La clienta que pedía queso por teléfono tenía un detalle que nadie vio venir

Una quesería de Mar del Plata denunció una presunta estafa que ronda los $63 millones y que habría sido cometida por una mujer de 25 años. Según la investigación, la acusada realizó 33 compras de productos sin pagar y envió comprobantes de transferencias que nunca se acreditaron. La Policía la detuvo durante un allanamiento en Quequén y secuestró parte de la mercadería.

La maniobra habría comenzado con pedidos por teléfono. La clienta se comunicaba con la empresa, enviaba una supuesta constancia de pago y después mandaba a un comisionista para retirar los productos. Las operaciones se realizaron entre el 7 de mayo y el 9 de septiembre, de acuerdo con la reconstrucción publicada por La Capital.

Cada compra rondaba los $1,5 millones. La empresa descubrió que el dinero nunca había ingresado a sus cuentas cuando revisó sus registros contables. La situación quedó al descubierto después de que otro cliente de la zona advirtiera que los productos eran revendidos a precios bajos.

Las constancias de pago estaban vinculadas a una billetera virtual y a una cuenta que no existía. La quesería presentó la denuncia ante la Justicia el 11 de septiembre. La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N.º 10 de Mar del Plata, cuyo fiscal es Luis Ferreyra.

Qué encontraron durante el allanamiento

Con la identificación de la presunta compradora y la ubicación de su casa, el Juzgado de Garantías N.º 1 del Departamento Judicial Mar del Plata autorizó un procedimiento en Quequén. Participó personal de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) Necochea.

Durante el operativo, los investigadores secuestraron 95 piezas de queso de distintos tipos, tres teléfonos celulares, una balanza, bolsas, un cuaderno con anotaciones y $11.400 en efectivo. Los elementos quedaron incorporados a la causa para avanzar con la investigación.

La mujer fue trasladada a Mar del Plata y se negó a declarar ante el fiscal Ferreyra. Después recuperó la libertad, aunque continúa imputada por el delito de estafa.

La Justicia busca establecer cuál fue el circuito de comercialización de los productos y cuál es el perjuicio económico total para la empresa.

La fiscalía también deberá analizar los teléfonos, las anotaciones y el resto de los objetos secuestrados.