La AFA denuncia penalmente al juez que frenó a Tapia en plena negociación por un gendarme
Mientras el Gobierno analiza acciones contra la AFA por los contactos con Venezuela, el abogado de la entidad lanzó una denuncia penal explosiva. ¿Qué hizo el juez que, según la acusación, puso en riesgo la liberación del gendarme?
La liberación del gendarme Nahuel Gallo tras 448 días detenido en Venezuela desató una tormenta política y judicial. Mientras el Gobierno evalúa acciones contra la AFA, el abogado de la entidad presentó una denuncia penal contra el magistrado que impidió el viaje de Claudio “Chiqui” Tapia, acusándolo de entorpecer las gestiones humanitarias.
Gregorio Dalbón, letrado de la Asociación del Fútbol Argentino, radicó la denuncia contra el juez federal Diego Amarante por los presuntos delitos de cohecho y abuso de autoridad. La presentación quedó registrada bajo el número CFP 801/2026 y fue sorteada al Juzgado Federal N° 12, a cargo de Julián Ercolini, con intervención del fiscal Eduardo Taiano.
¿Qué hizo el juez según la denuncia?
Dalbón sostiene que el magistrado adoptó medidas que bloquearon el viaje de Tapia cuando ya existían contactos avanzados para lograr la liberación de Gallo. En su relato, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, había condicionado la liberación del gendarme argentino “a la intervención personal de Claudio Tapia”.
El abogado afirmó que, a pesar de conocer estas gestiones, el juez Amarante impidió la salida del país del titular de la AFA. “Las negociaciones para la liberación estuvieron por caerse por culpa del Juez Diego Amarante que tuvo más ego que humanidad”, escribió Dalbón en su cuenta de X.
El argumento judicial que generó polémica
Según la denuncia, para justificar su resolución, el Juzgado Penal Económico N°5 invocó “la situación de inestabilidad política” de Venezuela y “denuncias de detenciones arbitrarias contra múltiples personas, entre ellas ciudadanos argentinos”. Además, agregó que las relaciones diplomáticas entre Argentina y Venezuela no garantizan que un requerimiento judicial sea atendido.
Dalbón cuestionó duramente esta postura, señalando que “el fiscal dictaminó a favor” pero el juez “lo ignoró”. “Eso no es jurisdicción, es decisión política”, aseguró, y afirmó que existen “elementos concretos que indican que el magistrado actuó a sabiendas de las gestiones humanitarias en curso”.
La respuesta del Gobierno y una posible escalada
En paralelo a esta denuncia, desde la Casa Rosada mantienen bajo análisis los pasos a seguir. Funcionarios confirmaron que estudian pedir explicaciones formales a la AFA para conocer el alcance total de los contactos con el gobierno venezolano.
Desde el Ejecutivo trascendió que no descartan una presentación judicial propia. Entre las hipótesis que evalúan se encuentran figuras como usurpación de funciones, espionaje ilegal o incluso traición a la Patria, aunque aclararon que aún no hay una decisión tomada sobre la carátula definitiva ni los tiempos.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ya había planteado que “los involucrados tendrán que explicar cuál es la relación con el régimen”. En sintonía, el presidente Javier Milei afirmó en LN+ que cada paso que da la conducción de la AFA “la ensucia más”, en referencia a la disputa abierta con Tapia.
La defensa de la AFA y el cruce con el Presidente
Frente a las críticas oficiales, Dalbón salió al cruce de las declaraciones de Milei. En otro mensaje en X, cuestionó que el Presidente intente “minimizar un hecho que lo deja incómodo”. Defendió la actuación de la AFA, argumentando que se actuó con “responsabilidad institucional” al aportar recursos propios para el regreso de un ciudadano argentino.
Negó categóricamente que hubiera existido erogación pública, privilegio indebido o interferencia diplomática en la gestión. Al conocerse la liberación de Gallo, el propio Claudio Tapia había publicado un mensaje que resonó fuerte en el ámbito político: “El fútbol nos une, trasciende fronteras y demuestra que siempre es posible construir puentes para el entendimiento y la cooperación”.
El caso, que comenzó como una gestión humanitaria para repatriar a un gendarme detenido, se transformó así en un nuevo y candente frente de batalla entre el Gobierno nacional y la conducción del fútbol argentino, con la Justicia federal como escenario principal.