La alarmante cifra de suicidios en Entre Ríos que duplica la media nacional

Entre Ríos registró en 2025 la tasa de suicidios más alta de todo el país, con 20,8 casos cada 100.000 habitantes. Esa cifra casi duplica el promedio nacional (11,8) y triplica la de Río Negro (6,5), la provincia con la marca más baja. En total, se contabilizaron 288 muertes por esta causa en el último año.

Los datos surgen de un informe elaborado por la Consultora EJE, que tomó como base las estadísticas del Observatorio de Política Criminal, dirigido por el doctor Ariel Larroude, y las puso en perspectiva provincial.

Un crecimiento sostenido que preocupa

La serie histórica 2017-2025 muestra un incremento del 81,1% en la cantidad de casos: se pasó de 159 a 288. El informe subraya que esta posición no es una fluctuación coyuntural sino una tendencia que se mantiene en el tiempo.

A nivel nacional, el suicidio se consolidó como la principal causa de muerte en jóvenes de 15 a 34 años, desplazando a los siniestros viales. La tasa actual de 11,8 supera incluso los registros de la crisis de 2001 (8,4) y de la última dictadura militar (6,8), lo que ubica al fenómeno en niveles inéditos para la Argentina contemporánea.

El concepto de "transmutación de la violencia letal"

El informe del Observatorio introduce una idea clave para interpretar lo que pasa: la "transmutación de la violencia letal". No se trata de una relación causal directa entre homicidio y suicidio, sino de un desplazamiento observable en la forma predominante de mortalidad violenta.

Mientras la tasa de homicidios dolosos bajó de 5,2 (2017) a 3,6 (2025), la de suicidios creció de 8,2 a 11,8 en el mismo período. Hoy, las muertes autoinfligidas cuadruplican a los homicidios.

Según el informe, esta lectura tiene una implicancia política concreta: los indicadores de éxito securitario que circulan en el debate público —como la baja de homicidios— capturan sólo una parte de la mortalidad evitable. "Una política de seguridad integral debería incorporar también la capacidad del Estado para reducir las muertes autoinfligidas, especialmente entre jóvenes", sostiene.

Una comparación que golpea

Para dimensionar la magnitud del problema en Entre Ríos, el informe propone una comparación potente: la tasa provincial de suicidios (20,8) casi iguala el pico histórico de homicidios de Rosario en su década más violenta (24 cada 100.000). Sin embargo, mientras la crisis rosarina motivó una movilización federal de recursos y cobertura mediática permanente, la situación entrerriana transcurre con muy baja visibilidad pública.

"Esta asimetría no es solo mediática. Se traduce en decisiones presupuestarias, en despliegue territorial de servicios de salud mental y en la centralidad —o marginalidad— del problema en la agenda de gobierno provincial", señala el trabajo.

El decreto de "urgencia" en salud mental

En agosto de 2026, el Gobierno de Entre Ríos dictó el decreto N° 2.130, que declaró la "Urgencia Sanitaria en Salud Mental" por el plazo de un año. La medida fue presentada como respuesta al deterioro de los indicadores locales, pero generó un fuerte cuestionamiento por parte de ATE Entre Ríos y la CTA Autónoma.

Los considerandos del decreto reconocen que la red pública cuenta con 85 efectores de primer nivel y 65 hospitales generales. Sin embargo, según el dictamen sindical, de esos 65 hospitales, solo 9 tienen servicios especializados en salud mental. Además, de los aproximadamente 150 psiquiatras matriculados en la provincia, apenas 39 trabajan en el sector público.

Las consecuencias se sienten en el interior: en departamentos como Colón, Concordia o Gualeguaychú, los usuarios esperan hasta seis meses para un turno con psicólogo o psiquiatra. Durante 2024, el hospital de San José llegó a funcionar sin profesional estable en esas especialidades.

El Ministerio de Salud provincial, por su parte, registró más de 840 intentos de suicidio, una cifra que muestra el volumen real de la demanda de atención en crisis.

Las críticas al decreto

Para los gremios, el decreto N° 2.130 es "un acto administrativo adjetivo, declarativo y de carácter simbólico" antes que una respuesta operativa. El análisis se estructura en cuatro ejes:

En lo jurídico, la norma declara una "urgencia" y no una "emergencia", lo que no habilita regímenes de excepción para contrataciones directas ni reestructuraciones presupuestarias. En lo presupuestario, no crea fondos específicos ni agiliza los circuitos administrativos habituales.

En lo discursivo, el decreto ancla sus fundamentos en informes de la OMS y la OPS, lo que para el dictamen "construye una narrativa donde el deterioro aparece como un fenómeno exógeno e inevitable", desplazando la responsabilidad política. Y en lo operativo, no establece metas cuantitativas concretas ni indicadores de control.

La conclusión del dictamen es contundente: el decreto "revela su fatuidad" y se limita a "recurrir a la 'urgencia' y a los informes internacionales de la OMS para construir una fachada de acción estatal mientras diluye la responsabilidad por los graves indicadores provinciales de salud mental".