La Casa Rosada jugó fuerte: intimación masiva y amenaza de cárcel a los prácticos marítimos

El conflicto por la desregulación del servicio de practicaje marítimo alcanzó un punto de máxima tensión: más de 500 trabajadores fueron intimados por Prefectura Naval a volver de inmediato a sus tareas, bajo la amenaza de sanciones severas que incluyen la posibilidad de prisión.

¿Qué pasó con los prácticos?

La medida, oficializada a través de un edicto publicado en el Boletín Oficial, se enmarca en el decreto 690/2026 que desreguló la actividad y que provocó una protesta de cuatro días en los puertos, con especial impacto en el Puerto La Plata. El sector rechazó la medida al considerar que afecta sus condiciones laborales y la seguridad de la navegación.

Según el edicto, la Prefectura se presentó como la autoridad con “responsabilidad operativa y disciplinaria” para aplicar el reglamento aprobado por el decreto. La intimación alcanza a los servicios de practicaje y pilotaje en puertos, ríos, canales y pasos de todo el país.

La advertencia desde la Casa Rosada

Mientras se desarrollaba la negociación, el vocero presidencial, Adrián Ravier, advirtió ayer: “Seguramente va a haber sanciones; (...) se está decidiendo en este mismo momento”. Sus declaraciones llegaron casi en simultáneo con el acuerdo que se concretaría a última hora de la tarde.

Ravier defendió el decreto como una medida para “abaratar costos”, aunque la protesta amenazaba con resentir el abastecimiento de combustible, un punto crítico para la economía.

¿Qué sanciones enfrentan?

El edicto advierte que “frente al incumplimiento de la presente intimación será objeto de las sanciones disciplinarias contenidas en el Anexo I del Decreto N° 690/26 por ser considerada falta grave la negativa a prestar el servicio”.

Pero el gobierno fue más allá: aludió a posibles penas establecidas en el Código Penal. Según el artículo 190, los “delitos contra la seguridad del tránsito y de los medios de transporte y de comunicación” prevén de dos a ocho años de prisión. También citó el artículo 194, que castiga con prisión de tres meses a dos años a quien “impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas”.

La tensión sigue latente: mientras el gobierno insiste en la desregulación, los prácticos mantienen su postura y el país observa el desenlace de un conflicto que toca un punto sensible del comercio exterior.