La causa $LIBRA se reabre: el pedido que cayó sobre el juez justo cuando Milei lo quería ascender

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) decidió mover ficha en el expediente más caliente de la Casa Rosada. El organismo que conduce el fiscal Sergio Rodríguez aceptó el planteo de dos organizaciones civiles, asumió la acción penal y le pidió al juez de la causa que vuelva a poner en marcha la investigación por el criptoescándalo.

El escrito aterrizó en el despacho de Daniel Rafecas, el magistrado que subroga el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi, donde tramita el caso. La presentación se concretó el jueves a las 8.26 de la mañana.

Ese mismo día, el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques propuso a Javier Milei —imputado en la causa— que ascienda a Rafecas. Envió el proyecto de mensaje al Senado para que el Presidente evalúe mandar su pliego como camarista de la Casación Nacional a la Cámara Alta.

El pedido de las ONG y el paso de la PIA

Todo arrancó con una presentación de Julián Alfie, en nombre del INECIP, y Pedro Biscay, al frente del CIPCE. Las dos entidades le pidieron a la PIA que interviniera directamente en el expediente para apelar el sobreseimiento que había dictado Martínez de Giorgi a favor de Milei, su hermana Karina y otros nueve acusados.

La fiscalía anticorrupción hizo lugar al reclamo, se puso al frente de la acción penal y reclamó la reapertura. También trasladó el escrito de las ONG al juez porque se cuestiona que no se respetó la Ley de Víctimas. Y apeló en subsidio, por si el magistrado rechaza el pedido de retomar la causa.

“La intervención de la PIA es un paso fundamental para reabrir la investigación del caso $LIBRA. El juzgado y la Cámara Federal deben garantizar una investigación exhaustiva, proactiva y especializada que permita esclarecer los hechos, determinar responsabilidades y evitar la impunidad”, afirmó Biscay.

La PIA es la procuraduría federal especializada en corrupción. Actuó porque el fiscal del caso, Eduardo Taiano, desistió de la acusación y porque los involucrados son funcionarios públicos.

“En respuesta a la presentación que realizamos desde el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) junto al INECIP, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), encabezada por Sergio Rodríguez, nos comunicó que se presentó en la causa $LIBRA, asumió el ejercicio de la acción penal y solicitó su reapertura. Además, interpuso un recurso de apelación en subsidio para el caso de que ese pedido sea rechazado”, informaron las organizaciones en un comunicado.

Para CIPCE e INECIP, la decisión “recoge el reclamo que formulamos ante el sobreseimiento prematuro de Javier Milei, Karina Milei y los demás imputados”. Y agregaron: “La intervención de la PIA constituye un paso fundamental para que los hechos sean investigados por un organismo especializado en corrupción, frente a la decisión del fiscal Eduardo Taiano de abandonar la persecución penal”.

Las entidades también apuntaron a lo que quedó sin investigar: “El cierre del caso dejó sin agotar líneas centrales de investigación: la trazabilidad de los fondos, la recuperación y el análisis de comunicaciones, los posibles acuerdos comerciales y los movimientos de dinero vinculados con los hechos”.

La Ley de Víctimas, el eje del cuestionamiento

Uno de los puntos centrales del planteo es que el sobreseimiento se dictó sin darles a las víctimas la chance de ser escuchadas. “Denunciamos que el sobreseimiento fue solicitado y dictado sin garantizar a las víctimas la posibilidad de ser escuchadas y pedir la revisión del criterio fiscal”, sostuvieron, y remarcaron que ese mecanismo está previsto en el artículo 80 del Código Procesal Penal Federal y en la Ley de Víctimas.

El damnificado Martín Romeo, a través de su abogado Nicolás Oszust, insistió en ese punto y pidió la nulidad del dictamen de Taiano y de la resolución del juez por falta de notificación. Romeo era querellante y quedó desplazado del expediente antes de que se dictaran los sobreseimientos.

“El juzgado y la Cámara Federal deben impedir que un cierre prematuro consagre la impunidad”, reclamaron desde las ONG.

El ascenso que quedó flotando sobre el expediente

Mientras la PIA pedía reabrir la causa, Mahiques envió a la Secretaría de Legal y Técnica de Presidencia, a cargo de María Ibarzabal Murphy, la propuesta para ascender a Rafecas como camarista. Justo al juez que hoy tiene el expediente en sus manos.

“Por instrucción del señor Ministro de Justicia, cumplo en remitir a consideración del Poder Ejecutivo Nacional, en los términos del artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, un Proyecto de Mensaje al Honorable Senado de la Nación para solicitar el acuerdo que posibilite la designación del doctor Daniel Eduardo Rafecas en el cargo de Vocal de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Vocalía Nº 7”, dice el documento.

Rafecas, titular del juzgado federal Nº 3 de Retiro y subrogante del Nº 6, había concursado años atrás para la Cámara Nacional de Casación Penal y quedó primero en el orden de mérito. Integraba la primera terna junto a Fernando Caunedo y Alberto Huarte Petite.

Cómo se cerró el caso

El 23 de octubre, Martínez de Giorgi sobreseyó a Javier Milei, a Karina y a los otros nueve involucrados “en razón de que los sucesos denunciados no encuadran en una figura legal”. El juez siguió el dictamen de Taiano y sostuvo que la difusión del token por un tuit no puede considerarse estafa aunque la inversión promocionada por el Presidente haya generado pérdidas. El argumento: $LIBRA era un memecoin con “una elevada volatilidad y un importante componente especulativo”.

Además de los hermanos Milei, el sobreseimiento alcanzó a los señalados como intermediarios Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Daniel Morales; a María Alicia Rafaele y María Pia Novelli, madre y hermana del trader; al impulsor del token Hayden Mark Davis; a Chyi Haur Peh (Julian Peh); y a Camilo Rodríguez Blanco y Orlando Mellino. El juez no tomó ni una declaración indagatoria antes de cerrar la causa.

La decisión fue apelada por los damnificados Martín Romeo y Juan Patricio Marchetto, representado por los abogados Juan Grabois y Nicolás Rechanik. Ahora la definición sobre la reapertura quedará, según pudo reconstruir este medio, en manos de Martínez de Giorgi cuando regrese de su licencia.