Ocupó una banca, la perdió por una condena y ahora la Cámara define su salida definitiva. Pero antes de irse, Janina Ortiz todavía espera cobrar los sueldos de los tres años que estuvo suspendida: la cifra que reclama supera los 150 millones.
La Cámara de Diputados de Mendoza vota este miércoles la expulsión de Janina Ortiz, una decisión que llega casi tres años después de que la legisladora fuera suspendida y que pondría punto final a su paso por la Legislatura.
Ortiz había llegado a una banca en diciembre de 2023, integrando la lista de La Unión Mendocina que encabezaron su esposo, Daniel Orozco, y Omar De Marchi. En marzo de 2024 quedó suspendida, en medio de dos causas judiciales en su contra.
Qué necesita la Cámara para excluirla
La remoción requiere el respaldo de dos tercios de los legisladores presentes. El oficialismo y sus aliados estarían en condiciones de alcanzar esa mayoría, y no se descarta que la votación sea unánime con el acompañamiento de la oposición.
El camino quedó allanado el lunes, cuando la Comisión de Derechos y Garantías, que preside el peronista Julio Villafañe, aprobó por unanimidad el dictamen de exclusión.
No se presentó a defenderse, pero reclama su sueldo
Ortiz había sido convocada para ejercer su defensa. A través de su abogado informó que no asistiría ni haría una exposición oral, aunque dejó en pie sus reclamos judiciales: cobrar los haberes de los tres años que duró la suspensión.
El contraste es fuerte. Después de haber aceptado una condena por el desvío de unos 300 millones de pesos —actualizados a valores actuales—, ahora pretende que el Estado le pague más de 150 millones.
Quién ocupará el lugar
Una vez votada la exclusión, prevista para el mediodía, la banca quedará vacante y se notificará a la Junta Electoral para que avance con el reemplazo. Según el orden de la lista, la sucesora es María Belén Castillo, del PRO. Las autoridades de la Cámara indicaron que juraría como diputada la próxima semana.
El esquema que terminó en condena
Ortiz forma parte de un grupo de siete funcionarios y allegados que armaron un entramado para transferir de manera ilícita unos 36 millones de pesos de la Municipalidad de Las Heras entre 2020 y 2023, suma que hoy equivaldría a unos 300 millones.
Por ese hecho, ella y el exintendente Daniel Orozco fueron condenados en un juicio abreviado por peculado a tres años de prisión en suspenso e inhabilitación para ejercer cargos públicos.
En el caso de Ortiz, el acuerdo con la fiscalía y el Gobierno —en rol de querellante— para evitar la cárcel incluyó además una condena por amenazas coactivas. Allí admitió que presionó a una empleada municipal para que mantuviera relaciones con un funcionario y lo grabara, bajo la advertencia de que, si no lo hacía, perdería su trabajo. Pese a la gravedad de ambos delitos, la exsecretaria de Gobierno de Las Heras no irá a prisión.
