La Cámara revocó al juez y la partera Dolly deberá sentarse frente al fiscal: qué apareció en su casa

La Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario le dio vuelta la taba a la partera Dolly Viale de Garrido: ordenó que sea citada a prestar declaración indagatoria por una presunta sustracción de identidad, en una causa que había quedado frenada por decisión del juez de primera instancia.

El fallo revocó la resolución del 7 de abril pasado, cuando el magistrado había rechazado el pedido de la Fiscalía Federal. Con esa jugada, la investigación vuelve a moverse y la mujer, que hoy tiene 88 años, queda un paso más cerca de tener que explicar ante la Justicia cómo firmó partidas de nacimiento que no se corresponden con la realidad biológica de quienes las portan.

Todo arrancó con la denuncia de un hombre nacido en 1978 que busca esclarecer las circunstancias de su nacimiento y su identidad biológica. Su partida de nacimiento fue firmada por Dolly y, además, se constituyó como querellante en la causa, lo que le da impulso propio al expediente.

El pedido de la fiscal y el revés del juez

La fiscal federal interina Soledad García había requerido formalmente la indagatoria, pero el juez de primera instancia la rechazó el 7 de abril de 2026, apoyándose en jurisprudencia y dictámenes de casos previos de la jurisdicción.

La Fiscalía apeló y la Sala A analizó los agravios del Ministerio Público. Los camaristas coincidieron en que las resoluciones citadas por el juez no correspondían aplicarse a este expediente: según la fundamentación, el caso no apunta a determinar si la víctima es hijo de desaparecidos —esa hipótesis quedó descartada tras un cotejo con resultado negativo en el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG)—, sino a esclarecer la presunta sustracción de identidad. A eso se suma el impulso constante de la víctima como parte querellante.

Los elementos que pesaron en la balanza

La Cámara repasó una serie de pruebas que sostienen el pedido de indagatoria. La primera es el acta de nacimiento del denunciante: el documento, correspondiente a un nacimiento ocurrido el 9 de septiembre de 1978 en Rosario, fue certificado por la entonces obstetra Dolly E. Viale de Garrido.

También se incorporó un estudio de ADN de la Fundación INGEN que, según el informe citado por el tribunal, excluyó la existencia de vínculo de maternidad y paternidad entre las personas anotadas como madre y padre y quien figuraba como hijo.

Otro dato que sumó el expediente fue un informe del Instituto Municipal de Previsión Social de Rosario: Viale se desempeñó como profesional auxiliar obstetra, con una carga de 36 horas semanales, en el Hospital Roque Sáenz Peña entre agosto de 1964 y febrero de 1992.

A eso se agregó un informe del Ministerio de Justicia, fechado el 18 de marzo de 2026, en el que la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI) comunicó la existencia de otras siete situaciones similares: personas con dudas sobre su identidad cuyas partidas de nacimiento también fueron firmadas por Viale.

La investigación incorporó además elementos posteriores al recurso de apelación. Entre ellos figuran entrevistas realizadas en abril de este año y un certificado de nacido vivo en blanco secuestrado durante un allanamiento en el domicilio de la denunciada. En ese mismo procedimiento se encontró una copia digitalizada de su título universitario como obstetra.

Con todo ese conjunto, el juez Pineda sostuvo que existen "motivos bastante de sospecha" para recibirle declaración indagatoria a Viale, en los términos del artículo 294 del Código Procesal Penal de la Nación.

La prescripción que la Cámara no avaló

En los tribunales de la Justicia Federal se rechazó este miércoles el pedido de prescripción que había presentado la defensa de la partera, investigada por la supresión de bebés entre 1968 y 1980 en Rosario. Con ese revés, la causa sigue su curso.

Dolly acumula al menos 12 denuncias por supresión de identidad. Una de ellas es la de Silvina Garrido, que fue apropiada y pensó durante 15 años que era hija legítima de la partera.

Tras la audiencia de formalización, quedó resuelto que la partera, hoy de 88 años, continúe bajo investigación. La propia Garrido contó que en la casa de su infancia, ubicada a pasos del Batallón 121, era habitual recibir visitas de militares. "Ella colaboraba a cambio de que los militares la protegieran o la dejaran hacer sus delitos de manera tranquila", relató a los medios.

Cómo se destapó el caso

El pasado 18 de septiembre, la fiscal federal Soledad García, a cargo de la Oficina de Criminalidad Económica y Trata de Personas del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario, imputó a Dolly Viale de Garrido por supresión y alteración de la identidad de una mujer nacida en 1970. Esa movida judicial abrió la puerta a una serie de denuncias que se fueron sumando públicamente.

Ahora la fiscalía federal de Rosario intenta determinar si existió una modalidad sistemática de entrega de recién nacidos a cambio de dinero. La imputada no quedó detenida y el juez le impuso medidas de restricción.

García le atribuye a Dolly haber confeccionado un certificado de nacimiento en el que designó como padres biológicos a dos personas que no tenían ese vínculo. Los denunciantes aseguran que fueron separados de sus madres biológicas y entregados a otras familias durante el período en que la acusada trabajaba como partera.