La AFA en la mira de la Justicia: Tapia y sus colaboradores deberán declarar por una millonaria deuda con el fisco

Una causa judicial avanza contra la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino. Claudio “Chiqui” Tapia, Pablo Toviggino y otros dirigentes están citados a declarar esta semana por la presunta retención indebida de aportes que superan los $19.300 millones. La investigación, impulsada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca), podría tener graves consecuencias penales.

El juez Diego Amarante, del Juzgado Nacional en lo Penal Económico, iniciará las indagatorias este lunes. Los primeros en pasar por su despacho serán los funcionarios de la AFA Cristian Malaspina y Víctor Blanco. La ronda continuará el martes 11 de marzo con el tesorero Pablo Toviggino y culminará el jueves 12 con el presidente Claudio Tapia.

¿De qué se los acusa exactamente?

La denuncia fue presentada por Arca, que actúa como querellante. El organismo sostiene que la AFA retuvo tributos y aportes de la seguridad social sin ingresarlos al fisco dentro de los plazos legales. Según la investigación, se detectaron retenciones impositivas y aportes previsionales que no fueron depositados en el plazo de 30 días corridos posteriores a su vencimiento.

Los períodos bajo la lupa abarcan desde marzo de 2024 hasta septiembre de 2025. Incluyen retenciones de IVA, Ganancias y contribuciones previsionales que debieron ser transferidas al Estado.

El monto inicialmente denunciado era de $7.593.903.512,23. Sin embargo, la investigación descubrió otra suma que elevó el total investigado a más de $19.300 millones, tras sumar otros $11.759.643.331,62.

Arca argumenta que estas maniobras encuadran en el delito de omisión por parte de un agente de retención. “Los importes en cuestión no constituyen fondos propios del contribuyente, sino recursos ajenos que pertenecen al Estado desde el momento mismo de la retención”, fundamentó el organismo en su denuncia.

Las pruebas que complican a la dirigencia

Para fundamentar las indagatorias, el juez Amarante analizó un detallado informe técnico sobre el movimiento de fondos de la AFA. Este documento revela que en diciembre de 2024 la entidad registró acreditaciones por más de $45.072 millones.

Además, durante todo el año 2025 los ingresos de la asociación superaron los $453.449 millones. El informe también destaca que en ambos años se constituyeron varios plazos fijos, tanto en pesos como en dólares, con sumas significativas.

Entre las pruebas incorporadas al expediente figuran informes bancarios específicos. Estos documentos muestran las acreditaciones en las cuentas de la AFA y la constitución de esos depósitos a plazo, trazando el flujo del dinero.

Otro elemento clave fue la declaración de la contadora Mónica Bouvet, gerente de Administración y Control de la AFA. Bouvet explicó ante la Justicia que las tres autoridades principales de la entidad son el Presidente, el Secretario y el Tesorero, quienes son los responsables de firmar los estados contables.

La funcionaria detalló los procedimientos internos. Su área confecciona la declaración jurada a través del sistema SIRE. “Todos los vencimientos son informados vía mail y después le mando un cuadro con la deuda acumulada, cuando lo solicita o como recordatorio, y él me transmite la instrucción de pagar”, declaró, refiriéndose a las instrucciones de pago que recibía.

La defensa y el riesgo penal

Frente a las acusaciones, la defensa de Claudio Tapia ha salido a rechazar cualquier ilícito. Sus abogados sostienen que no hubo delito y que la deuda investigada fue cancelada. Con este argumento, solicitaron la nulidad del llamado a indagatoria.

Sin embargo, el juez Diego Amarante rechazó de plano este planteo y ratificó la citación para esta semana. La figura penal que se investiga prevé penas de dos a seis años de prisión.

La ley castiga al agente de retención que no deposite, total o parcialmente, dentro de los 30 días corridos del vencimiento, el tributo retenido o percibido. Esto aplica siempre que el monto no ingresado supere los $100.000 por mes, umbral que en este caso se habría superado ampliamente.

El desenlace de estas indagatorias marcará un antes y un después en la conducción del fútbol argentino, mientras la Justicia busca determinar responsabilidades en el manejo de fondos que, según la acusación, nunca debieron salir de las arcas del Estado.