La causa por los 335 cheques de Los Altos desembarcó en la PROCELAC y apunta al lavado de dinero
Los 335 cheques del municipio, las denuncias por asociación ilícita y una imputación que lleva años trabada: la causa contra el exintendente de Los Altos sumó un capítulo en la Justicia federal y ahora deberá definirse si hubo lavado de dinero.
Una denuncia que involucra al exintendente de Los Altos Rafael Olveira ya no se tramita solo en Catamarca: el Ministerio de Seguridad de la Nación la remitió a la PROCELAC (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos) para que se pronuncie sobre si hubo maniobras de lavado de dinero, un delito de competencia federal.
La presentación la hizo Dante Germán Flores Chávez, que la comunicó por escrito al titular de la Fiscalía de Delitos contra la Administración Pública, Facundo Barros Jorrat. El dato no es menor: ese mismo fiscal imputó a Olveira en junio de 2022 por peculado, falsedad ideológica y uso de instrumento público adulterado.
El expediente que cruzó de fuero
Según consignó Flores Chávez, la denuncia conexa quedó registrada en el Ministerio de Seguridad con el Expte. N.º 4950/2026. El 11 de marzo de 2026, indicó, esa cartera la giró a la PROCELAC al entender que los hechos podrían encuadrar en lavado de activos.
La historia detrás de la causa es larga y acumula presentaciones. En agosto de 2016, el entonces secretario de Hacienda, Jorge Nieva, denunció el extravío de 335 cheques de la cuenta municipal. Una investigación del Tribunal de Cuentas determinó después que varios de esos cheques se habían cobrado o entregado a proveedores antes y después de la denuncia.
Denuncias, condenas y una imputación
Entre 2018 y 2019 el exconcejal Omar Ovejero denunció a Olveira y a los secretarios de Hacienda Hugo Marcelo Ruiz y Jorge Adrián Nieva por presunta asociación ilícita y lavado de dinero, y pidió que se oficiara a la AFIP. En 2021, además, hubo condenas del Tribunal de Cuentas contra el exjefe comunal.
La imputación formal llegó en 2022, cuando Barros Jorrat tomó conocimiento de un informe del Tribunal de Cuentas provincial. En una auditoría, el organismo detectó posibles ilícitos vinculados a la presentación de facturas apócrifas y falta de rendición de cuentas. Ese informe se conoció cuando Olveira ya había dejado el cargo: dejó de ser intendente en diciembre de 2021.
Cuatro años de espera y una abstención
El expediente estuvo más de cuatro años en la Cámara de Apelaciones por un pedido del propio imputado, que buscó evitar la declaración. Recién este año pudo ser indagado, pero se abstuvo de declarar.
En paralelo, Olveira planteó la prescripción de los delitos de falsedad ideológica y uso de instrumento público adulterado. La Fiscalía cuestionó ese planteo.
Ahora la pelota quedó en la PROCELAC, que deberá resolver si los hechos que ya están bajo la lupa en la Justicia catamarqueña configuran también un caso de lavado de activos.