La concejal que juró por Rosario de Lerma y ahora la confirmación oficial la deja contra las cuerdas

La Secretaría de Justicia y Derechos Humanos de Salta puso por escrito lo que hasta ahora era una sospecha: la concejal de Rosario de Lerma Camila Jorge actuó como abogada patrocinante en dos expedientes del Centro Comunitario de Mediación del municipio, mientras ejercía su banca.

La respuesta oficial, fechada el 19 de agosto de 2026, llegó tras un pedido de informes del Concejo Deliberante de Rosario de Lerma. En el documento se detalla que la edil intervino en los Expedientes de Mediación N.º 13/26 y N.º 35/26, correspondientes a audiencias del 23 de febrero y el 6 de abril de 2026.

Los expedientes que la complican

El Expediente N.º 13/26 refiere a una mediación por alimentos, autorización de viaje y régimen de comunicación. Allí Jorge figura como patrocinante letrada con su matrícula profesional N.º 6701 y un convenio firmado en Rosario de Lerma el 23 de febrero de 2026.

El Expediente N.º 35/26 repite el escenario: la concejal vuelve a aparecer como patrocinante en un caso de cuidado personal, alimentos, derecho de comunicación y autorización de viaje. El convenio lleva su firma y sello profesional, rubricado el 6 de abril de 2026.

El peso de la confirmación oficial

La respuesta institucional estuvo dirigida al Director General de Mediación, Conciliación y Arbitraje, Dr. Gustavo Sakf, y fue firmada por el Director General de Mediación, Dr. Martín Velarde. En paralelo, el Secretario de Justicia y Derechos Humanos, Dr. Javier Alberto Mónico Graciano, envió otra nota a la Vicepresidenta I del Concejo, Sra. Débora Kujarchik, ratificando la participación de la doctora María Camila Jorge Santos en los expedientes del Centro de Mediación Comunitaria.

El dato no es menor: los centros de mediación dependen directamente de la estructura provincial de Justicia, que los cataloga como servicios esenciales de acceso a la justicia.

La ley que está en el centro del debate

La denuncia se apoya en la Ley Provincial N.º 7204, que regula las incompatibilidades de los funcionarios públicos. El artículo 1 prohíbe representar o patrocinar profesionalmente a terceros ante los poderes públicos provinciales o municipales, y el artículo 2 incluye expresamente a los concejales.

La incógnita que deberá resolver el organismo competente es si una edil alcanzada por esa prohibición podía ejercer como abogada ante un organismo estatal provincial. La prueba documental ya no se limita a fichas de particulares: ahora cuenta con el respaldo de las respuestas formales de la propia Secretaría de Justicia.

El expediente seguirá su curso en el Tribunal de Ética y Disciplina del Colegio de Abogados y Procuradores de Salta, donde se evaluará el alcance de la falta, la posible incompatibilidad profesional y las sanciones disciplinarias que correspondan.