La banca vacante que genera un terremoto político en la Legislatura mendocina

Una diputada suspendida por corrupción y la muerte de su reemplazo natural dejaron una silla vacía que hoy pone en jaque la representatividad de la Cámara. El bloque del PRO acaba de presentar un pedido urgente al presidente del cuerpo, Andrés Lombardi, para que defina de una vez la situación de Janina Ortiz, apartada desde marzo de 2024. La situación abre un debate profundo sobre la legitimidad de una Cámara que opera con bancas vacantes.

¿Quién pide definiciones y por qué ahora?

La solicitud fue ingresada este miércoles por María Belén Castillo, quien fuera candidata en los comicios de octubre de 2023. Castillo es, precisamente, la persona que ocuparía el lugar de Ortiz una vez que se resuelva su situación legal. En su escrito, advierte sobre una “situación de indefinición institucional” que deja a la Primera Sección Electoral sin representación efectiva en la Legislatura.

Janina Ortiz fue suspendida sin goce de dieta hace casi un año, tras ser imputada por causas de corrupción durante su gestión como secretaria de Gobierno en la Municipalidad de Las Heras, bajo la intendencia de Daniel Orozco. La sanción, sin un plazo definido, congeló su banca pero no activó un mecanismo claro de sustitución.

El giro trágico que complicó todo

El escenario se volvió aún más complejo en noviembre de 2025, con el fallecimiento de José Pedro Caviglia, el dirigente del Partido Libertario que seguía en la lista de suplentes y era el siguiente en línea para asumir. Este hecho convirtió una vacancia temporal en un problema institucional de mayor calado, dejando el distrito sin un reemplazo designado.

El documento presentado por Castillo es contundente: la “Cámara no puede sostener una situación prolongada en la que un distrito queda subrepresentado”. Aunque técnicamente el cuerpo mantiene el quórum para sesionar, el escrito cuestiona severamente “la legitimidad de una integración incompleta”.

Una crítica directa al funcionamiento legislativo

La petición del PRO no solo busca una solución, sino que también apunta contra el propio procedimiento de la Legislatura. Señala que el cuerpo actuó como juez al aplicar la sanción disciplinaria a Ortiz, pero falló al no prever ni resolver el mecanismo para su sustitución, generando esta “vacancia de hecho”.

La presión ahora recae sobre el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi, quien deberá expedirse sobre este pedido urgente. La resolución (o la falta de ella) sentará un precedente crucial sobre cómo se manejan las suspensiones de legisladores imputados y cómo se garantiza la representación política de los distritos en Mendoza.