La AGN no encontró $42.935 millones en un crédito del Banco Mundial para el Riachuelo: quién queda en la mira

La Comisión de Deuda Pública de la Auditoría General de la Nación (AGN) emitió una opinión adversa sobre los estados financieros del préstamo BIRF 9252 y detectó inversiones no registradas por $42.935 millones al cierre de 2025, equivalentes a unos 30 millones de dólares. La omisión, según el informe, derivó en una subvaluación del 66,57% de las inversiones del proyecto. En la mira quedaron el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente de AySA, Alejo Maxit.

El documento, al que accedió Ámbito en exclusiva, corresponde al “Segundo Financiamiento Adicional para el Proyecto de Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza-Riachuelo” y apunta a irregularidades graves en la aplicación del crédito del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) por parte del Ministerio de Economía. La falta de transparencia que surge de la auditoría, a priori, pondría en serio riesgo la inminente privatización de AySA, impulsada por el gobierno de Javier Milei.

Qué dice el informe sobre los fondos

El texto elaborado por la comisión que preside Javier Fernández precisa que “estos fondos fueron anticipados por la Tesorería General de la Nación (TGN) para que AySA pudiera efectuar los pagos correspondientes a las obras y otras erogaciones”. El convenio de préstamo establecía que el proyecto debía reembolsar esos fondos a la TGN con recursos del propio préstamo. Sin embargo, al cierre del ejercicio 2025 el reembolso seguía pendiente y las inversiones no habían sido incorporadas correctamente en los estados financieros.

El auditor señala que el programa ya está ejecutado en casi el 100% de los fondos externos, por lo que no habría forma de concretar ese pago. La falta de transparencia es uno de los puntos que sobresalen: los fondos a restituir excedían el saldo disponible en las cuentas del préstamo a la fecha de cierre del período auditado.

La conclusión del informe es contundente: “Los estados financieros auditados no presentan razonablemente la situación financiera del proyecto al 31 de diciembre de 2025. Por la significatividad de las situaciones detectadas, la opinión de los auditores sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio 2025 fue adversa”.

Un préstamo millonario con tres etapas

El BIRF 9252 integra un programa que se desarrolló en tres tramos: el financiamiento original de 2009 por u$s840 millones (BIRF 7706), el adicional de 2019 por u$s245 millones (BIRF 9008) y el segundo adicional de 2021 por u$s265 millones (BIRF 9252). En total, el Banco Mundial aportó u$s1.350 millones, la inyección de dinero más grande que la entidad realizó en América Latina y el Caribe.

Los fondos financiaron obras de infraestructura en el sistema Matanza-Riachuelo, con AySA como organismo subejecutor: el Colector Margen Izquierda, el desvío del colector Baja Costanera y obras complementarias (Lote 1); la planta de pretratamiento, la estación elevadora de entrada y la estación de bombeo de salida (Lote 2); y el Emisario Planta Riachuelo (Lote 3). Sobre un total de u$s1.280 millones presupuestados para estas obras, se ejecutaron u$s1.053 millones, un 82,27%.

Entre los objetivos del financiamiento figuran la mejora de la infraestructura para el saneamiento de aguas, la reducción de la contaminación industrial, la optimización de la gestión ambiental, la disminución del riesgo de inundaciones y el fortalecimiento de las instituciones responsables del proyecto.

Las consecuencias que se evalúan

Si el Banco Mundial abriera una investigación a partir del informe de la AGN, una de las consecuencias en el corto plazo sería la aplicación de sanciones y el congelamiento de fondos. Además, se vería afectada la reputación financiera y de transparencia que se le exige a una empresa como AySA, más aún en pleno proceso de privatización.

Según la información oficial de la propia AySA, el Sistema Riachuelo es una “mega obra de infraestructura que va a permitir solucionar integralmente la capacidad de transporte de los desagües cloacales en el área metropolitana, mejorando la calidad del servicio y evitando la contaminación del Riachuelo por efluentes cloacales”. La empresa sostiene que permitirá mejorar la prestación a más de 4,5 millones de personas e incorporar a 1,5 millones de habitantes a la red de cloacas.

La pelea política por la obra

El tema forma parte del cruce entre Malena Galmarini, presidenta de AySA durante el gobierno de Alberto Fernández, y el mileísmo. Galmarini afirmó públicamente que “el Sistema Riachuelo no fue terminado por esta gestión: fue finalizado durante el gobierno anterior. Lo que faltaba —y aún se está haciendo, tardíamente— era la etapa de puesta en marcha”.

El 25 de junio de 2025, el entonces vocero presidencial Manuel Adorni dijo en conferencia de prensa: “La obra del Sistema Riachuelo, una de las obras de saneamiento más importantes de la historia argentina, la terminó finalmente este Gobierno”. El ahora ex funcionario sostuvo que la gestión de Milei “cumple con la honorable Corte Suprema de Justicia de la Nación” y que el levantamiento de la supervisión judicial directa en octubre de 2024 fue una señal de reconocimiento.

Galmarini, actual senadora bonaerense, sostiene lo contrario: según su versión, el gobierno incumplió los pagos y retrasó la puesta en marcha hasta que recibió un ultimátum de la justicia federal. “El período de prueba debía concluir a mitad de 2024. Pero la actual gestión decidió no pagarle a la empresa constructora, incumpliendo con los compromisos contractuales. Esa deuda, generada por el propio Gobierno, es la causa real de la demora. Solo ahora, cuando la presión judicial por el incumplimiento de la Causa Mendoza se volvió ineludible, decidieron destrabar el proceso y avanzar con la puesta en marcha. No fue decisión política. Fue necesidad jurídica”, declaró.

La oferta que avanza sobre AySA

En paralelo, el consorcio integrado por Rowing SA, la brasileña Arcos Saneamento e Participações SA, Transclor SA y PHX AQUA AR B.V. presentó la mejor oferta en la licitación para adquirir el 90% de AySA. La propuesta contempla un plan de obras y compromisos de inversión para mejorar la calidad del servicio durante la concesión, mientras que los actuales accionistas asumirán las obligaciones financieras pendientes. El consorcio designó a Arcos Saneamento e Participações SA, del Grupo Equipav, como operador técnico, en un esquema que combina capitales argentinos y brasileños.

Con información de Ámbito.