La Banda del Millón, aislada: el drástico traslado que les cortó la comunicación con el exterior
Los cabecillas de “La Banda del Millón” fueron encerrados en un mismo pabellón de máxima seguridad. La medida drástica del Servicio Penitenciario les arrebató celulares e internet para evitar que sigan dirigiendo robos. ¿Logrará este operativo silenciar definitivamente a la peligrosa organización?
El Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) ejecutó una medida sin precedentes contra los integrantes de “La Banda del Millón”. Los principales cabecillas fueron concentrados en un mismo pabellón de máxima seguridad, donde se les prohibió terminantemente el acceso a celulares y cualquier dispositivo con internet. La decisión, impulsada por el fiscal Patricio Ferrari, busca cortar de raíz la capacidad de la organización para seguir coordinando violentos asaltos y homicidios desde dentro de la cárcel.
La medida se tomó este miércoles, tras el pedido formal del fiscal general adjunto de San Isidro. Ferrari exigió que los miembros de esta peligrosa banda no pudieran utilizar teléfonos ni aparatos electrónicos. El objetivo es claro: evitar que sigan orquestando delitos como el brutal asesinato de la anciana María Susana Rodríguez Iturriaga y el reciente robo a la abuela influencer Mónica Mancini.
¿Cómo operaba la banda desde la cárcel?
La organización, compuesta por unas 40 personas -incluyendo varios menores-, tenía su centro de operaciones tras las rejas. La mitad de los integrantes detenidos hacía inteligencia previa y, de manera escalofriante, dirigía robos en tiempo real mediante videollamadas, seleccionando principalmente a jubilados como víctimas.
Según informó el diario Clarín, el SPB, a través de la Dirección General de Asistencia y Tratamiento, trasladó a los cabecillas a la Unidad Penal N° 61 de Melchor Romero. Este establecimiento, que hasta fines de 2025 funcionó como alcaldía, ahora los alberga bajo un régimen estricto.
Entre los trasladados se encuentran los señalados líderes: Brandon Imanol Brites y los hermanos Elián Hugo Castillo San Martín y Hugo Isaías Castillo San Martín. La lista se completa con otros diecisiete nombres, incluyendo a Thiago Sandoval, Esteban Fernández y Sofía Gómez, quien fue alojada en el anexo de mujeres.
Ahora, todos comparten un pabellón bajo una vigilancia extrema. Su único medio de comunicación permitido es un teléfono fijo ubicado en un sector específico, y cada llamada saliente será identificada automáticamente como proveniente del establecimiento penitenciario.
Fuentes judiciales explicaron la importancia del operativo: “Esta medida constituye un avance concreto y eficaz en consonancia con los requerimientos impulsados por la Fiscalía, orientados a prevenir la reiteración de hechos de extrema gravedad y a desarticular toda posibilidad de coordinación criminal desde el ámbito penitenciario”.
Un cerco que se estrecha
La Fiscalía de Martínez mantiene reuniones constantes con el Ministerio de Seguridad bonaerense, a cargo de Javier Alonso, para reforzar los controles. El trabajo conjunto busca no solo vigilar a los trasladados, sino también determinar si desde otras unidades penales podrían generarse comunicaciones con fines delictivos.
El municipio de San Isidro se sumó a los esfuerzos, poniendo a disposición de la Justicia recursos tecnológicos y humanos para intentar prevenir nuevos delitos.
El pedido formal del fiscal Ferrari, presentado el pasado 12 de febrero, fue contundente. Solicitó la “prohibición absoluta de uso, tenencia, acceso directo o indirecto a teléfonos celulares o cualquier dispositivo con capacidad de comunicación electrónica y/o acceso a internet” para todos los integrantes de la banda.
Además, requirió la instalación de bloqueadores de señal, la realización de requisas diarias y la prohibición expresa de que terceros ingresen celulares a los detenidos. Este requerimiento fue elevado al ministro de Justicia bonaerense, Juan Martín Mena, y a los distintos tribunales y fiscalías de San Isidro.
Hasta el momento, la respuesta judicial ha sido parcial. Solo el Juzgado de Garantías N° 3 de San Isidro, a cargo de la jueza Andrea Rodríguez Mentasty, ordenó aplicar la medida estricta a cuatro detenidos, uno de ellos menor de edad.
Los Tribunales Orales en lo Criminal (TOC) N° 3 y 4, conocidos por haber llevado los juicios por la muerte de María Marta García Belsunce y Diego Maradona, respondieron informes a las unidades penales. Sin embargo, aún deben resolver definitivamente el requerimiento del fiscal Ferrari, quien sigue de cerca los casos de homicidio que están bajo la órbita de estos tribunales.