La causa por el crimen de Érika Álvarez: el giro judicial que apunta al narcotráfico

La calificación del homicidio como femicidio y nuevas revelaciones sobre drogas sintéticas y vínculos con el narcotráfico agravan la situación del principal acusado y podrían derivar la investigación al fuero federal. La semana judicial fue decisiva para el caso que conmociona a Tucumán, con decisiones que endurecen la acusación y líneas de investigación que expanden el expediente más allá del asesinato ocurrido en Yerba Buena.

Un cambio crucial en la acusación

El lunes, la Justicia resolvió que Felipe “El Militar” Sosa deberá enfrentar cargos por femicidio en la muerte de Érika Antonella Álvarez, una calificación legal que conlleva penas más severas. En paralelo, se revocó el sobreseimiento que beneficiaba al acusado en una causa separada por tenencia de estupefacientes, sumando presión sobre su situación procesal.

La teoría central del fiscal Pedro Gallo sostiene que la joven fue asesinada el martes 7 de enero en la vivienda de Sosa, ubicada en Santo Domingo al 1.100, en Yerba Buena. Además del principal imputado, están procesados por encubrimiento Justina Gordillo —su pareja al momento del hecho—, Nicolás Navarro Flores —su amigo— y Jorge “Chicho” Díaz —empleado de sus empresas—.

La hipótesis que conecta el crimen con el narco

En un giro significativo, la querella impulsada por la familia de la víctima comenzó a empujar una nueva línea de investigación. Carlos Garmendia, abogado querellante, anticipó que realizará una presentación ante el fiscal federal Agustín Chit para que se investigue una posible conexión del caso con el narcotráfico.

“Voy a poner en conocimiento al fiscal federal Agustín Chit sobre determinadas circunstancias que surgieron durante la investigación”, explicó Garmendia. Esta derivación no surge de pruebas directas sobre el homicidio, sino de elementos colaterales que aparecieron durante la pesquisa.

Un vínculo sentimental bajo la lupa

El foco de la querella se posó en una figura clave: Carlos Ferreyra, conocido como “El Paraguayo” o “El Mayor”. Este hombre, con antecedentes por liderar una organización dedicada al transporte aéreo de marihuana y detenido en 2021 en Alberdi, habría mantenido una relación sentimental con la víctima.

Según el abogado Garmendia, Ferreyra habría regresado a Tucumán en 2023 tras recuperar la libertad. El letrado no solo desliza la existencia del vínculo amoroso, sino que sugiere que Érika podría haber sido utilizada como nexo en reuniones donde se trataban temas de tráfico de drogas, mencionando incluso la posible participación de efectivos policiales en esos encuentros.

Drogas sintéticas y el circuito de fiestas

Otra línea de investigación apunta directamente a la posible actividad de Felipe Sosa en la comercialización de drogas sintéticas. Esta hipótesis se apoya en declaraciones de su ex pareja, Justina Gordillo, quien afirmó que conocía que Sosa se dedicaba a la venta de éxtasis desde hacía al menos dos años.

Investigadores no descartan que el acusado, en su rol empresarial, haya utilizado personal de su entorno para la venta de drogas en eventos masivos, especialmente tras un acuerdo que permitió retomar las fiestas electrónicas bajo un esquema de seguridad privada. Se suma la versión de que Sosa habría sido proveedor de una organización liderada por César Fernández Facio, procesado por distribución de este tipo de sustancias.

El testimonio y la caja con candado

La declaración más comprometedora en este sentido provino de Nicolás Navarro Flores, imputado por encubrimiento. Navarro Flores declaró que el mismo 7 de enero recibió de Sosa una piedra de cocaína —estimada en unos 200 gramos— junto a una caja de herramientas cerrada con candado.

Según su relato, tras la detención del principal acusado decidió abrir la caja y encontró en su interior troqueles de drogas sintéticas, que luego arrojó al inodoro. Sus defensores confirmaron esa versión y señalaron que están dispuestos a entregar la caja para que sea sometida a peritajes.

Las defensas frente a las nuevas acusaciones

Desde otras defensas, relativizan el alcance de estas revelaciones. Juan Pablo Bello, abogado de “Chicho” Díaz, sostuvo que las cantidades de droga mencionadas no corresponden a consumo personal, aunque aclaró que su defendido no tiene conocimiento sobre esa posible actividad.

Por su parte, los abogados de Felipe Sosa evitaron pronunciarse sobre el pedido de la querella, aunque reiteraron que su asistido no estaba vinculado al narcotráfico y que padecía problemas de adicción.

La causa se encuentra así en un punto de inflexión. Mientras la imputación por femicidio consolida la acusación principal, la aparición de indicios vinculados al circuito de drogas abre un frente paralelo. El desafío para la Justicia será delimitar qué elementos forman parte del crimen y cuáles corresponden a un entramado más amplio que, por ahora, se insinúa pero aún no ha sido plenamente probado.