La Caja Previsional Policial pidió emergencia: lo que planean tocar de los haberes

El Directorio de la Caja Previsional Policial y Penitenciaria envió a la Legislatura un proyecto para declarar la emergencia económica y financiera por dos años, prorrogables por otros dos. La iniciativa reconoce un desequilibrio estructural, deudas acumuladas y problemas de liquidez, y propone modificar beneficios, generar nuevos recursos y regularizar obligaciones pendientes en hasta 36 meses.

Uno de los puntos más críticos es el régimen compensatorio de los policías del ex Territorio. Según el proyecto, cuenta con apenas dos aportantes activos frente a 541 beneficiarios. El desequilibrio se profundizó desde 2010, cuando el beneficio dejó de contemplar únicamente la Zona Desfavorable e incorporó otros suplementos sin nuevas fuentes de financiamiento. El problema ya había sido advertido en estudios actuariales de 2012, 2017 y 2022.

La falta de recursos tiene consecuencias directas: alrededor de 540 retirados reclaman por el pago incompleto del haber compensatorio desde 2025, con atrasos que, según los afectados, llegan a 15 meses. En abril, durante el tratamiento en la Legislatura, la deuda fue estimada en unos $6.600 millones. La situación derivó en reclamos judiciales y protestas.

La crisis llevó a la Caja a reprogramar pagos, reducir personal, evaluar la venta de inmuebles y solicitar adelantos al Ejecutivo. También comenzó a utilizar inversiones para cubrir el déficit: solo en 2024 redujo esos activos en más de $5.300 millones para afrontar un rojo financiero superior a $4.200 millones.

Qué cambios propone el proyecto

Durante la emergencia, el haber compensatorio de los retirados del ex Territorio se calculará exclusivamente sobre el 100% del Suplemento Zona Desfavorable, dejando afuera otros adicionales. También quedarían excluidos quienes perciban la Bonificación Zona Austral de la Caja de Retiros de la Policía Federal.

El proyecto crea además un Fondo de Emergencia al que se redireccionaría la recaudación del Fondo Asistencia Activación Económica TDF, actualmente destinada a MiPyMEs y otros sectores productivos. Para 2026 fueron presupuestados unos $2.263 millones por ese concepto.

También modifica la distribución tributaria sobre el transporte de gas por gasoductos: Ingresos Brutos subiría del 3,5% al 4% y el Fondo de Financiamiento de Servicios Sociales bajaría del 1,5% al 1%, manteniendo una carga conjunta del 5%. El 25% de lo recaudado por IIBB de esa actividad se destinaría al Fondo de Emergencia.

Otra fuente serían los bancos y el sector financiero, mediante la eliminación de exenciones de Ingresos Brutos sobre determinadas operaciones y ganancias con títulos públicos. El proyecto no estima cuánto se recaudaría por esta vía.

Para las prestaciones adeudadas, la Caja deberá presentar en 90 días un plan de regularización de hasta 36 meses. Quienes adhieran deberán renunciar a iniciar demandas o desistir de las que estén en trámite por esas obligaciones.

Los retirados provinciales deberán realizar además un aporte extraordinario del 3% y los aumentos del personal activo se trasladarán a sus haberes con dos meses de demora. Durante la emergencia también se suspenderían ejecuciones y embargos contra la Caja.

Finalmente, un comité técnico tendrá diez meses para elaborar una reforma integral, realizar un nuevo estudio actuarial, auditar los pasivos judiciales y proyectar la situación financiera del sistema para los próximos diez años.