La advertencia que nadie escuchó: Villegas vuelve a la carga contra la intervención del puerto de Ushuaia

El legislador provincial Pablo Villegas redobló su embestida contra la intervención del puerto de Ushuaia, ahora por el sumario abierto a empresas de catamaranes. La medida reaviva una disputa que él considera una 'arbitrariedad manifiesta' y que podría terminar en la Corte.

La decisión de iniciar un sumario sobre las empresas de catamaranes y las actuaciones de la Dirección Provincial de Puertos encendió las alarmas en Tierra del Fuego. Villegas, uno de los críticos más duros de la intervención, sostiene que estos nuevos procedimientos profundizan un conflicto que va más allá de la administración portuaria.

¿Qué dijo Villegas?

En declaraciones contundentes, el legislador afirmó: “Estamos en presencia de funcionarios que están actuando, a mi modo de ver, en un marco legal absolutamente objetable en términos jurídicos, constitucionales y de la organización del Gobierno Federal. Desde el primer día vengo diciendo que es una arbitrariedad muy manifiesta esa intervención del puerto de Ushuaia”.

Villegas admitió que desconoce los términos de los acuerdos entre las empresas de catamaranes y la Dirección Provincial de Puertos, pero advirtió que el sumario podría ser la punta de un iceberg. “Habrá que determinar qué obligaciones existían y cuál es el objetivo concreto del sumario”, señaló, vinculando este nuevo episodio con la falta de oposición inicial a la intervención.

Un llamado a la unidad fueguina

El legislador también apuntó contra quienes minimizaron la disputa por la administración portuaria. “Hubo gente que ha dicho que no nos interesa quién administra el puerto. También estas situaciones les tienen que resultar, con mucho respeto, como una especie de escarmiento de que hay que defender lo nuestro entre todos”, expresó, remarcando que los fueguinos tienen el derecho de definir el marco de gestión de “uno de los activos más importantes” de la provincia.

La controversia no se limita al terreno político. Villegas confirmó que existen actuaciones ante la Corte Suprema y que esa vía demandará tiempo. Por eso, reclamó una respuesta política de alto nivel: “Hace falta un esfuerzo de la política y de los políticos en el más alto nivel institucional para enderezar y volver a restituir el estatus que teníamos antes de la intervención, tratando de corregir y hacernos cargo de las cosas que se venían haciendo mal, pero sin admitir una situación que representa un verdadero atropello a nuestra autonomía”.

El radar de Tolhuin, otro frente abierto

Mientras tanto, la comisión investigadora por la instalación del radar en Tolhuin sigue sumando pruebas. Villegas aseguró que la empresa Leolabs mantiene varios frentes judiciales y administrativos, y que la investigación ya detectó gestiones vinculadas al proyecto desde noviembre de 2021, antes de la constitución de Leolabs Argentina.

“Muchas conjeturas y muchos dichos que se efectuaban en 2023 van quedando sin fundamentos o sin respaldo en la documentación que nosotros vamos adquiriendo”, afirmó, dejando claro que el objetivo es reconstruir cómo se instaló el radar en “el corazón de la isla”.

Un dato llamativo: la Dirección Provincial de Energía retiró el medidor y dejó de prestar servicio eléctrico a las instalaciones. Sin embargo, el testimonio del exsenador Pablo Blanco reabrió las dudas sobre una posible operación con sistemas alternativos de alimentación. Por eso, la comisión pedirá formalmente la intervención de la CONAE para una inspección técnica en el lugar.

Villegas explicó que la idea es que especialistas nacionales acompañen a los legisladores y determinen el estado real del equipamiento. Si la CONAE no participa, la comisión podría pedir autorización al dueño de la estancia para ingresar, y si hay negativa, recurrir a la Justicia.

El legislador también se refirió a las posibles rutas marítimas de narcotráfico vinculadas con Ushuaia, y subrayó la necesidad de fortalecer la cooperación entre Nación y Provincia. Pidió inversiones en controles, equipamiento y capacitación, aunque aclaró que las investigaciones de tráfico a gran escala son competencia federal.

La continuidad de la investigación sobre Leolabs depende de una prórroga del mandato de la comisión, que vence a comienzos de septiembre. Villegas anticipó que buscará extender el plazo y avanzar con nuevos testimonios, mientras intenta acordar con otros bloques una fecha para retomar las sesiones legislativas antes de fin de mes.