La clausura del puerto de Ushuaia que evalúan y el dato que falta
El secretario de Trabajo de Tierra del Fuego advirtió que el puerto de Ushuaia podría ser clausurado parcialmente si se comprueban riesgos para los trabajadores. La medida necesita aval judicial y la Justicia tendría la última palabra.
El secretario de Trabajo de Tierra del Fuego, Edgar Ceballos, advirtió que el Puerto de Ushuaia podría sufrir la clausura de algunas de sus actividades si se comprueban riesgos para la integridad física de los trabajadores, aunque la medida requeriría el aval de la Justicia. La advertencia llegó después de que inspectores provinciales intentaran fiscalizar las instalaciones y las autoridades de la intervención federal les impidieran el ingreso.
El funcionario explicó que la ley 90 contempla la clausura cuando se detectan situaciones que ponen en peligro la vida del personal. Sin embargo, aclaró que no se trataría de un cierre total del puerto, sino de la suspensión de aquellas tareas que representen un riesgo.
“La ley 90 es clara respecto a que cuando hay riesgos de vida se tiene que gestionar la clausura”, afirmó Ceballos, y precisó: “En realidad no sería la clausura total del puerto, sino detener la actividad que hemos detectado que está fuera del marco de la ley y evitar que continúe el riesgo o el peligro”.
Consultado sobre si las deficiencias en seguridad podrían paralizar parte de la operatoria, el secretario confirmó que ese escenario es posible, pero subrayó que cualquier decisión de ese tipo deberá contar con respaldo judicial. “Si en el transcurso del trámite jurídico la Justicia ordena que nos dejen pasar y se constatan las situaciones de riesgo o de peligro, será la Justicia la que nos dé la facultad de clausura”, sostuvo.
Ceballos reconoció que una medida así no es deseable por la importancia económica y estratégica del puerto para la provincia, pero insistió en que la protección de los trabajadores es una obligación que no puede quedar subordinada a otros intereses.
Denuncias por riesgos graves
La inspección frustrada se originó en denuncias recibidas por el Ministerio de Trabajo sobre presuntas irregularidades en la manipulación de cargas, el uso de maquinaria pesada y las condiciones de seguridad eléctrica.
Según detalló Ceballos, las presentaciones advierten sobre la operación de equipos de transporte por parte de personal que presuntamente carecería de capacitación o habilitación, además de riesgos eléctricos que requieren la intervención de trabajadores especializados.
“Si hay riesgos en la vida de operadores o empleados, nosotros tenemos que acceder al lugar y constatar”, afirmó el funcionario, que remarcó la gravedad potencial de la situación por las características de los equipos usados en el movimiento de contenedores.
“No estamos hablando de una carga normal con un carrito o una carretilla, estamos hablando de maquinaria altamente complicada, pesada y que los riesgos son muy graves”, enfatizó.
No obstante, aclaró que las irregularidades denunciadas todavía no pudieron ser verificadas oficialmente, precisamente porque se impidió el ingreso de los inspectores.
Acciones administrativas y judiciales
Ceballos calificó como una obstrucción la negativa de las autoridades portuarias a permitir el procedimiento y anticipó que el Ministerio avanzará tanto por la vía administrativa como por la judicial.
Los inspectores labraron un acta dejando constancia de lo ocurrido y también se recurrió a un escribano público del Gobierno para documentar formalmente el impedimento.
El funcionario señaló que la Ley provincial 90 y la Ley nacional 25.212, correspondiente al Pacto Federal del Trabajo, facultan a los inspectores debidamente acreditados a ingresar a los establecimientos donde se desarrollan actividades laborales sin necesidad de autorización previa.
En ese sentido, rechazó el criterio aplicado por las autoridades de la intervención, que exigieron una autorización para permitir el acceso. “Las facultades que tienen los inspectores son de entrar libremente a todos los lugares donde haya una prestación laboral”, explicó.
Adelantó que el equipo jurídico del Ministerio trabaja en las presentaciones correspondientes, incluida una denuncia penal, mientras que el procedimiento administrativo podría derivar en importantes sanciones económicas.
Una situación sin precedentes recientes
El secretario de Trabajo sostuvo que anteriormente se realizaron inspecciones en el Puerto de Ushuaia y que, aunque en algunas oportunidades se detectaron deficiencias, siempre existió predisposición para corregirlas.
También mencionó controles efectuados en los aeropuertos de Ushuaia y Río Grande, ambos bajo jurisdicción nacional, donde nunca encontraron obstáculos semejantes.
Finalmente, insistió en que la actuación del Ministerio responde exclusivamente a la necesidad de garantizar condiciones laborales seguras, independientemente de quién administre las instalaciones. “No podemos seguir lamentando accidentes”, concluyó Ceballos, al reafirmar la obligación del Estado de intervenir cuando existen denuncias sobre situaciones capaces de poner en peligro la vida de los trabajadores.