La causa que arrancó con una vaca repetida en las fotos y terminó con el decomiso de los bienes del cuñado de Urribarri

La Justicia ordenó el decomiso de dos inmuebles en Paraná, vehículos y equipamiento informático que pertenecían al cuñado del exgobernador Sergio Urribarri, Juan Pablo Aguilera, y a su esposa, Luciana Almada. La medida recayó sobre bienes de las empresas Tep SRL y Next SRL, señaladas como parte central de la maniobra de publicidad oficial que derivó en el megajuicio.

El expediente está caratulado con el número 4.385, pero en Tribunales y en la calle se lo conoce como "la causa de la vaca". El apodo no es caprichoso: surgió de una de las irregularidades que detectaron los fiscales mientras avanzaban con la investigación del reparto discrecional de publicidad estática en la vía pública durante el urribarrismo.

Una vaca que aparecía en todos los carteles

La maniobra consistía en justificar los pagos de publicidad con fotografías de carteles instalados al costado de rutas o en ingresos a ciudades. Esas imágenes se incorporaban al legajo de pago y habilitaban la extensión de cheques a los proveedores, que eran las firmas del cuñado del exgobernador.

El problema fue que, en distintas fotos correspondientes a diferentes meses y lugares, aparecía siempre la misma vaca, en la misma posición. La escena quedó registrada en una sala del Poder Judicial la mañana del 18 de noviembre de 2016, durante una audiencia presidida por el exjuez Humberto Oscar Franchi. El entonces fiscal y hoy juez de juicio Santiago Brugo proyectó las imágenes en una pantalla.

"Siempre está la misma vaca. Hay una vaca en el medio del cartel, y graciosamente se le pagó a la empresa de publicidad con esta acreditación por diferentes meses", explicó Brugo en aquella audiencia. Y agregó: "Fenotípicamente estamos convencidos de que se trata del mismo animal, pero genotípicamente no lo sabemos porque no podemos hacerle una prueba de ADN".

No hizo falta ningún ADN. Los peritos Carlos Orzuza y Juan Federico Rossi, de la Oficina Pericial del Superior Tribunal de Justicia, confirmaron que se trataba del mismo animal en distintos carteles. Pero fueron más allá: detectaron que se habían utilizado fotografías truchas, retocadas con algo de photoshop. El engaño quedó al desnudo.

De la vaca a los millones

La causa no se centró en debatir la existencia de la vaca, sino en el desvío de publicidad oficial en beneficio de las empresas Tep SRL y Next SRL entre 2010 y 2015. Según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, el volumen de contrataciones fue de $24 millones, de los cuales $12 millones se habrían pagado de modo fraudulento.

En esas maniobras, los publicistas José María Bustamante y Hugo Montañana aceptaban las reglas de juego: pagar coimas para conseguir contratos de publicidad. Bustamante logró zafar del juicio. En mayo de 2018 fue condenado a dos años y ocho meses de prisión condicional. Aceptó el rol de arrepentido y admitió haber estafado al fisco mediante un sistema de contratos de publicidad en vía pública del que tomaron parte las firmas Tep SRL y Next SRL, y Hugo Montañana, de Concepción del Uruguay. El perjuicio que se le atribuye ronda los $3 millones, aunque en forma global la estafa es del orden de los $12 millones.

El cerebro detrás de las empresas

El tribunal, integrado por los jueces José María Chemez, María Carolina Castagno y Elvio Osir Garzón, falló de forma unánime y concluyó que Aguilera era el verdadero dueño de Tep y Next. "Es evidente que no podía figurar como titular de estas empresas y debía mantenerse oculto, haciendo aparecer como socios a sus amigos, su pareja y el hermano de ésta", señaló el fallo.

La investigación estableció que Tep SRL se creó el 31 de enero de 2009 con una participación del 90% de Emiliano Giacopuzzi y el 10% de Luciana Almada, con un capital de $12.000. Next SRL se constituyó el 26 de enero de 2009 con una integración idéntica y con Maximiliano Sena y Alejandro Almada como socios. Ambas empresas, según el fallo, fueron producto de la escisión de la firma 5 Tipos, donde Aguilera ya figuraba como gerente.

El tribunal también determinó que Aguilera concertó un acuerdo de cartelización con Montañana Publicidad y Bustamante Publicidad, con sedes en Concepción del Uruguay y Paraná respectivamente, para absorber casi la totalidad de la publicidad estática en la vía pública. Esas coimas ascendían al principio a un 58,63% y luego llegaron hasta el 62%.

El decomiso y el destino de los bienes

Martín Rettore Elena, fiscal de Estado Adjunto, quedó al frente del proceso de decomiso. En diálogo con el programa Puro Cuento de Radio Plaza 94.7 aclaró: "Corresponde aclarar que el decomiso fue establecido en 1 de los 5 legajos que llegaron todos juntos a juicio".

La medida incluye dos inmuebles en calle Racedo, en Paraná (Racedo 415 y Racedo 409), un motovehículo Zanella ZB 100, una Ford F4000D, una Citroën Berlingo Furgón y una larga lista de equipamiento informático: computadoras, monitores y un plotter de impresión que se utilizaba en la imprenta de Aguilera.

"En realidad, los inmuebles y los vehículos están a nombre de Tep SRL, y su decomiso fue pedido en su momento por el Ministerio Público Fiscal por cuanto se entendió que fueron producto de los ilícitos que se le reprochaban en ese legajo", indicó Rettore Elena.

Consultado sobre si el Estado toma posesión de los bienes, el funcionario confirmó: "Exacto. El decomiso está ordenado en favor del Estado provincial, y quien dispone posteriormente la utilización o el destino de los inmuebles y los muebles es el Poder Ejecutivo".

El tribunal informó a través de un oficio que la sentencia se encuentra firme y que hay que materializar el decomiso. "Nosotros ya nos presentamos en el expediente. Por la Fiscalía de Estado voy a tomar intervención yo, en mi carácter de fiscal de Estado Adjunto, a los efectos de materializar esta toma de posesión y poner a disposición del Poder Ejecutivo, como se ha hecho en otros casos", detalló.

Sobre el valor de lo decomisado, Rettore Elena fue claro: "A la fecha no lo hemos cuantificado. En el caso de los inmuebles, interviene el Consejo de Tasaciones".

Con información de Entre Ríos Ahora