Una reunión, una promesa de acompañamiento y una familia que sigue reclamando justicia: el encuentro entre la abuela de Thiago y un ministro provincial dejó declaraciones que no resuelven el fondo del caso.
El Gobierno de Salta se comprometió a acompañar a la familia de Thiago Altamirano tras un encuentro entre la abuela del niño y el ministro de Gobierno y Justicia, Ignacio Jarsón. El funcionario lo comunicó él mismo a través de sus redes sociales, donde contó que escuchó a la mujer y se interiorizó sobre la situación que atraviesa el grupo familiar.
"Hoy me reuní con la abuela de Thiago Altamirano. Pude escucharla y conocer un poco más de cerca lo que está atravesando su familia", escribió Jarsón en su publicación.
El acompañamiento que ofreció el Estado provincial
En el mensaje, el ministro puso el acento en la presencia y la escucha como la respuesta que puede dar el Estado provincial ante un caso de estas características.
"No hay palabras que puedan resolver una situación así. Pero sí podemos estar, escuchar y acompañar", expresó.
Jarsón extendió ese compromiso a todo el equipo del Gobierno salteño y aseguró que la familia podrá contar con respaldo para gestionar la asistencia que necesite.
"Quiero que sepan que cuentan conmigo y con todo el equipo del Gobierno de la Provincia para hacer todo lo que esté a nuestro alcance y brindarles la ayuda que necesiten", publicó el funcionario.
Qué pasó con Thiago y en qué punto está la causa
Thiago Altamirano tenía 2 años y murió el 22 de junio en Salta. Su madre lo llevó al hospital Papa Francisco y, por la gravedad de su cuadro, fue derivado en código rojo al hospital Materno Infantil, donde llegó sin signos vitales.
La primera explicación, una caída de la cama, quedó bajo investigación después de que los profesionales detectaran lesiones que derivaron en la intervención judicial.
La causa está en manos del fiscal Daniel Espilocón, de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas. De acuerdo con la hipótesis fiscal, la pareja de la madre habría provocado la muerte mediante maniobras de asfixia y sofocación, mientras que a la mujer se le atribuye una presunta conducta omisiva.
Ella está imputada provisionalmente por homicidio agravado por el vínculo y el hombre por homicidio agravado por alevosía. Las responsabilidades deberán determinarse durante el proceso.
La apelación de la Fiscalía y el reclamo de la familia paterna
La última novedad judicial verificada es la apelación que presentó la Fiscalía contra la resolución del 22 de octubre. En esa decisión, el juez Antonio Pastrana concedió prisión domiciliaria a la madre y dispuso 30 días de prisión preventiva para su pareja.
Espilocón cuestionó los fundamentos de ambas medidas y pidió que los dos imputados permanezcan en prisión preventiva durante cuatro meses. Entre sus argumentos mencionó los resultados de la autopsia y mensajes que, según la acusación, indicarían que la madre conocía un episodio previo de violencia contra el niño.
El otorgamiento de la domiciliaria generó el rechazo de la familia paterna. Marta Salazar, abuela de Thiago, volvió a reclamar justicia y pidió que se revise la medida, en el marco de movilizaciones que se realizaron por el caso.
