La causa Molino Fénix deja al kirchnerismo puntano contra las cuerdas: un diputado en la mira

El escándalo del Molino Fénix estalló en San Luis y ya no hay forma de esquivarlo: una exfuncionaria detenida, un diputado provincial con pedido de desafuero y más de $900 millones en perjuicio estimado. La trama judicial sacude los cimientos de un espacio político que construyó su discurso sobre la defensa de lo público.

¿Quiénes son los protagonistas?

Anabela Lucero, ex administradora del Molino Fénix, está con prisión preventiva. Su pareja, Joaquín Beltrán, sigue ocupando una banca en la Legislatura provincial, aunque la Justicia ya pidió que se la quiten.

Ambos no son figuras menores. Lucero fue diputada, candidata a intendenta de Villa Mercedes y hasta candidateada al Parlasur. Beltrán, mientras tanto, sigue en el centro de la escena política.

La hipótesis que complica todo

La Fiscalía investiga si los recursos del molino se usaron para financiar campañas electorales. Contrataciones sospechosas, cheques observados y documentación destruida forman parte del expediente.

Si se confirma, el caso deja de ser un simple tema de corrupción administrativa y pasa a ser la prueba de que el Estado se usaba para construir poder político.

El dilema del kirchnerismo

El espacio que durante años denunció al liberalismo por querer destruir el Estado ahora tiene que explicar qué hacían sus propios dirigentes con esos recursos. La defensa ya habla de persecución y lawfare, pero la política tiene que decidir rápido.

Beltrán es diputado y el pedido de desafuero obliga a una votación. Bloquearlo los deja expuestos a proteger a los suyos; habilitarlo permite que la Justicia avance sobre un aliado. No hay grises.

La historia golpea fuerte porque el kirchnerismo puntano basó su relato en la honestidad. Ahora, con una dirigente detenida y un diputado en la mira, el espejo devuelve una imagen incómoda.

La Justicia dirá si hubo delito. Pero políticamente, algo ya está claro: ya no pueden señalar solo hacia afuera.