La algodonera de Vicentin pidió el cierre de sus plantas: 243 empleados y una pérdida de $814 millones por mes
La sindicatura que administra la quiebra de la textil de los Vicentin puso la firma ante el juez: recomendó cerrar las tres plantas y desvincular a 243 empleados. El número que explica la decisión se cobra todos los meses y no para de crecer.
La Sindicatura de la quiebra de Algodonera Avellaneda SA presentó un informe ante la Justicia en el que recomendó cerrar sus tres plantas industriales y desvincular a 243 trabajadores. El argumento central: la producción ya no se sostiene económicamente y cada día que las máquinas siguen andando agranda el agujero de una empresa quebrada.
El planteo quedó en manos del juez Fabián Lorenzini, titular del Juzgado Civil y Comercial de la Segunda Nominación de Reconquista. Deberá decidir si autoriza que las operaciones continúen o si dispone el cese definitivo de las actividades.
Dónde están las plantas y a quiénes alcanza
La recomendación abarca tres establecimientos: la hilandería de Reconquista, en Santa Fe; y las desmotadoras de Bandera, en Santiago del Estero, y General Pinedo, en Chaco.
El impacto sobre el empleo está detallado en el documento: 204 trabajadores en Reconquista, 21 en Bandera y 18 en General Pinedo. La sindicatura pidió que, una vez terminados los trabajos en curso, se extingan los contratos por causa de la quiebra y que se arbitren los medios para que el personal acceda al seguro de desempleo y pueda reclamar sus créditos laborales.
Los números que no cierran
La empresa había sido declarada en quiebra el 14 de octubre pasado, después de que se cayeran las negociaciones con los acreedores y de que no aparecieran interesados en el salvataje. En ese momento, la Justicia habilitó una continuidad transitoria de las plantas para preservar los puestos de trabajo y facilitar la venta de los establecimientos en funcionamiento.
La sindicatura —integrada por María Nieves González Rueda, Daniel Piumetti y Manuel Prono— revisó los costos y cambió de postura. “El dictamen de esta Sindicatura es desfavorable a la continuación de la explotación en todas las unidades productivas de la fallida”, afirmaron en el escrito.
El caso de la hilandería de Reconquista es el más elocuente. Los ingresos mensuales rondan los $424,8 millones, mientras que los costos pueden trepar a $1239,5 millones. De ese total, unos $354,5 millones se van en salarios y cargas sociales, y entre $533 millones y $782,5 millones en electricidad. A eso hay que sumarle insumos, mantenimiento y otros servicios.
“Los fasones sólo cubren salarios”, advirtieron los síndicos. La energía es el problema mayor: su costo mensual supera incluso lo que la firma factura por los trabajos que realiza para terceros.
La deuda con la EPE y la negativa de los clientes
El cuadro se complica por lo que se debe a la Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe (EPE). El 20 de octubre, la distribuidora intimó a la compañía a pagar $4603,9 millones bajo apercibimiento de cortar el suministro. El saldo exigible informado al 9 de octubre, según el informe, superaba los $9281 millones.
Para intentar sostener la actividad, la sindicatura les propuso a las empresas que contratan los servicios industriales —Insumos XXI y Sir Cotton— aumentar las tarifas o hacerse cargo del costo eléctrico de sus encargos. Las dos alternativas fueron rechazadas.
“Cada día de continuación genera gastos del concurso que se pagan con preferencia y que, en definitiva, soporta la masa de acreedores, empezando por los propios trabajadores”, alertaron los responsables de la sindicatura.
El desmote, sin campaña hasta 2027
En Bandera y General Pinedo la situación tampoco da margen. La campaña de desmote terminó en octubre y la próxima recién arrancará con el ingreso del algodón de la cosecha 2027. Hasta entonces, las plantas no generan ingresos propios y sus gastos se cubrían con anticipos de Vicentin por trabajos futuros, un mecanismo que, a criterio de la sindicatura, acumula nuevas obligaciones que la empresa podría no estar en condiciones de afrontar.
Qué pasa con las instalaciones y la venta
El pedido no implica dejar las plantas a la deriva. El planteo contempla mantener una dotación mínima en cada establecimiento para vigilancia, mantenimiento, prevención de incendios y entrega de mercadería de terceros. La idea es conservar las instalaciones en condiciones hasta que se concrete su venta.
“El cese de la explotación no implica el abandono de las plantas”, aclararon los síndicos, que remarcaron el alto valor de la maquinaria y las instalaciones industriales.
Mientras tanto, la Justicia avanza con el proceso de venta de los activos. El objetivo es encontrar compradores para las unidades productivas y evitar que los inmuebles y los equipos terminen rematados por separado. La interrupción de las actividades, según la sindicatura, no cierra la puerta a vender las plantas como establecimientos completos, capaces de volver a producir bajo una nueva administración.