La Armada pagó sueldos que nadie esperaba: ahora la Justicia fue por las computadoras

La causa por el pago de sueldos indebidos por casi $1000 millones en la Armada Argentina sumó dos movimientos clave esta semana: las testimoniales de los militares que destaparon las maniobras y el secuestro de las computadoras donde se gestaron las acreditaciones.

La investigación que tiene en vilo a la cúpula naval avanzó con fuerza. Según fuentes judiciales, el Juzgado Criminal y Correccional Federal 2, a cargo de Sebastián Ramos, tomó declaración a los dos militares que integraron la comisión interna que detectó las irregularidades.

El primero en sentarse frente al juez fue Mauricio Fernando Borda, capitán de corbeta contador y jefe de la División Contabilidad Presupuestaria de la Jefatura Administrativa Financiera de la Armada. Se presentó el lunes 21 de septiembre. Borda formó parte de la comisión interdisciplinaria que la fuerza armó a fines de agosto para auditar las liquidaciones sospechosas, junto al capitán Carlos Alberto Castro Maggio —quien después hizo la denuncia penal—, la teniente Acuña —identificada solo por su apellido— y el teniente Jonathan Fernando Romano, jefe de la División Sistemas.

¿Cómo se destapó todo?

El expediente nació con la denuncia que el propio Castro Maggio presentó el 15 de septiembre. Allí detectó acreditaciones bancarias superiores a los haberes liquidados por un total de $981.148.567 entre julio de 2022 y enero de 2026. Los beneficiados: 23 personas, cuatro de ellas sin ningún vínculo laboral con la fuerza.

Tras la presentación, el ministro de Defensa, Carlos Presti, ordenó al jefe de la Armada, almirante Juan Carlos Romay, iniciar los consejos de disciplina para destituir al personal involucrado. La fuerza terminó desplazando a nueve efectivos: ocho capitanes de corbeta y un suboficial.

En su declaración, Castro Maggio fue contundente: “durante el período comprendido entre julio de 2022 y enero de 2026, se efectuaron 645 acreditaciones indebidas a favor de 23 personas, por importes superiores a los que les correspondían conforme a sus respectivas liquidaciones y/o sin respaldo en haberes legítimamente liquidados”. Las presuntas anomalías, dijo, alcanzan los $981.148.567,88.

La presentación identificó a los involucrados como “personal militar en actividad y retiro, personal civil de planta permanente y contratado, personal civil actualmente jubilado y cuatro personas que no poseen vinculación laboral ni funcional alguna con la Armada”.

Esos cuatro casos sin relación laboral son los que más ruido hicieron. María del Carmen Prieto recibió 46 acreditaciones por $152.259.495,86; Damián Andrés Santana, 47 por $99.496.225,47; Amalia Cristina Díaz, 46 por $91.978.048,38; y Natalia Carolina Yahia, 45 por $90.466.948,33. Prieto, la que mayor importe individual obtuvo entre los 23 identificados, es cónyuge del entonces Jefe del Departamento Revista, capitán de navío contador Ariel Baltasar Atanasoff.

El trabajo interno que lo cambió todo

Según el testimonio de Borda, la comisión revisó la información alojada en dos computadoras de la agente civil Vanesa Juárez. La extrajeron a un pendrive para preservar la cadena de custodia y compararon, sobre una base de unas 24.000 personas, los haberes liquidados, lo publicado en el sistema web y lo efectivamente acreditado por el Banco Nación. En apenas cuatro días de trabajo apareció, una y otra vez, el mismo grupo de 23 personas que hoy está bajo la lupa.

Después declaró Romano, el jefe de la División Sistemas que había quedado a cargo de resguardar los dos equipos informáticos que usaba Juárez para preparar y enviar al Banco Nación los archivos de pago. Ese resguardo terminó esta semana: la Justicia dispuso el secuestro formal de las computadoras, que hasta entonces estaban guardadas en una caja fuerte del edificio Libertad, sede de la Armada.

Lo que viene

Con las testimoniales incorporadas y los equipos secuestrados, el próximo paso es la pericia informática que pidió el fiscal Ramiro González. Buscarán determinar qué usuarios accedieron a esas computadoras, qué archivos se crearon o modificaron y en qué fechas y horarios se habrían producido las alteraciones que permitieron acreditar importes superiores a los liquidados.

También sigue pendiente la respuesta del Banco Nación al oficio librado para reconstruir el circuito de las 645 acreditaciones cuestionadas.