San Luis, Córdoba, Santa Fe y Mendoza concentran los niveles de litigiosidad más altos del país. En ese mapa, una provincia del Norte aparece con un derrumbe que llama la atención: qué pasó con los reclamos.
Las demandas por accidentes y enfermedades laborales en Jujuy se derrumbaron un 77,9% en los primeros siete meses de 2026, de acuerdo con los registros de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT). El dato, difundido en un informe del sector, ubica a la provincia entre las que más redujeron su litigiosidad laboral en el país.
El fenómeno jujeño contrasta con la dinámica nacional: entre enero y julio de este año se iniciaron 64.808 juicios en todo el territorio, una cifra 4,7% menor a la del mismo período de 2025, pero todavía muy elevada y repartida de manera despareja entre distritos y actividades.
Una paradoja que el sistema no logra resolver
La Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) describe una situación llamativa: entre 1997 y 2025 los siniestros laborales cayeron 54% y las muertes en el trabajo, 79%, pero los juicios aumentaron 91% desde 2019. La entidad sostiene que la Argentina tiene una siniestralidad parecida a la de Chile y España, aunque multiplica por 23 los litigios chilenos y por 14 los españoles.
En promedio, la SRT contabiliza 6,8 juicios cada 1.000 trabajadores cubiertos, sobre un universo de 9,5 millones de personas. Ese número esconde realidades muy distintas según la jurisdicción.
Las provincias que lideran el ranking
San Luis encabeza la tabla con 45,61 juicios cada 1.000 trabajadores, seguida por Córdoba (34,87), Santa Fe (26,15) y Mendoza (14,61). Buenos Aires, con 8,20, se ubica algo por encima del promedio nacional, mientras que la Ciudad Autónoma queda por debajo, con 6,08.
Medido en volumen, Buenos Aires acumuló 25.408 juicios en siete meses y CABA, 12.530. Según la UART, esas dos jurisdicciones concentran cerca del 39% y el 19% de los litigios del país, y junto con Santa Fe, Córdoba y Mendoza explican el 86% del total.
La relación con la cantidad de empleadores también marca diferencias: en San Luis hay 0,77 juicios por empleador, en Santa Fe 0,55 y en Córdoba 0,45, contra 0,12 en el promedio nacional.
Jujuy y Neuquén, los descensos más marcados
La evolución reciente tampoco es uniforme. Santa Fe pasó de 9.566 juicios entre enero y julio de 2025 a 11.122 en igual período de este año, un alza de 16,3%. En sentido contrario, Córdoba bajó 20,1%, Mendoza 15% y San Luis 7,3%. Las caídas más profundas se registraron en Neuquén (60,7%) y Jujuy, con el 77,9% ya mencionado.
Mara Bettiol, presidente de la UART, atribuyó esas diferencias al funcionamiento de la justicia laboral y a los criterios dispares con los que se determinan incapacidades e indemnizaciones. "La clave es cerrar la brecha entre las evaluaciones médicas oficiales de las Comisiones Médicas (sede administrativa) y las pericias de la justicia laboral. No puede ser que un mismo daño reciba valoraciones tan diferentes según dónde se judicialice. Mientras persistan esas diferencias, seguirán existiendo incentivos para litigar", afirmó.
La entidad apunta a la distancia entre la instancia administrativa y la judicial: el 87% de los juicios llega sin incapacidad reconocida por la Comisión Médica oficial y el 82% corresponde a dolencias leves como esguinces, lumbalgias o contusiones. Además, solo en el 22% de los casos ingresados en 2025 los tribunales inferiores, la Corte provincial y la Corte Suprema aplicaron el mismo criterio sobre intereses.
Qué sectores concentran los reclamos
Los índices más altos de judicialización se dan en el suministro de agua y cloacas (17,64 juicios cada 1.000 trabajadores), transporte y almacenamiento (15,36), industria manufacturera (14,27) y construcción (13,20). En cantidad de casos, la industria es la que más acumula, algo esperable si se tiene en cuenta que emplea a más de 1,1 millones de personas.
En el otro extremo aparecen la enseñanza (1,03) y la intermediación financiera y los seguros (1,41). Los sectores con más trabajo físico son los más condicionados; los que se desarrollan en aulas u oficinas muestran una litigiosidad mucho menor.
Del total de 64.808 juicios iniciados en los primeros siete meses del año, 30.041 corresponden a accidentes de trabajo, 22.084 a enfermedades profesionales y 12.649 a accidentes in itinere. Otros 35 se vincularon a enfermedades fuera del listado.
El impacto sobre las pymes
Para las empresas chicas, un litigio puede definir su continuidad. Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), lo describió sin vueltas: "Las pyme que tienen un juicio que vienen arrastrando hace cinco, seis u ocho años, se terminan destruyendo económicamente". Y agregó que "no pueden hacerle frente a los juicios que pierden".
Rosato también graficó la frecuencia de los conflictos: "Una empresa que tiene 100 operarios, tiene en promedio un conflicto una vez por mes". Según el dirigente, esa realidad condiciona las decisiones productivas: "Hay empresas que han tenido que pagar más de $300 millones en juicios o arreglos".
"En vez de invertir en una máquina o invertir en algo para mejorar la productividad, se debe destinar el dinero a pagar juicios o arreglos", señaló. Sobre la reforma laboral fue tajante: "La industria del juicio sigue y los juzgados te destrozan".
El costo que no aparece en el balance
El economista Daniel Garro, director de Value International Group, analizó el efecto desde las finanzas: "El problema central es que resulta imposible calcular lo que suele llamarse el 'costo de salida'. En cualquier proyecto se evalúan los costos de entrada, pero al existir una elevada litigiosidad laboral, la salida se vuelve impredecible".
"Las empresas se ven obligadas a constituir un resguardo o 'colchón financiero'. A mayor colchón, el costo financiero del proyecto o de la empresa se eleva significativamente, ya sea porque hay que endeudarse para constituir esa reserva o porque debe aportarse con capital propio, lo cual es todavía más costoso", continuó.
Ese sobrecosto eleva el capital necesario para obtener el mismo flujo de fondos y reduce el rendimiento sobre la inversión. Garro también vincula la litigiosidad con el empleo en negro: "La formalidad no le resulta conveniente a ninguna de las dos partes, y por eso la informalidad ha crecido tanto en la Argentina". A su juicio, esto ocurre sobre todo en las pymes, porque las grandes compañías están auditadas de manera permanente por ARCA.
La UART calcula que las demandas ingresadas en 2025 equivalen a unos 7 millones de salarios mínimos y que, si no se corrige la judicialidad, la necesidad técnica de aumento de las alícuotas será del 69%.
Señales de cambio
La entidad ve algunas aperturas: Santa Fe pondrá en marcha un Cuerpo Médico Forense integrado por concurso y con criterios uniformes; Mendoza anunció que ampliará su cuerpo de peritos; la Suprema Corte bonaerense fijó en el fallo "Galarza" que los créditos judiciales se actualicen con la tasa activa sin capitalizar; en la Ciudad avanza el traspaso del fuero laboral nacional; y en Córdoba sigue pendiente la integración plena del cuerpo forense.
Bettiol insistió en su receta: "Es indispensable que la justicia laboral aplique obligatoriamente el Baremo vigente, cuente con cuerpos médicos especializados e independientes, elimine los incentivos económicos que distorsionan las pericias y respete los mecanismos legales de actualización de las indemnizaciones".
Rosato propuso otra salida: "Debe haber una ley que garantice al empleador que lo cubra el seguro. Si la ART no cumple o se funde, el juicio va contra el empleador. En ese caso, debería responder el Gobierno a través de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo".
"El trabajador que sufrió un daño debe recibir una reparación justa, rápida y conforme a la ley y para ello la judicialidad debe ser la excepción, no la regla", concluyó Bettiol.
