La causa por la que tres directivos de una cooperativa de Neuquén quedaron a un paso del juicio

El juez de garantías Luciano Hermosilla dio por formulados los cargos de estafa reiterada contra tres directivos de la cooperativa 127 Hectáreas, en una causa que investiga la venta de terrenos que la entidad nunca habría poseído. Con la declaración de proceso complejo, la fiscalía tendrá seis meses para profundizar la pesquisa antes de definir si la causa llega a juicio oral.

Los imputados son el presidente de la cooperativa, Jorge Salas, la secretaria Roxana Huincaman y la tesorera Beatriz Lebrero. La acusación fue presentada por la fiscal Rocío Rivero, con el acompañamiento de la querella, integrada entre otros por los abogados Mariano Mansilla y Miguel Quiruga.

¿Cuál es el perjuicio económico?

La fiscalía estimó el perjuicio en 4,5 millones de pesos, sin actualizar, por hechos ocurridos en 2021 y 2022. En mayo de 2025, la justicia allanó el domicilio de Salas y de otros miembros de la comisión directiva.

La maniobra investigada

Según la imputación, la cooperativa nunca fue dueña de los terrenos que vendió y por los que cobró. Además, los lotes estaban fuera del ejido de Neuquén capital. La fiscalía detalló que Salas y Huincaman asumieron sus cargos en 2021 y comenzaron a difundir el proyecto, mientras que Lebrero habría cobrado las cuotas y dispuesto del patrimonio según las indicaciones de los directivos.

Sin ser titulares de los terrenos, habrían realizado contratos de venta de lotes de 200 metros cuadrados, con promesa de entrega en un plazo de dos años e incluyendo servicios de luz y agua. Para concretar la maniobra, habrían brindado información falsa sobre la incorporación de los lotes al ejido urbano y sobre la propiedad del loteo.

Otras causas y medidas cautelares

Además de la causa “Meseta”, el juez Hermosilla otorgó a la fiscalía otros dos meses para formular cargos en la causa “Sirena” unificada, donde se ventilan otras denuncias de estafa contra la misma entidad. El magistrado consideró que aún restan procesar pericias, entre ellas las telefónicas.

En cuanto a las medidas cautelares, el juez hizo lugar a la prohibición de contacto entre los acusados y las víctimas, por cualquier medio o a través de terceros. Sin embargo, rechazó la inhibición general de bienes y el embargo de los vehículos de la cooperativa solicitados por la acusación, argumentando que no estaban a nombre de los imputados y que habían sido adquiridos antes de los hechos investigados. También desestimó la prohibición de salir del país al no considerar acreditado el riesgo de fuga.