La CIDH citó al Gobierno por la reforma laboral: ¿qué pasará en Washington?

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) convocó al Gobierno nacional y a gremios para una audiencia clave la semana que viene. Será el martes en Washington, a raíz de una denuncia presentada por el Frente de Sindicatos Unidos (Fresu) y otras entidades judiciales y de abogados. El foco: la política oficial que, según los denunciantes, implica un retroceso en derechos laborales.

No es la primera vez que la normativa de Javier Milei queda bajo la lupa internacional. En mayo, la Corte Internacional de la ONU protegió el derecho de huelga, afectado por la reforma argentina. En junio, la OIT aprobó un convenio sobre trabajo decente en apps digitales, en sentido opuesto a un capítulo de la nueva ley.

¿Quiénes integran la comitiva?

La delegación de denunciantes incluye a Rodolfo Aguiar (ATE), Pablo Biró (APLA), Clara Chevalier (Conadu) y Francisco Rabini (Sipreba). También estarán la Asociación de Jueces del Trabajo (Anjut) con los camaristas Juan Orsini y Lucía Assef, y representantes de la Asociación de Abogados Laboralistas (AAL) y el CELS.

El Gobierno aún no confirmó quién asistirá, pero todo apunta a Carlos Foradori, representante ante organismos internacionales. Foradori ya defendió la reforma en la OIT, aunque su nombre saltó a la fama por un polémico acuerdo sobre Malvinas firmado en 2016, según reveló el servicio exterior británico.

¿Por qué la CIDH aceptó el caso?

La audiencia se enmarca en las audiencias públicas de la CIDH sobre problemáticas de la sociedad civil. Los denunciantes destacaron que el organismo encontró argumentos válidos: el retroceso en derechos individuales y colectivos, agravado por la reglamentación de Federico Sturzenegger, más restrictiva que la ley original.

La CIDH, órgano de la OEA, tuvo un rol histórico en Argentina: en 1979, durante la dictadura, visitó el país y se reunió con familiares de detenidos-desaparecidos.

Las denuncias puntuales

En la presentación, los gremios señalaron que la reforma “desplaza al Estado de su rol como árbitro entre el capital y el trabajo” y “retrocede fuertemente en el reconocimiento de derechos laborales”. Además, “restringe arbitrariamente la huelga y la libertad sindical”, y “deja desprotegidas a mujeres y trabajadores informales”.

También denunciaron que la política laboral del Gobierno “combina el shock con la represión”, con fuerzas de seguridad en las calles para “evitar la manifestación popular”. Las represiones habrían tenido “un ensañamiento especial” con trabajadores de prensa y personas mayores.