La causa Potenciar Trabajo cambia de fuero: ahora la definirán los tribunales de Gualeguaychú

El Tribunal Oral Federal se declaró incompetente y la causa Potenciar Trabajo pasará a los tribunales de Gualeguaychú. La decisión no absuelve a los imputados ni modifica las acusaciones: solo cambia quién las investigará de ahora en más. ¿Qué pasará con las medidas vigentes?

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La causa Potenciar Trabajo cambia de fuero: ahora la definirán los tribunales de Gualeguaychú
La causa Potenciar Trabajo cambia de fuero: ahora la definirán los tribunales de Gualeguaychú

La causa Potenciar Trabajo ya no se tramitará en la Justicia Federal. El Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay se declaró incompetente y dispuso que el expediente pase a los tribunales provinciales de Gualeguaychú, donde continuará el proceso contra Carina Izaguirre y los demás imputados.

La decisión se basó en que los delitos atribuidos al grupo —amenazas coactivas, extorsión y usura— son de carácter ordinario y no justifican la intervención del fuero federal. El traspaso no implica una absolución ni modifica las acusaciones: la causa sigue su curso, pero bajo las reglas y autoridades de la Justicia entrerriana.

Qué se investiga

El expediente se originó a fines de 2024 a partir de denuncias por el manejo de beneficios del entonces programa Potenciar Trabajo. La hipótesis de la instrucción federal vinculó a Izaguirre y a otras personas con un presunto esquema que habría incluido exigencias de dinero a beneficiarios, amenazas y préstamos con intereses elevados.

Izaguirre fue detenida el 18 de diciembre de 2024 por orden del juez federal de Gualeguaychú, Hernán Viri. En enero de 2025, el magistrado la procesó por amenazas coactivas, extorsión y usura, y dictó su prisión preventiva.

Uno de los ejes centrales de la acusación apunta al supuesto cobro de una parte del dinero que recibían los beneficiarios y a préstamos concedidos a personas en situación de vulnerabilidad, que debían devolverse con intereses elevados.

Prisión domiciliaria y defensa

En abril de 2025, la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná le concedió a Izaguirre la prisión domiciliaria, con monitoreo electrónico y restricciones para contactar o acercarse a beneficiarios del programa y a otras personas vinculadas a la investigación. Su traslado desde la Unidad Penal Nº 9 de Gualeguaychú a su domicilio se concretó a fines de ese mes.

El abogado defensor Matías Farías cuestionó desde el inicio la calificación legal de los hechos y la competencia de la Justicia Federal. Tras conocerse el cambio de fuero, adelantó que seguirá presentando planteos en el ámbito provincial. "Vamos a realizar los planteos y presentaciones necesarias para avanzar en el proceso. Tal como se logró que Izaguirre saliera de la prisión preventiva y que la mayor parte de los imputados puedan ser sobreseídos, ahora vamos a continuar en el mismo sentido con los imputados que quedan", indicó a El Argentino.

Por qué se va al fuero provincial

La fiscal federal Josefina Minatta sostuvo que las amenazas coactivas, la extorsión y la usura son delitos ordinarios y que no estaba acreditada una afectación directa a bienes o intereses del Estado nacional que justificara mantener el expediente en el fuero federal. Según explicó, los fondos cuestionados ya estaban en manos de particulares cuando habrían ocurrido los hechos investigados.

Minatta también relacionó el caso con otras causas iniciadas por denuncias recibidas en una línea telefónica y señaló que la Corte Suprema remitió situaciones similares a las jurisdicciones provinciales. Con ese dictamen, el Tribunal Oral Federal se declaró incompetente y envió las actuaciones a la Justicia entrerriana.

Ahora el expediente entra en una nueva etapa ante los Tribunales de Gualeguaychú, donde deberán definirse los próximos pasos procesales, la continuidad de las medidas vigentes y el futuro de las acusaciones contra Izaguirre y los restantes imputados.

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