La ciencia que incomoda: la trama que une a una investigadora del INTA con la salud de los pueblos fumigados del Chaco

La persecución contra científicos y profesionales de la salud que estudian el impacto de los agroquímicos en la Argentina alcanzó un nivel alarmante, advirtió el ingeniero Gerardo Martínez. El caso de la Dra. Virginia Aparicio, quien enfrenta un proceso administrativo en el INTA con riesgo de exoneración, es para el especialista la punta de un mismo iceberg que ya golpeó al Chaco hace más de una década.

Aparicio investiga la presencia, el transporte y la persistencia de plaguicidas en suelo, agua y aire. Sus resultados no cayeron bien en ciertos sectores. Según la denuncia de Martínez, la amenaza de exoneración no es un hecho aislado, sino una muestra de la presión institucional y corporativa contra la ciencia que se niega a subordinarse a los intereses del modelo agrobiotecnológico.

Un antecedente que sigue doliendo en el Chaco

El hostigamiento contra Aparicio remite a un episodio oscuro: la agresión que sufrió el Dr. Andrés Carrasco en agosto de 2010 en Las Palmas, Chaco. Carrasco había demostrado los efectos teratogénicos del glifosato en embriones y, cuando intentaba presentar sus hallazgos en una comunidad afectada por las fumigaciones, fue rodeado y atacado por patotas vinculadas al poder político y a los intereses agroindustriales.

Para Martínez, la violencia contra Aparicio y el intento de silenciarla en el INTA responden al mismo patrón: acorralar, disciplinar y sancionar a quien ponga en evidencia la insostenibilidad de un esquema productivo que envenena.

El Chaco como radiografía del daño

Las investigaciones de Aparicio encuentran en el territorio chaqueño una constatación dramática. Así lo documentó la Dra. María del Carmen Seveso en su libro Resistiendo al Modelo Agrobiotecnológico. Para evitar la complicidad de las víctimas (2021), donde describe cómo el avance del paquete soja-algodón transgénico y el uso masivo de biocidas transformaron la geografía provincial en un escenario de enfermedad y despojo.

Durante décadas, la Red de Salud Popular Dr. Ramón Carrillo, junto con investigaciones de epidemiología comunitaria y el aporte de profesionales como el biólogo molecular Horacio Lucero (Instituto de Medicina Regional de la UNNE), pediatras de distintos centros de salud y docentes de escuelas rurales, sacaron a la luz indicadores sanitarios atroces:

Malformaciones congénitas y abortos espontáneos: registrados de forma alarmante en el Hospital 4 de Junio de Presidencia Roque Sáenz Peña y en el Hospital Perrando de Resistencia.

Enfermedades crónicas y oncología infantil: un aumento desproporcionado de casos de cáncer en niños y adultos en comunidades expuestas a derivas aéreas y terrestres como Avia Terai, La Leonesa, Las Palmas, Campo Largo y Pampa del Infierno.

Contaminación ambiental y mortandad animal: evidenciada en colonias agrícolas y asentamientos campesinos e indígenas como Colonias Unidas, Napenay o Pampa del Indio, donde el uso irresponsable de cócteles químicos de glifosato, 2,4-D, clorpirifos e imidazolinonas arrasa con la producción de subsistencia, la fauna local y la salud de las familias.

La misma trama, la misma pelea

Lo que ocurre con Aparicio en su ámbito laboral y lo que padecen a diario los pueblos fumigados chaqueños son parte de una misma trama: la prioridad del lucro corporativo por encima de la vida, la soberanía alimentaria y el derecho a un ambiente sano. Exonerar o castigar a quien investiga e informa la verdad no borra la presencia de agroquímicos en el agua que se bebe ni en el aire que respiran las infancias rurales.

El ingeniero Martínez reclamó que la sociedad, las instituciones académicas, las organizaciones sociales y los medios alcen la voz en defensa de los científicos comprometidos con la salud pública. Detener la persecución científica, sostuvo, es la primera línea de defensa para frenar el ecocidio y garantizar que el conocimiento siga al servicio de los pueblos y no de las corporaciones.