Fernando Poviña tiene la llave en la nueva Cámara Federal: cuatro vocales, dos salas y un sorteo que empieza el lunes. Qué pasa cuando los jueces no se ponen de acuerdo y por qué la quinta silla todavía no se ocupó.
Desde el lunes 2 de noviembre, la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán dejará atrás una estructura que se mantenía casi intacta desde 1990. El tribunal pasará a funcionar con dos salas permanentes, un esquema aprobado por el Congreso y reglamentado en la provincia a través de la Acordada 70/26, firmada el 23 de septiembre por los propios integrantes del cuerpo.
La reforma no se limita a repartir despachos: ordena cómo se integran los tribunales, cómo se asignan los expedientes, cómo se vota y cómo se cubren las ausencias de los magistrados. El objetivo declarado es descongestionar una carga de trabajo que venía creciendo y destrabar las dificultades para armar mayoría.
El sorteo que define el futuro de cada causa
Entre el lunes 2 y el miércoles 4 de noviembre, las secretarías cargarán en el sistema Lex 100 el sorteo de todas las causas en trámite, con compensación por materia. Así, los expedientes quedarán repartidos entre las dos salas y empezará a regir el esquema de la Ley 27.821. Lo que ingrese después también se asignará por sorteo en el mismo sistema y con el mismo criterio.
La radicación de un expediente en una sala será definitiva y arrastrará a sus incidentes y legajos vinculados, para que nadie pueda moverlo después. Los asuntos que la normativa permite resolver de forma unipersonal se sortearán igual, y cada secretaría llevará un registro de ingresos y del orden de votación.
Una Cámara que también mira a Santiago y Catamarca
La sede tucumana no es un tribunal solo de la provincia: actúa como alzada en causas de Santiago del Estero y Catamarca. Su competencia abarca lo penal, aduanero, electoral, laboral y previsional, además de seguridad social y otras materias.
Hasta ahora la Cámara funcionaba con cinco vocalías y necesitaba reunir tres voluntades para alcanzar una mayoría decisoria. La nueva organización reparte esa tarea entre dos cuerpos con idéntica competencia material, territorial y funcional.
Cómo quedan compuestas las salas
Según la Acordada 70/26, la Sala I estará integrada por Ricardo Mario Sanjuán y Marina Cossio. La Sala II, por Mario Rodolfo Leal y Patricia Marcela Moltini. Ambas funcionarán bajo una presidencia común: la de Fernando Luis Poviña, actual titular de la Cámara.
El esquema es transitorio hasta que se incorpore el sexto juez de Cámara que prevé la ley. Cuando se cubra esa vacante, cada sala tendrá tres magistrados y una composición permanente. Mientras tanto, Poviña podrá intervenir en cualquiera de las dos salas cuando sus integrantes discrepen y haga falta alcanzar la mayoría. El primer voto se sorteará entre los dos vocales propios de cada sala; si no hay acuerdo, el presidente común emitirá el voto dirimente, salvo que exista algún impedimento para su intervención.
Reemplazos, licencias y subrogancias
Si un vocal se toma licencia, se excusa o es recusado, el presidente reemplazará al magistrado impedido. Si hubiera más de una vacancia, se sorteará entre los dos integrantes de la sala que no deba ser integrada. Para reemplazar al propio Poviña, la subrogancia seguirá un orden sucesivo entre el vicepresidente primero y el vicepresidente segundo.
En esta primera etapa no se duplicarán estructuras administrativas: las secretarías Penal, Civil, de Leyes Especiales Civil y Previsional de Cámara seguirán tramitando los expedientes de ambas salas.
El recorrido de la ley
La norma tuvo sanción definitiva en Diputados el 26 de agosto, con 205 votos afirmativos. El proyecto lo impulsó originalmente la senadora tucumana Sandra Mendoza, junto con Guillermo Andrada y Carolina Moisés, y luego se unificó con una iniciativa de Beatriz Ávila. Además de dividir el tribunal, la ley creó un sexto cargo de juez de Cámara, indispensable para el funcionamiento pleno de las dos salas con tres integrantes cada una.
Por eso la Cámara arrancará con una integración transitoria de cuatro vocales distribuidos en dos salas y una presidencia común. La idea es que la falta de designación del sexto magistrado no demore la puesta en marcha de la reforma.
