La casa de Álvarez Thomas, la Ranger y seis empresas: qué respondieron los herederos de Pillín Bracamonte
¿Puede la Justicia quedarse con la casa, la camioneta y las seis empresas de un barra muerto sin condena firme? Los herederos de Pillín Bracamonte apelaron y apuntan a un fallo de 2020 que ya había revisado esas pruebas.
Los herederos de Andrés "Pillín" Bracamonte, el barra de Rosario Central asesinado en 2024, no aceptan que el Estado se quede con su patrimonio. Sus abogados, Carlos Varela y Adrián Martínez, presentaron una apelación para revocar el decomiso de la casa de Álvarez Thomas 1870, una camioneta Ford Ranger y las participaciones en seis empresas que la Justicia federal dispuso el 22 de octubre.
La medida la firmó el juez federal Carlos Vera Barros en el marco de una investigación por presunto lavado de activos, con el mecanismo de decomiso sin condena penal. La decisión llegó tras un pedido de los fiscales federales y con intervención de la Unidad de Información Financiera (UIF).
La defensa pide la nulidad de lo resuelto y sostiene que se extinguió el dominio sobre los bienes sin fundamentación suficiente, sin escuchar a todos los interesados y sin considerar un fallo provincial de 2020 que ya había puesto en duda las pruebas del presunto lavado.
El fallo de 2020 que la apelación pone en el centro
El escrito dedica buena parte de su argumentación a una resolución del 12 de noviembre de 2020 de la exjueza de Segunda Instancia de Rosario Georgina Depetris, que había revocado la prisión preventiva de Bracamonte en una causa vinculada al presunto lavado de activos.
Según los abogados, aquel tribunal revisó delitos precedentes, bienes atribuidos a la excónyuge del exbarrabrava y operaciones de varias sociedades, y concluyó que las evidencias no alcanzaban el grado de probabilidad necesario para mantener la medida cautelar. "No hay modo racional de pasar de la ausencia de probabilidad a la certeza con el mismo material probatorio", afirman en la presentación.
Para la defensa, ese antecedente es decisivo porque parte de los bienes y estructuras comerciales alcanzados por el decomiso ya habían sido examinados judicialmente. Aquel fallo había considerado que Vanefra —luego ATE Servicios Integrales—, SER-ECO, RUFFINO y KABRASI tenían operatorias reales, bienes acordes a su objeto y facturación. También había valorado que la actividad de las licencias de taxi de la excónyuge era anterior a la relación con Bracamonte y que el inmueble de Álvarez Thomas le fue adjudicado a él durante la liquidación de la sociedad conyugal.
Las críticas al decreto y al derecho de defensa
Los letrados cuestionan la forma de la resolución: "La decisión recurrida fue dictada con la forma de un decreto", plantean, y advierten que carece de los elementos formales y argumentativos que exige una medida de ese peso. "Sin embargo, resuelve la cuestión patrimonial de mayor gravedad que puede plantearse en un proceso penal: la extinción definitiva del dominio", analizaron.
También apuntan contra la fundamentación: "No identifica un solo elemento de prueba, no analiza el origen de ninguno de los bienes, no examina su relación temporal con los delitos precedentes y no responde a los requisitos que el Código Penal impone", precisaron.
El otro eje es la presunta vulneración del derecho de defensa. La resolución se apoya en que se dio intervención a la defensora de menores y que desde esa parte no hubo planteos. Los abogados responden que no fueron escuchados los herederos mayores de edad —en su rol de representantes legales de los menores—, la excónyuge de Bracamonte ni otros terceros con derechos sobre los bienes y las sociedades alcanzadas. Según sostienen, se privó de sus derechos patrimoniales a interesados que no pudieron ser notificados, ofrecer pruebas ni controvertir los argumentos de la acusación.
La Ranger y las sociedades: la objeción al "origen ilícito"
Respecto de las participaciones societarias y de los bienes adquiridos después, como la Ford Ranger modelo 2014 comprada en octubre de 2023, la apelación cuestiona que se los vincule al lavado solo por la coincidencia temporal con el período investigado, sin identificar el delito concreto que habría originado los fondos usados.
El decomiso abarca el inmueble de Álvarez Thomas 1870, la camioneta y las participaciones de Bracamonte en ATE Servicios Integrales SRL, SER-ECO SRL, RUFFINO SAS, KABRASI SRL, B+D Logística SRL y Welding & Company SRL. Lo pidieron los fiscales federales Diego Velasco, Juan Argibay Molina, Matías Scilabra y Federico Reynares Solari, con respaldo de la UIF.
De un allanamiento en Ibarlucea a la Corte Suprema
La investigación patrimonial arrancó en 2020 en el Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, a partir de elementos hallados en un allanamiento en el country Los Álamos, en Ibarlucea. La pesquisa derivó en una causa por presunto lavado de activos que también involucró a Carlos Vergara, entonces titular de la Uocra Rosario, en el marco de una investigación provincial por presuntas extorsiones a constructoras del cordón industrial. La causa atravesó una disputa de competencia entre la Justicia provincial y la federal que resolvió la Corte Suprema en diciembre de 2025.
El decomiso se dictó después de la muerte de Bracamonte, el 9 de noviembre de 2024, cuando fue asesinado a balazos junto con su mano derecha, Daniel "Rana" Attardo, tras un partido de Rosario Central. La herramienta que aplicó el juez permite, bajo ciertos requisitos legales, decomisar bienes sin condena penal cuando se acredita su origen ilícito y la persona investigada falleció antes de que el proceso pudiera concluir.
