La CIDH ahora exige respuestas por el conflicto mapuche de Villa La Angostura: qué cambia

El litigio por las tierras en Villa La Angostura sumó un nuevo capítulo que trasciende las fronteras del país. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le dio al Estado argentino un plazo para responder por la comunidad Lof Paichil Antriao, en un caso que ya lleva décadas y que ahora se juega también en el plano internacional.

Mientras los desalojos y las sentencias de la Corte Suprema marcaron la agenda local, la disputa de fondo es mucho más amplia: abarca el histórico Lote 9, unas 625 hectáreas que el Estado entregó en 1902 a los caciques José María Paichil e Ignacio Antriao. Sobre ese territorio se acumulan al menos 14 causas judiciales, con una veintena de propietarios privados y el propio municipio como demandantes.

¿Qué pidió la CIDH?

El 13 de agosto, la Secretaría Ejecutiva de la CIDH notificó al canciller Pablo Quirno sobre la recepción de las observaciones de fondo presentadas por la comunidad en el caso N° 14.041. El secretario ejecutivo adjunto, Jorge Meza, firmó la comunicación. Desde ese momento, el Estado argentino tiene un plazo de cuatro meses, prorrogable hasta seis, para presentar su respuesta.

Si el gobierno no responde, la Comisión puede avanzar igualmente con la información disponible en el expediente. Es decir, el silencio oficial no frena el proceso, pero permitiría que la CIDH evalúe el caso con el relato y los documentos aportados por la comunidad.

Es importante aclarar que esto no es una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La CIDH, que depende de la OEA, puede emitir informes y recomendaciones. Recién si la Comisión deriva el caso a la Corte, con sede en Costa Rica, podría haber un fallo vinculante.

Lo que está en juego

En esta etapa, el análisis no se limita a los lotes de Puerto Elma o el camping Correntoso. La comunidad plantea un problema estructural: la falta de resolución del relevamiento territorial previsto por la Ley 26.160. Sostienen que ese trabajo técnico está terminado desde hace años, pero el INAI nunca lo convalidó.

Mientras tanto, la Justicia argentina ya tomó decisiones firmes. El 6 de agosto, la Corte Suprema rechazó los recursos de queja en los expedientes de Puerto Elma y Correntoso. Eso significa que los desalojos no se suspenden automáticamente por la intervención de la CIDH.

La diferencia con los desalojos recientes

El último desalojo en Villa La Angostura no fue de la comunidad Lof Paichil Antriao, sino de la Melo-Quintriqueo. Ese caso está vinculado a una ejecución de sentencia contra María Cristina Broers, una mujer belga, por un lote que aparentemente fue vendido a una empresa.

En el camping Correntoso, conocido como “Rincón de los Amigos”, la Municipalidad obtuvo una definición favorable. El intendente Javier Murer asegura que solo resta la ejecución. En Puerto Elma, la causa de Ana María Bianchedi de Terzolo y Andrés Mattana Besozzi también quedó firme, y ahora se definen las costas del proceso.

Los 14 juicios del Lote 9

El mapa judicial del Lote 9 es complejo. Además de los casos mencionados, hay otros frentes abiertos. Uno de los más conocidos involucra a Emanuel “Manu” Ginóbili, por tierras en el cerro Belvedere. En 2025, el juez Francisco Astoul Bonorino dictó una sentencia civil a favor del exbasquetbolista, pero la comunidad apeló y la Cámara de Apelaciones de San Martín de los Andes aún no resolvió.

En el fuero penal, dos integrantes de la comunidad fueron sobreseídos en 2024 en una causa por usurpación y amenazas vinculada al mismo predio. La familia Salamida también mantiene un litigio civil por reivindicación, y una causa penal por usurpación terminó en 2025 con la absolución de miembros de la comunidad.

Otros reclamos, como los de Lorenzo Ángel García Miglione, Federico Horacio Sommariva, María Alastenia Barría, William Henry Fisher, la familia Valdivia-Álvarez y el grupo Pérez Calvo-Caffe-Raviol-Corvalán, Bianchini y Bernardini, siguen en trámite en Junín de los Andes y San Martín de los Andes.