La banda del "Niño J" metía droga al penal escondida en papas y pan: Casación confirmó las condenas

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó los recursos presentados por la defensa y dejó firmes las condenas por narcotráfico que alcanzan a los integrantes de la banda del "Niño J" y a un guardiacárcel del Servicio Penitenciario Provincial (SPP) de Catamarca.

La investigación arrancó en 2021, con la intervención de la Fiscalía Federal, la Policía de la Provincia y Gendarmería Nacional. El juicio oral y público se desarrolló en 2025 ante el Tribunal Oral Federal (TOF) de Catamarca, que en fallo unánime condenó a los acusados por dos hechos bien delimitados. Este año, la instancia porteña de Comodoro Py terminó de cerrar el camino judicial.

Quiénes son los condenados y cuánto pesa cada pena

El TOF había condenado a Jacobo Eliseo Jiménez, alias "Niño J" (32), a 7 años de prisión. La misma pena recibieron su padre Mario Roque Jiménez, "Coqui" (62), Raúl Apud (49), Cristian Miqueas Barros (32), Kevin Emanuel Barros (28) y el guardiacárcel Lucas Brandán (34).

El taxista Ariel Magno Brandán, "Pipi" (50), fue sentenciado a 3 años y 6 meses. Dayana Giselle Sarmiento (32) había recibido 3 años de prisión efectiva, mientras que los otros dos guardiacárceles procesados, José Alberto Molina (44) y Jorge Raúl Valdez (50), fueron absueltos por el beneficio de la duda.

Qué resolvió Casación

Apud (defendido por Juan Pablo Morales), Lucas Brandán (Roberto Díaz y Sebastián Ibáñez), Ariel Brandán (Pedro Vélez) y "Coqui" Jiménez junto a Dayana Sarmiento, con defensor oficial, presentaron recursos de casación que llevaron el expediente a la Cámara Federal de Casación Penal de Comodoro Py.

Casi un año después, y por mayoría, los jueces rechazaron los planteos de los hombres y aceptaron parcialmente el de la mujer. La defensa de Sarmiento había sostenido que el TOF no consideró su situación de vulnerabilidad al momento de los hechos ni al ser juzgada, y que actuó bajo influencias o supuestas presiones de su pareja, Kevin Barros. Por eso pidió que la prisión no fuera de cumplimiento efectivo y que se le otorgara la condicional.

Los magistrados de Buenos Aires entendieron que el vínculo de pareja con uno de los condenados no alcanza por sí solo para modificar la ejecución de la pena, pero advirtieron que los jueces del TOF no fundamentaron debidamente por qué la sentenciaron a prisión efectiva sin evaluar otras alternativas. Así, confirmaron los 3 años de condena, anularon la modalidad de cumplimiento y ordenaron al TOF que dicte un nuevo pronunciamiento sobre ese punto.

Cómo operaba la banda dentro del penal de Miraflores

Los acusados fueron juzgados por dos hechos. En el primero, Apud y Lucas Brandán integraban una organización dedicada a la comercialización de drogas dentro del penal de Miraflores, a cargo del SPP. Cada miembro cumplía un rol preestablecido: se adquirían los estupefacientes, se preparaban y luego se trasladaban al interior del servicio penitenciario.

Apud y "Niño J" eran los encargados de esas tareas. El segundo introducía la droga al penal con la colaboración fundamental del personal penitenciario, entre ellos Lucas Francisco Brandán, que se desempeñaba como celador y recibía sumas de dinero como compensación. Otros guardiacárceles hicieron lo mismo, aunque no pudieron ser identificados. El objetivo final era vender la droga entre los internos y en distintos pabellones.

El segundo hecho consistió en la organización para transportar estupefacientes desde Tucumán. Para los jueces catamarqueños quedó probado que Kevin Barros estaba en pleno proceso de organización de la banda para concretar los traslados, y que "Coqui" Jiménez se encargaba de conseguir la droga y preparar los envoltorios para que fueran ingeridos y trasladados por "mulas" u otras modalidades.

Cristian Miqueas Barros y Dayana Sarmiento se ocupaban de concretar los envíos. En uno de esos viajes, a bordo de un taxi conducido por Magno Brandán, los tres fueron interceptados por la Policía en Catamarca. Miqueas y Dayana llevaban cápsulas en sus intestinos, un hallazgo clave para los investigadores.

El origen de la causa y los escondites insólitos

La investigación se puso en marcha cuando Apud, que acababa de recuperar la libertad tras purgar condena por narcotráfico, reinició su negocio dentro del penal. "Niño J" cumplía sentencia, pero al acceder al beneficio de salidas transitorias aprovechaba su reingreso para introducir la droga dentro de su cuerpo o en táperes que Apud había acondicionado previamente.

En otras oportunidades la ocultaban dentro de papas cocinadas o de trozos de pan. En todos los casos, la complicidad de los vigilantes resultó de vital importancia.

Casación confirmó las condenas que el TOF había emitido el 17 de octubre de 2025. Apud fue sentenciado a 7 años por "comercialización de estupefacientes doblemente agravado por la participación de tres o más personas en forma organizada y haber sido cometido en el interior del lugar de detención". Lucas Brandán recibió 7 años por "comercialización de estupefacientes triplemente agravado por la participación de tres o más personas en forma organizada, por haber sido cometido por un funcionario público encargado de la guarda de presos y por haber sido cometido en el interior de un lugar de detención".

"Niño J" fue condenado a 7 años por "transporte de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas en forma organizada", con declaración de reincidencia. Ariel Magno Brandán recibió 3 años de prisión efectiva como "partícipe secundario de transporte de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas en forma organizada", y Dayana Sarmiento 3 años como "partícipe secundaria" del mismo delito.

Otro golpe al penal: la requisa de esta semana

En paralelo a la confirmación de las condenas, esta semana se secuestraron 83 paquetes de marihuana y un teléfono celular durante una requisa en el pabellón 11 del SPP. Los elementos estaban ocultos en el cielorraso de una celda y un interno se atribuyó su pertenencia.

Tras el procedimiento se dio intervención a la Justicia Federal y se dispuso la participación de la Dirección Drogas Peligrosas para realizar una prueba de campo sobre la sustancia incautada y determinar si efectivamente se trata de estupefacientes.