La comisión que investiga el caso del bebé de Rancul redobló la apuesta y ahora va por tres ministerios

La pulseada entre la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados y el gobernador Sergio Ziliotto sumó un nuevo capítulo. El cuerpo legislativo que analiza presuntas irregularidades en la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia respondió al planteo del mandatario y decidió seguir adelante con la investigación por el caso del bebé que estuvo bajo el cuidado de una familia de contención de Rancul y que terminó entregado en adopción a otra pareja por decisión de la Justicia.

A través de un comunicado, la comisión ratificó que su actuación se limita a los aspectos administrativos, funcionales e institucionales de los organismos provinciales. Dejó en claro que no busca revisar, cuestionar ni opinar sobre las decisiones del Poder Judicial y que no accederá a expedientes judiciales ni a información bajo reserva.

El cuerpo también defendió su potestad para pedir documentación: sostuvo que el control y la fiscalización de los actos del Ejecutivo son atribuciones propias del Poder Legislativo, por lo que el requerimiento no implica una intromisión en las facultades de otro poder del Estado.

La respuesta a Ziliotto

La réplica de la comisión llegó después de la nota que Ziliotto envió a la presidenta de la Cámara de Diputados, Alicia Mayoral, junto con un informe de los ministerios involucrados.

El Gobierno provincial había reconocido las facultades de control de la Legislatura, pero advirtió que deben ejercerse “dentro de los límites establecidos por el ordenamiento jurídico”, sobre todo cuando está en juego información vinculada con un niño y con datos de su identidad, intimidad y vida familiar.

En esa línea, el Ejecutivo reclamó que se individualicen con precisión las actuaciones administrativas y las piezas cuya consulta resultara necesaria, para evitar pedidos genéricos. También pidió que la Legislatura no requiriera documentación destinada a revisar decisiones judiciales ni información cuya competencia corresponda a la Justicia.

Pedidos separados a tres ministerios

Tomando esas observaciones, la comisión resolvió enviar requerimientos separados y específicos a los ministerios de Desarrollo Social y Derechos Humanos, de Seguridad y Justicia, y de Salud.

Cada pedido estará delimitado según las competencias de cada organismo y tendrá un plazo de cinco días hábiles para ser respondido. Si la cantidad o la naturaleza de la documentación exige más tiempo, los ministerios deberán comunicarlo, explicar los motivos y estimar cuánto tardarán en completar la respuesta.

La comisión además informó que este martes recibirá a las abogadas vinculadas con el caso y que continuará investigando dentro de las facultades que le fueron otorgadas, con resguardo de los derechos y la identidad de las niñas, niños y adolescentes involucrados.

El origen del conflicto

La investigación legislativa nació del conflicto protagonizado por Joaquín Díaz y Ana Laura Pizzani, la familia de contención de Rancul que reclama la adopción del bebé que tuvo bajo su cuidado.

La pareja se presentó ante la comisión y denunció presuntas “muchas irregularidades” por parte de funcionarios del Gobierno y de la Justicia. El cuerpo legislativo aclaró que su investigación se concentra en los procedimientos administrativos vinculados con la entrega y el posterior retiro del niño, y no en el proceso judicial de adopción.

El bebé llegó a la familia el 20 de marzo de 2026, cuando tenía dos meses, bajo el programa de Familias de Contención, una medida excepcional y transitoria. Al asumir el cuidado, Díaz y Pizzani firmaron un acta en la que aceptaron las condiciones del programa, entre ellas que no podían convertirse en adoptantes del niño.

El 29 de junio, la Justicia declaró al bebé en estado de adoptabilidad y pidió al Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (RUA) el listado de familias en condiciones de adoptarlo. La pareja reclamó que el niño permaneciera con ellos y pidió la guarda con fines de adopción, planteos que fueron rechazados en distintas instancias judiciales.

El 7 de septiembre, la familia debía entregar al bebé. Fue hasta la Dirección de Niñez y manifestó que no lo daría. Luego fue demorada por la Policía en Castex cuando intentaba dirigirse hacia Rancul. Finalmente regresó a Santa Rosa y el niño fue entregado, después de las 18.30, a la familia seleccionada para iniciar el proceso adoptivo.

Díaz y Pizzani denunciaron que el procedimiento fue violento y cuestionaron la forma en que se concretó el retiro. El Gobierno, en cambio, sostuvo que la intervención de Niñez tuvo como finalidad cumplir con la decisión judicial y que se procuró generar la situación “menos violenta” posible para el bebé.

La comisión está integrada por Sandra Fonseca, Silvia Larreta, Gisela Cuadrado y Noelia Viara. Su objetivo es determinar si existieron irregularidades administrativas o institucionales en la intervención de los organismos provinciales y, eventualmente, si corresponde establecer responsabilidades.