La advertencia que les llegará a los chicos de San Juan: lo que antes era "cosa de chicos" ahora puede terminar ante un juez
Un funcionario del Ejecutivo sanjuanino advirtió qué pasaría si los chicos no se enteran de lo que ahora castiga la ley penal juvenil. La campaña está casi lista y apunta a una franja precisa: los adolescentes de 14 a 16 años.
El Gobierno de San Juan ultima una campaña de comunicación masiva destinada a los adolescentes de toda la provincia. El objetivo: que los chicos sepan que, con la nueva Ley Penal Juvenil, varias conductas que hasta hace poco se tomaban como "cosas de chicos" ahora pueden encuadrar en un delito y llevarlos ante un juez.
La preocupación en Casa de Gobierno es concreta. Si los jóvenes no toman dimensión de lo que implica el nuevo régimen, los espacios de detención previstos para aplicar la norma y los tribunales podrían saturarse de menores.
"Si ellos no saben que ahora hay conductas que la ley penal sí castiga, tenemos el riesgo de muchos chicos demorados o detenidos transitoriamente y un aumento importante de causas", advirtió un funcionario que trabaja en el tema.
Según adelantaron fuentes oficiales, el diseño de la campaña está en su etapa final y la intención es lanzarla cuanto antes.
Avisos en la calle, en los medios y charlas en las escuelas
Los mensajes tendrán fuerte presencia en la vía pública y en los medios de comunicación y redes. A eso se suma la posibilidad de coordinar con el Ministerio de Educación para llevar charlas a los establecimientos educativos, de modo que los alumnos conozcan el alcance de la ley en su propio ámbito.
Por esa vía se podría llegar a la mayoría de los menores de 18 años, con especial foco en la franja de 14 a 16 años, que es la que ahora quedó comprendida como imputable.
Las charlas no se limitarían a las escuelas. En el Gobierno de Marcelo Orrego adelantaron que invitarán a sumarse a entidades intermedias, profesionales y deportivas para ampliar los canales de concientización.
Las situaciones cotidianas que ahora pueden ser delito
Hay prácticas habituales en la vida escolar y en la calle que muchos adolescentes naturalizan, pero que bajo el nuevo régimen juvenil incluido en el Código Penal podrían configurar un delito.
Un tocamiento de partes íntimas sin consentimiento presentado como una broma puede encuadrar en abuso sexual. Difundir fotos íntimas y extorsionar con ellas también es un delito imputable a menores. Jugar con bics o compases y terminar lastimando a un compañero puede constituir lesiones. Romper un vidrio de un piedrazo es daño. Y las peleas callejeras, que se dan tanto entre varones como entre chicas, pueden derivar en lesiones leves o graves o en una riña.
Cada caso dependerá de las circunstancias, de la intención y de la gravedad, y la figura definitiva la determina la Justicia.
Esos ejemplos podrían derivar en procesos penales con consecuencias para los menores: primero, prisión preventiva en los casos graves, según entienda cada juez; después, sanciones y medidas complementarias que condicionarían el futuro de los chicos tras un juicio que eventualmente los declare culpables.
Qué cambia con la ley
La norma nacional alcanza a los adolescentes de 14 a 17 años. Antes, un menor de 16 no era punible y los de 16 y 17 solo podían ser castigados por delitos con penas superiores a los dos años. Con el nuevo régimen también pueden ser imputados y sancionados por delitos con penas más bajas, como lesiones leves, daños o riñas.
Eso no significa cárcel: si la pena prevista llega hasta los tres años de prisión, no puede aplicarse prisión efectiva. Pero sí puede haber una causa penal, con sanciones alternativas como trabajos comunitarios, programas educativos, prohibición de contacto con la víctima o monitoreo electrónico. Los menores de 14 años siguen sin ser punibles.
El antecedente de Corrientes y otras jurisdicciones
San Juan no es la única provincia que apuesta a la prevención. En Corrientes, según informó Diario Judicial, el Superior Tribunal de Justicia aprobó mediante el Acuerdo 28/26 un proyecto de capacitación y sensibilización sobre el sistema penal juvenil que se aplica desde septiembre en escuelas e instituciones interesadas. La iniciativa surgió de una presentación de la coordinadora del programa "Justicia y Sociedad Civil" del máximo tribunal provincial.
Los encuentros están a cargo de especialistas designados como replicadores y buscan abrir espacios de información y diálogo sobre la ley nacional 27.801 y la ley provincial 6.736. El proyecto no modifica el procedimiento judicial ni crea organismos nuevos: es una línea de trabajo dirigida a la comunidad, en especial a las escuelas e instituciones que soliciten o habiliten los encuentros.
Corrientes atraviesa además una transición parecida a la de San Juan. En agosto, su Superior Tribunal aprobó un régimen transitorio para aplicar ambas leyes desde el 1° de septiembre, mientras se cubren de manera progresiva los cargos y las estructuras definitivas.
Otras jurisdicciones avanzan en la misma línea. En Misiones, profesionales de la Policía y del Ministerio de Educación dieron una charla a padres, directivos y docentes de una escuela técnica para explicar los principales aspectos del nuevo régimen. Y en el Congreso nacional hay un proyecto que propone un régimen complementario de formación y concientización de adolescentes sobre la ley, con eje en el sistema educativo.
Con la campaña, la intención es acercar sin escalas los nuevos preceptos del régimen juvenil a los chicos. "Que sepan que ahora pueden tener consecuencias", aseguró el funcionario.
San Juan se prepara para aplicar la ley
Mientras tanto, la provincia termina de armar el esquema para poner en marcha el régimen. El gobernador Marcelo Orrego tiene en sus manos el proyecto de Código de Procedimiento Penal Juvenil y lo revisará antes de enviarlo a Diputados.
Ya hay dos supervisoras designadas de forma transitoria, Cristina Casivar y Libia Garramuño, que acompañarán a los adolescentes y harán un seguimiento semanal. Se plantea además crear nueve cargos de magistrados y funcionarios para poner en funcionamiento el régimen, y ya se definieron los lugares donde podrían alojarse los adolescentes con medidas privativas de la libertad.
En la provincia hay actualmente dos adolescentes que serán juzgados bajo este régimen por homicidios ocurridos en septiembre.