La causa $LIBRA parecía cerrada para Milei, pero una fiscalía se metió y pidió reabrirla

El expediente por la criptomoneda que promocionó Javier Milei volvió a moverse. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) se plantó en la causa, tomó el impulso de la acción penal y apeló los sobreseimientos que habían beneficiado al Presidente y a los demás imputados.

El organismo, que se ocupa de los delitos atribuidos a funcionarios públicos, considera que la investigación no está terminada. Según su planteo, quedan medidas de prueba centrales sin producir para entender cómo se lanzó y cómo se derrumbó el token.

Un giro respecto de Taiano

La movida tiene peso propio porque contradice la postura del fiscal Eduardo Taiano, quien había pedido los sobreseimientos que después firmó el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi. La fiscalía que conduce Sergio Rodríguez decidió ir por otro camino y cuestionar esa resolución.

Además de impugnar el fallo, la PIA reclamó que se reabra la pesquisa. Y dejó planteada una apelación subsidiaria: si el pedido es rechazado, quiere que la Cámara Federal revise la decisión.

La presentación respondió a un planteo del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) y del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Ambas organizaciones actúan como amicus curiae y venían reclamando que el organismo especializado tomara las riendas del expediente.

Las entidades habían advertido que el sobreseimiento podía convertirse en el cierre definitivo de una causa donde, a su criterio, todavía quedaban muchas líneas sin explorar.

¿Qué pruebas faltan según la PIA?

En su escrito, la Procuraduría enumeró las diligencias que, entiende, no se profundizaron. Entre ellas mencionó la reconstrucción de la trazabilidad de los fondos, la recuperación y el análisis de comunicaciones, la investigación de posibles acuerdos comerciales y el examen de los movimientos de dinero vinculados a los hechos.

También objetó la manera en que se valoraron los elementos reunidos. La PIA sostuvo que ciertos indicios se analizaron de forma aislada en lugar de evaluarlos en conjunto, para determinar si permiten reconstruir una eventual trama de corrupción.

En esa línea, remarcó que las dificultades técnicas o las respuestas incompletas a determinados pedidos de información no pueden servir para clausurar la investigación. Al contrario, deberían empujar nuevas medidas para completar la prueba.

El planteo vuelve a poner sobre la mesa si la conducta del Presidente pudo encuadrar en el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.

Las críticas al desempeño de Taiano

La intervención de la PIA tiene un antecedente: el organismo había abierto su propia investigación sobre el episodio poco después del lanzamiento y el derrumbe del token, incluso antes de que el caso llegara formalmente a los tribunales. Sin embargo, durante el año y medio en que Taiano tuvo la causa, la Procuraduría no recibió intervención.

El CIPCE y el INECIP habían cuestionado con dureza el desempeño del fiscal. Señalaron filtraciones de información sensible a la prensa, el manejo de los tiempos de análisis de las pruebas y la negativa reiterada a los pedidos para que Milei fuera citado a declaración indagatoria.

Sumaron otro punto: el dictamen fiscal que sustentó los sobreseimientos no estaba incorporado al sistema de gestión judicial, lo que impedía a las partes conocer sus fundamentos.

También apuntaron a los derechos de las víctimas. Según las organizaciones, los sobreseimientos se pidieron y se dictaron sin garantizarles la posibilidad de ser escuchadas ni de pedir la revisión del criterio fiscal. Para respaldarlo invocaron el artículo 80 del Código Procesal Penal Federal y la Ley de Víctimas.

Qué puede pasar ahora

La presentación de la fiscalía de Rodríguez deberá resolverla el Juzgado Federal N° 8, que está a cargo de forma interina de Daniel Rafecas por una licencia de Martínez De Giorgi.

El magistrado tiene que definir si habilita la intervención de la PIA y reabre la investigación. Si rechaza el planteo, queda abierta la vía de la apelación subsidiaria o queja para que la Cámara Federal analice el cierre del expediente.

Así, el sobreseimiento de Milei, Karina Milei y los otros nueve acusados suma un nuevo capítulo judicial. El juez ya había dispuesto el cierre a pedido de Taiano, pero la irrupción de la fiscalía especializada reabre la disputa sobre si la causa puede darse por terminada o si aún faltan pruebas fundamentales.

Los damnificados también apelaron

Quienes fueron apartados de su rol de querellantes presentaron su propio recurso de apelación contra los sobreseimientos. Esperan que un fallo de la Cámara Federal de Casación Penal los vuelva a reponer en ese lugar.

Las víctimas, además, plantearon la nulidad del dictamen de Taiano que propició los sobreseimientos.