La cárcel de mujeres, en la mira: los abogados de Lucero y un par de anteojos que despertaron sospechas

La directora del Servicio Penitenciario Provincial, Karina Mantelli, denunció penalmente a los abogados de Anabela Lucero, Adriel Cabello y Esteban Bustos, por presuntas irregularidades durante las visitas a la exdiputada en la Unidad N.º 4. La presentación, radicada en la Unidad de Abordaje Fiscal, apunta a comunicaciones no autorizadas y a una posible manipulación de los registros médicos.

El episodio del 16 de septiembre

Según la denuncia, el hecho más relevante ocurrió el 16 de septiembre, cerca de las 17:41, en el salón de visitas de la cárcel de mujeres. Una agente penitenciaria advirtió movimientos sospechosos y habría comprobado que los defensores le facilitaron un teléfono celular a Lucero en más de una ocasión.

La presentación también menciona la presencia de un par de anteojos que, de acuerdo con las autoridades, podrían ser inteligentes. Ese episodio ya había sido llevado al Colegio de Abogados mediante otra denuncia contra los profesionales.

Mantelli sostuvo que esas presuntas llamadas no autorizadas podrían poner en riesgo la investigación judicial y la seguridad interna del establecimiento. Además, la denuncia deja abierta la posibilidad de que se haya intentado generar algún tipo de connivencia con agentes penitenciarios.

La huelga de hambre y los registros de peso bajo sospecha

El otro eje de la presentación gira en torno a la huelga de hambre que mantiene Lucero. Una investigación interna detectó inconsistencias en los registros de peso corporal que elabora el área de Sanidad Central.

La sospecha es que se habría intentado mostrar un deterioro físico mayor al real para lograr un cambio en las condiciones de detención, como el otorgamiento de la prisión domiciliaria.

En la audiencia judicial del viernes, el representante de Fiscalía de Estado, Flavio Ávila, afirmó que estas presuntas irregularidades podrían configurar una maniobra de estafa procesal. Ahora la Justicia deberá determinar si hubo alteraciones deliberadas en los registros y deslindar responsabilidades.

Prisión preventiva prorrogada por 90 días

Las sospechas se expusieron en la misma audiencia en la que se discutió la continuidad de la prisión preventiva de Lucero, su hermano Enzo y su cuñado Exequiel Scarel. El Ministerio Público Fiscal, a cargo de José Olguín, y la querella pidieron extender las detenciones por cuatro meses al considerar que subsistían los riesgos de entorpecimiento.

El juez Santiago Ortiz resolvió prorrogar la prisión preventiva por 90 días.

La causa principal investiga un presunto desvío de fondos públicos del Molino Fénix durante la gestión del exgobernador Alberto Rodríguez Saá. Lucero y los otros imputados están acusados de integrar una organización que habría cometido asociación ilícita, administración fraudulenta y ocultamiento o destrucción de evidencia.

La nueva denuncia contra los abogados abre una línea de investigación paralela, centrada en las condiciones de detención de la exlegisladora y en las presuntas maniobras que advirtieron desde el Servicio Penitenciario.