La causa $LIBRA terminó con un fallo que dejó a los Milei sin proceso, pero con una pregunta abierta

El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi sobreseyó a Javier Milei, a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a otros nueve imputados en la causa que investigó el lanzamiento y el derrumbe de la criptomoneda $LIBRA. La resolución siguió el pedido del fiscal Eduardo Taiano, que había concluido que no se acreditaron los delitos atribuidos.

El magistrado entendió que los hechos denunciados no encuadran en ninguna figura penal y resolvió con base en el artículo 336, inciso 3°, del Código Procesal Penal de la Nación, que contempla justamente los casos en los que el hecho investigado no configura un delito.

Quiénes quedaron desligados

Además de los hermanos Milei, el sobreseimiento alcanza a Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Daniel Morales, Hayden Mark Davis, Julian Peh, María Alicia Rafaele, María Pía Novelli, Camilo Rodríguez Blanco y Orlando Mellino.

En el tramo final del fallo, el juez sostuvo que el planteo del fiscal estaba debidamente fundamentado y que no existía una acusación autónoma que permitiera continuar el proceso. También aclaró que los imputados podían obtener una resolución definitiva sobre su situación procesal aun cuando no hubieran prestado declaración indagatoria.

El punto central: no se probó el engaño

El expediente buscaba determinar si la promoción pública de $LIBRA, la suba inicial de su cotización y el posterior desplome habían formado parte de una maniobra organizada para perjudicar a los compradores.

La denuncia se apoyaba en el mensaje que Milei publicó en su cuenta oficial de X el 14 de febrero de 2025, que habría impulsado el precio del token desde un valor cercano al centavo de dólar hasta rozar los cinco dólares antes de la caída. Según esa hipótesis, algunas billeteras vinculadas a los impulsores del proyecto habrían retirado alrededor de 100 millones de dólares, mientras más de 40.000 compradores sufrían pérdidas.

Para la Fiscalía, sin embargo, el resultado económico adverso no alcanzaba para configurar una estafa. El análisis indicó que era necesario demostrar cuál había sido el engaño concreto, cómo había inducido a error a los compradores y de qué manera había provocado sus decisiones de inversión.

El juez recogió ese razonamiento y reconoció que la promoción presidencial pudo haber tenido una influencia relevante en la repercusión del proyecto, pero advirtió que esa circunstancia no demostraba por sí sola la existencia de una maniobra fraudulenta.

“La notoriedad de quien promociona un activo, la repercusión pública del lanzamiento o la confianza que su intervención pueda suscitar no equivalen, por sí solas, a un ardid defraudatorio”, señala el fallo.

La resolución agrega que debía identificarse qué aspecto del proyecto o de su funcionamiento había sido presentado de manera engañosa, o qué información relevante se habría ocultado. Y remarca: “La sola secuencia temporal entre la promoción, el incremento de la cotización y su posterior caída no demuestra, por sí misma, que esa evolución hubiera sido previamente organizada con una finalidad defraudatoria”.

El magistrado también recordó un antecedente de la Cámara Federal, que había advertido que la hipótesis inicial de un plan organizado desde las más altas esferas del Gobierno se había debilitado frente a las exigencias del delito de estafa.

Los mensajes borrados y la nota con los nombres de Javier y Karina

Uno de los elementos de la investigación surgió del teléfono de Mauricio Novelli, empresario amigo de Milei. Los peritajes detectaron dos conversaciones eliminadas con un contacto identificado como “Karina Milei RRPP”, además de registros de llamadas entre Novelli y el Presidente. Sin embargo, los análisis técnicos no permitieron determinar el contenido de esas comunicaciones.

También apareció un archivo con una nota que mencionaba una suma de dinero que debía pagarse a Javier y Karina Milei. Para la Fiscalía, ese documento no alcanzaba para acreditar que hubiera existido una propuesta comunicada y aceptada. El fallo precisó que los peritajes no lograron verificar que el contenido de esa nota hubiera sido transmitido a terceros mediante las aplicaciones examinadas.

Respecto de Karina Milei, la acusación había planteado la posibilidad de que recibiera dinero para facilitar reuniones entre el Presidente y empresarios vinculados al proyecto. El fiscal sostuvo que no se probó que hubiera solicitado o recibido una ventaja a cambio de influir indebidamente en un funcionario público.

Entre los elementos analizados figuraron los registros de ingresos a la Casa Rosada y los encuentros con empresarios extranjeros. La resolución destacó además que dos empresarios que habían hablado públicamente sobre presuntos pedidos de dinero para acceder a reuniones con Milei no mencionaron a la secretaria general de la Presidencia como involucrada. La conclusión fiscal fue que no se acreditó un intercambio entre un beneficio ofrecido o pactado y una actuación funcional concreta.

Qué analizó la justicia sobre la conducta del Presidente

El expediente también evaluó si la publicación de Milei podía constituir abuso de autoridad o negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.

En el primer caso, la Fiscalía consideró que no se había demostrado la existencia de órdenes o resoluciones contrarias a la ley ni de actos funcionales vinculados con la difusión de $LIBRA. Citó además un pronunciamiento de la Oficina Anticorrupción que había concluido que el mensaje publicado desde la cuenta personal del Presidente no constituía un acto institucional ni implicaba el uso de recursos públicos o el ejercicio de facultades propias de su cargo.

Sobre las negociaciones incompatibles, el dictamen sostuvo que tampoco se acreditó que Milei hubiera intervenido, en ejercicio de sus funciones oficiales, en un contrato u operación económica, ni que un interés particular hubiera condicionado la actuación de la Administración Pública. El juez hizo propios esos fundamentos al resolver el sobreseimiento.

Cómo se siguió el rastro del dinero

Durante la instrucción se realizaron allanamientos, se secuestraron dispositivos electrónicos y documentación, y se ordenaron peritajes sobre teléfonos y comunicaciones. También intervinieron dependencias especializadas en ciberdelincuencia y análisis financiero para reconstruir las operaciones efectuadas en la red Solana.

Los investigadores identificaron billeteras vinculadas con la emisión y distribución inicial del token y reconstruyeron transferencias hacia otras direcciones y plataformas de intercambio. A partir de esos hallazgos se solicitaron medidas de congelamiento de activos y cooperación internacional.

Entre las medidas patrimoniales se incluyó un pedido para congelar 44.593.888,562 USDC identificados en una dirección que había recibido fondos provenientes de billeteras etiquetadas como “LIBRA: TEAM WALLET”.

No obstante, los informes técnicos reseñados en el fallo no permitieron establecer, respecto de algunos de los involucrados, una conexión suficiente entre los movimientos de dinero detectados y la maniobra denunciada. También se consignó que ciertas ampliaciones de los análisis de trazabilidad no pudieron completarse por limitaciones técnicas.

El fallo cierra con la disposición textual: “SOBRESEER a Javier Gerardo Milei, Karina Elizabeth Milei” y a los otros nueve imputados, al considerar que los hechos denunciados no encuadraban en una figura legal.