La concesión de la Ruta 5 tambalea: el primer choque entre la empresa y el Gobierno

La privatización del tramo pampeano de la ruta nacional 5 ya muestra sus primeras grietas. Apenas un mes después de que la concesionaria tomara el control, la empresa exige renegociar el contrato para hacerse cargo de obras paralizadas que el Estado no puede terminar. El conflicto amenaza con dejar a los usuarios pagando peajes más caros sin ver mejoras en el camino.

Según informó el sitio Letra P, la disputa gira en torno a la autopista Mercedes-Suipacha y a la nueva travesía urbana de Mercedes, dos obras que permanecen frenadas desde principios de año. La concesionaria Corredor Vial 5, controlada por la constructora mendocina Ceosa, asegura que solo podría incorporarlas si se modifica la ecuación económica y financiera de la concesión. Sin esa revisión, no hay acuerdo posible.

¿Cómo se llegó a esta situación?

Las obras tienen una historia compleja. Fueron adjudicadas originalmente a CPC, la constructora de Cristóbal López, en los últimos meses del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Luego, la administración de Mauricio Macri rescindió el contrato en 2018. Recién en 2022, durante la gestión de Alberto Fernández, se volvieron a licitar con financiamiento externo y quedaron en manos de una UTE integrada por CPC y Vial Agro.

Con la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada, los trabajos quedaron alcanzados por el ajuste sobre la obra pública. A comienzos de 2025, el ministro Luis Caputo autorizó su reactivación al calificarlos como "prioritarios y estratégicos". Pero la reanudación duró apenas unos meses: en marzo las obras volvieron a paralizarse por falta de pagos, y la deuda acumulada por Vialidad Nacional ya superaría los 10 millones de dólares.

Fuentes del sector revelaron a Letra P que los fondos de la CAF destinados a financiar esos trabajos fueron utilizados por Economía para reforzar el resultado fiscal. Ahora, los auditores del organismo internacional habrían emplazado al Gobierno para que defina si continúa con las obras o las da de baja, una decisión que implicaría devolver los desembolsos ya recibidos.

¿Qué propone Vialidad Nacional?

Mientras espera una definición de Economía, Vialidad Nacional, conducida por el menemista Marcelo Campoy, le propuso a la nueva concesionaria que absorba el contrato de las obras y las incorpore a la concesión. La respuesta de Corredor Vial 5 fue contundente: solo podría hacerse cargo si se renegocia el contrato y se modifica la ecuación económica y financiera pactada en la licitación.

Por ahora, esa alternativa no figura entre los planes oficiales. Sin embargo, tanto las autoridades de Vialidad como las del Ministerio de Economía saben que el margen para seguir postergando una definición es cada vez más reducido.

Peajes sin autovía

En el esquema de privatización impulsado por el Gobierno, las obras inconclusas quedaron comprendidas dentro del tramo Pampa, que abarca 546 kilómetros de la ruta nacional 5 entre Luján y Santa Rosa. La concesión fue adjudicada a Construcciones Electromecánicas del Oeste (Ceosa), empresa controlada por el empresario mendocino Fernando Porretta, una de las principales contratistas de esa provincia.

La firma asumió la operación del corredor el 1 de julio y, sin haber iniciado nuevas obras, recibió autorización para incrementar hasta un 20% las tarifas de peaje. Así, un automóvil pasó de pagar $1.500 a $1.787,10 con TelePASE o $1.800 en efectivo en las estaciones de Olivera, 9 de Julio y Trenque Lauquen.

El contrato, que se extenderá hasta 2046, solo contempla tareas de mantenimiento, conservación y reparación. No incluye nuevas ampliaciones de calzada ni la transformación en autovía que desde hace años reclaman vecinos, productores y municipios de la región.

Una ruta estratégica

El tramo privatizado de la ruta nacional 5 es uno de los principales corredores para la producción agropecuaria y, además, para el transporte de arena silícea destinada a Vaca Muerta, una actividad que moviliza más de 1.000 camiones por día.

El Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (Conaduv) advirtió que la nueva concesionaria solo está obligada a realizar tareas de conservación, repavimentación, bacheo y corte de pasto, a cambio del cobro de peajes que se actualizarán cada tres meses. La entidad también cuestionó que a las tres estaciones de peaje actuales se sumarán otras dos, ubicadas en Gorostiaga y Lonquimay, lo que implicará que los usuarios deban pagar, en promedio, un peaje cada 100 kilómetros recorridos.

Por su parte, la fundación Estrellas Amarillas, integrada por familiares de víctimas de siniestros viales, criticó la exclusión de las obras para transformar la ruta en autovía. Según la organización, en lo que va del año ya se registraron 203 siniestros con 22 víctimas mortales, una más que durante todo 2025.

En la misma línea, la Federación del Nucleamiento Empresarial del Noroeste Bonaerense advirtió que "el deterioro de la ruta y la ausencia de nuevas obras afectan directamente la competitividad de la producción agropecuaria, industrial y comercial de la región". Tras presentar sus reclamos ante Vialidad Nacional, la entidad pidió además que el Gobierno deje de derivar a Rentas Generales los recursos del impuesto a los combustibles, que por ley tienen como destino específico el mantenimiento de la red vial y la ejecución de nuevas obras.