La caída que no se detiene: las provincias enfrentan un tercer mes de recortes en fondos nacionales

Las transferencias de recursos desde la Nación hacia las provincias registraron una nueva baja en marzo, marcando el tercer mes consecutivo de descensos. Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) revela el impacto real de esta contracción, que ya genera tensiones en las finanzas locales y comienza a manifestarse en conflictos laborales.

El documento detalló que los Recursos de Origen Nacional (RON) cayeron un 3,8% en términos reales a nivel general durante marzo. En el mismo sentido, la Coparticipación Federal de Impuestos exhibió una caída interanual del 7%.

El economista Hernán Letcher, director del CEPA, sostuvo que “al analizar la situación provincia por provincia, se observa un comportamiento homogéneo”. Todas las jurisdicciones registraron en marzo una caída real en las transferencias de Recursos de Origen Nacional, con la excepción de Salta, que mostró un crecimiento del 1,6%.

¿Cuáles fueron las provincias más afectadas?

Según el análisis, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (-6,7%), San Juan (-5,9%) y el conjunto de Córdoba, La Rioja y Mendoza (-5,6%) se destacaron como las más perjudicadas por la reducción de fondos. El trimestre enero-marzo de 2026 resultó “muy magro”, con un promedio de -6,1% en RON y -8,0% en Coparticipación.

Letcher alertó que la caída de la actividad económica incide directamente en una baja en la recaudación de impuestos, lo que se traduce en menores ingresos para las provincias. Esta situación ya está generando diferentes focos de conflictos gremiales que comienzan a aflorar en diversas jurisdicciones.

La doble contracción: recursos nacionales y provinciales

“Al analizar los ingresos provinciales, se observa que la caída de los Recursos de Origen Nacional fue agravada por una contracción propia de los Recursos de Origen Provincial (ROP)”, explicó el economista. Desde el inicio de la gestión de Milei, estos recursos han sufrido una caída real promedio del 7,3% (período diciembre/23 – diciembre/25) en comparación con el promedio de la etapa anterior.

Además, en enero de 2026 (último dato disponible), los ROP se redujeron un 3,5% en términos reales interanuales. Letcher concluyó que “en definitiva, la dinámica ha sido la siguiente: la caída del consumo se reflejó en la retracción de transferencias por Coparticipación y en caída de recaudación de impuestos propios de las provincias”.

Esta situación ha tensionado las relaciones laborales en el sector público y generado recortes en áreas sensibles como salud, educación, seguridad social, seguridad y justicia. “Se multiplicaron los conflictos”, afirmó el especialista.

Los adelantos como paliativo temporal

Para enfrentar el problema, el Estado nacional ha intervenido proponiendo adelantos de coparticipación. Sin embargo, Letcher advirtió que estas medidas “implican menores ingresos futuros y consolidan la caída de la actividad”.

“La necesidad de recursos debilita, aún más, el poder de negociación de las provincias”, señaló el economista. “De ahora en más, el gobierno nacional sólo ofrecerá mantener el esquema de adelantos”.

En materia de transferencias no automáticas —Adelantos del Tesoro Nacional (ATN)—, no todas las provincias fueron favorecidas. En el acumulado del primer trimestre de 2026, doce provincias recibieron ATN por un total de $73 mil millones.

Distribución de los adelantos

Corrientes concentró el mayor volumen con más de $14.000 millones, seguida por Misiones ($9.500 millones), Salta ($7.500 millones), Mendoza ($7.000 millones), Chubut ($6.500 millones), Entre Ríos ($6.000 millones), Chaco ($4.000 millones), Neuquén ($4.000 millones), Jujuy ($4.000 millones), San Juan ($4.000 millones), Santa Cruz ($4.000 millones) y Catamarca ($2.500 millones).

El informe destacó que “en 2025, en ninguna provincia los ATN representaron más del 2% del total de sus recursos”, lo que muestra la limitada incidencia de estos mecanismos en el financiamiento general.

Conflictividad laboral en aumento

Letcher alertó que las provincias tienen cada vez menos recursos y que esta situación ya se refleja en el aumento de la conflictividad laboral. “Para comprender en qué afecta la caída de la recaudación nacional es necesario examinar la estructura del gasto de las principales jurisdicciones”, explicó.

El gasto provincial se caracteriza por concentrarse en servicios sociales que incluyen jubilaciones y salarios de docentes, personal de salud y fuerzas de seguridad. Estos rubros representan, en promedio, entre el 70% y 80% del total erogado.

“La conflictividad laboral es un indicador central para el análisis de la evolución de la recaudación a nivel nacional”, afirmó Letcher. Desde inicios de 2026 se registraron, al menos, 92 conflictos laborales de trabajadores estatales en todo el país.

Un panorama complejo que se extiende

De esos conflictos, “el 80,4% siguen activos y no logran solucionarse con las ofertas de paritarias de los gobiernos provinciales”, mientras que el 19,6% se resolvieron momentáneamente hasta la próxima negociación paritaria.

Letcher puntualizó que “la conflictividad de los trabajadores estatales no solo atraviesa todo el país y a la mayoría de los sectores de la administración pública, sino que además se presenta como un fenómeno que tiende a repetirse”.

En un contexto de aceleración inflacionaria y de pérdida acumulada del poder adquisitivo, “los pocos conflictos que han sido resueltos en este período podrían reabrirse en el corto plazo”, advirtió el economista.

En respuesta a esta situación, el Gobierno nacional anunció que oficializará por decreto un régimen de adelantos de fondos coparticipables para 12 provincias, con un tope de $400.000 millones, sujeto a devolución a lo largo del año con una tasa del 15%.