La condición que dejó de pedir Economía para ser proveedor del RIGI
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La condición que dejó de pedir Economía para ser proveedor del RIGI

Economía publicó un decreto que reescribe las reglas del RIGI y deja atrás un requisito que regía para los proveedores. Qué pidió la consultora que advirtió el riesgo de la medida.

El Ministerio de Economía publicó este lunes en el Boletín Oficial el decreto 1366/26, con el que reescribió varias reglas que rigen a las empresas que participan del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). El cambio más comentado entre los proveedores toca de lleno un requisito que hasta ahora parecía intocable.

Hasta la fecha, una compañía necesitaba tener al menos 51% de capital argentino para ser catalogada como local dentro del esquema. Con la nueva norma, una firma extranjera puede abrir una sociedad en el país y participar de un proyecto RIGI bajo esa condición.

Qué cambió para los proveedores

La consultora Paspartú, especializada en energía, interpretó el movimiento: "El Gobierno parece advertir que el Plan de Desarrollo de Proveedores Locales no puede quedar a merced de las empresas con Vehículo de Proyecto Único (VPU) y que debe 'hacer política' para agilizar la participación local". En esa línea, la firma vinculó la medida con las Rondas de Negocios que organiza la cartera económica para minería y para petróleo y gas.

El interrogante que deja abierto la modificación es si esa calificación de "local" para una empresa extranjera domiciliada en Argentina terminará jugando en contra del entramado productivo nacional. "La duda al respecto es si la calificación como 'local' de una empresa extranjera domiciliada en el país no terminará perjudicando al entramado productivo nacional, en lugar de favorecerlo", plantea la consultora.

Federico Palavecino, socio en MHR, explicó que los considerandos del decreto "fundamentan la modificación en que la composición del capital social no debe constituir un impedimento para participar en las cadenas de suministro de los proyectos RIGI".

El consultor fue más allá y señaló el motivo que, a su entender, la norma no explicita: restringir la oferta a empresas de capital mayoritariamente argentino en sectores de alta complejidad tecnológica e intensa demanda de capital presenta el riesgo de generar cuellos de botella. Si esos cuellos de botella no se superan a tiempo, advirtió, queda en riesgo el cumplimiento de las condiciones para permanecer en el RIGI y, con eso, el interés del inversor en concretar la inversión.

Palavecino también anticipó el malestar del otro lado del mostrador: "No parece que la modificación caiga bien entre los proveedores nacionales que estaban evaluando inversiones para llegar a la escala requerida por los proyectos RIGI".

La próxima cita, en San Isidro

En paralelo a los cambios normativos, Economía abrió las inscripciones para la segunda Ronda de Negocios del RIGI, que se realizará el 2 de diciembre en San Isidro y estará dedicada exclusivamente a hidrocarburos y energía.

Del encuentro participarán 60 empresas compradoras y más de 2.000 proveedoras de bienes, servicios, obras y tecnología de todo el país. La meta es que los grandes proyectos de inversión aprobados y en evaluación dentro del RIGI se articulen de forma directa con la cadena de valor local de petróleo y gas.

El sector energético e hidrocarburífero acumula 14 proyectos aprobados bajo el RIGI: 11 de Oil & Gas, por u$s49.000 millones, y tres de energía, por u$s706 millones. Además, hay otros 13 proyectos en evaluación (11 de hidrocarburos, por u$s117.436 millones, y dos de energía, por u$s458 millones).

Acciones, fusiones y dólares

El decreto también modifica reglas que alcanzan a los 27 proyectos ya aprobados, entre ellas la posibilidad de transferir acciones o de concretar fusiones entre empresas.

Según Paspartú, se establece que la adquisición de acciones, cuotas o participaciones sociales de un VPU posterior a la presentación de su solicitud de adhesión no altera por sí misma los derechos derivados ni da lugar al cómputo de inversiones en Activos Computables para cumplir con la Inversión Mínima de Activos Computables (IMAC). El punto apunta, sobre todo, a los plazos de inversión mínima.

A eso se suman pautas para que la autoridad de aplicación apruebe o rechace fusiones y adquisiciones de acciones de empresas del RIGI. Y una regla clave: si el Estado no se pronuncia en un plazo de 30 días, las propuestas quedan aprobadas.

En materia cambiaria, el ingreso de divisas de un proyecto RIGI podrá realizarlo la sociedad titular o los socios que participan de ella y hacen sus aportes. Para los Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo (PEELP), en tanto, se distingue entre el cumplimiento del monto mínimo de IMAC exigido a un VPU y los compromisos de inversión asumidos en cada una de sus etapas sucesivas.

La fecha límite única para alcanzar el IMAC del proyecto en su conjunto no modifica los montos mínimos ni los compromisos de cada etapa. Pero se agrega una condición: esa fecha no debe resultar ajena a las prácticas del sector para el desarrollo "razonable" del Proyecto Único.

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