La banda que vació los planes sociales de Neuquén ya no tiene a dónde escapar

El juez de Garantías Juan Pablo Encina rechazó el pedido de las defensas y ordenó avanzar con la audiencia de determinación de la pena para la banda que estafó a la Provincia de Neuquén con maniobras fraudulentas en el manejo de planes sociales. Ahora se sabrá cuántos años de prisión deberán purgar los ex funcionarios y sus socios, condenados por asociación ilícita.

La resolución del magistrado no dejó margen: no hizo lugar a las pretensiones de los abogados defensores, rechazó la suspensión de los plazos y otorgó 10 días para que las partes presenten sus pruebas de cara a la audiencia de cesura. La nueva calificación legal agrava el castigo y apunta a más años de cárcel.

Los nombres que complican al gobierno anterior

Los delitos se cometieron durante la gestión de Omar Gutiérrez, y varios de los condenados ocupaban cargos de conducción en su equipo. Abel Di Lucca era su ministro de Desarrollo Social y Ricardo Soiza se desempeñaba como director de Planes. Ambos están señalados como los cabecillas de la organización.

Junto a ellos fueron condenados el abogado Alfredo Andrés Cury, Tomás Siegenthaler, Néstor Pablo Sanz y Marcos Ariel Osuna. Sobre Sanz y Osuna pesa la versión de que disfrutaban contar billetes sucios delante de las personas humildes que esperaban una ayuda que nunca llegó.

El fallo que cambió todo

En agosto último, el tribunal de Impugnación resolvió que los condenados por el fraude también debían ser declarados culpables por asociación ilícita, lo que implica una pena más severa. Ese fallo fue el giro que esperaban la Fiscalía de Estado de Neuquén y el Ministerio Público Fiscal.

Frente a esa decisión, las defensas presentaron recursos ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y pidieron que otro tribunal de Impugnación revise el fallo. Además, solicitaron a un juez de Garantías que suspendiera la audiencia de cesura hasta que se resolvieran esos planteos.

El juez Encina fue claro: la instancia de impugnación debe realizarse después de la imposición de la pena, que es la segunda etapa del mismo juicio. De ese modo, todos los planteos pueden revisarse de manera integral.

La causa por la estafa con planes sociales dejó al descubierto un entramado que desvió y se quedó con dinero destinado a familias de bajos recursos, a las que jamás les llegó ni un peso. Ahora, la audiencia de determinación de la pena pondrá números concretos a la condena por asociación ilícita.

Para el Gobierno provincial, la situación judicial de estos ex funcionarios y sus socios es una muestra de que en Neuquén cambiaron los tiempos desde la asunción de Rolando Figueroa: rige la tolerancia cero y, desde diciembre de 2023, el que las hace las paga.