazó ese argumento y afirmó que el expediente no permaneció inactivo.

“La caducidad se ha creado justamente para la inacción judicial”, señaló la letrada, quien remarcó que el proceso continuó con distintas medidas y presentaciones. En ese sentido, cuestionó que el paso del tiempo pueda ser utilizado para solicitar el cierre de la investigación.

“Chicanas procesales”

Barrientos consideró que algunos de los planteos de la defensa funcionan como mecanismos de dilación. “Lo que está existiendo hasta este momento son chicanas procesales para evitar o para dilatar un proceso y prolongarlo mucho más”, afirmó. Según la abogada, la investigación lleva varios meses sin poder avanzar hacia la instancia que permita definir el desafuero del legislador.

La Cámara deberá resolver ahora si acepta el planteo de caducidad. Si lo rechaza, la investigación jurisdiccional continuará y el juez de Garantías podrá avanzar hacia una definición sobre el mérito necesario para solicitar el desafuero.

“Las pruebas existen y existen en demasía”

Durante la entrevista, Barrientos defendió el material probatorio incorporado por la querella y destacó la participación de las denunciantes en las distintas medidas realizadas. “Nosotros estamos tranquilos, al menos en esta parte querellante, en que las pruebas existen y existen en demasía”, sostuvo.

La letrada explicó que una de las denunciantes presentó más de 40 fojas con conversaciones, mensajes y otros elementos que fueron incorporados a la investigación. También destacó que las denunciantes se presentaron a las distintas pericias y medidas requeridas durante el proceso.

Uno de los puntos que generó mayor cuestionamiento fueron los pedidos de la defensa vinculados con información personal de una de las denunciantes, entre ellos el secuestro de su teléfono y el acceso a historias clínicas. Barrientos calificó esos planteos como una forma de revictimización y sostuvo que se busca profundizar sobre antecedentes personales que, según su postura, no deberían utilizarse para desviar el eje de la investigación.

“Es una revictimización”, afirmó la abogada. La letrada sostuvo que la denunciante ya atravesó pericias psicológicas y psiquiátricas y que esas evaluaciones permitieron diferenciar los padecimientos vinculados con hechos anteriores de aquellos relacionados con la denuncia que se investiga. Barrientos también cuestionó que se soliciten medidas sobre las denunciantes mientras, según afirmó, Galán no habría sido sometido a determinadas medidas de similar naturaleza. “A él no se le tocó una pestaña”, expresó.

La “asimetría de poder”

Otro de los ejes de la entrevista fue la situación procesal del diputado y el efecto que tienen sus fueros en el avance de la investigación. Barrientos habló de una “asimetría de poder” entre las personas que denunciaron y el legislador, debido a que para avanzar con una investigación penal sobre Galán primero debe atravesarse la instancia jurisdiccional correspondiente y definirse el desafuero.

“Esa es la asimetría. La asimetría de poder”, sostuvo. La abogada explicó que el objetivo de esta etapa no es determinar todavía la responsabilidad penal del legislador, sino establecer si existen elementos suficientes para habilitar una investigación penal en su contra. En ese sentido, remarcó que la investigación jurisdiccional debe reunir los elementos necesarios para determinar si corresponde solicitar el desafuero.

Qué puede pasar después de la decisión

La resolución de la Cámara de Apelaciones será clave para determinar el próximo paso del expediente. Si el tribunal rechaza el planteo de caducidad, la investigación continuará y quedará abierta la posibilidad de que avance el trámite relacionado con el desafuero del diputado. En cambio, si la Cámara hace lugar al planteo de la defensa, podría modificarse el rumbo de la investigación y quedar afectada la continuidad de la instancia jurisdiccional.

Mientras espera la decisión, Barrientos aseguró que mantiene su confianza en el sistema judicial, pese a los cuestionamientos que formuló durante la entrevista. “Yo creo que tenemos que seguir confiando en la Justicia”, afirmó.