La condición que el RIGI les exigía a las proveedoras y que Milei acaba de borrar
Economía

La condición que el RIGI les exigía a las proveedoras y que Milei acaba de borrar

El RIGI tenía un candado que separaba a las pymes argentinas de las filiales de multinacionales a la hora de figurar como proveedoras. Ese candado acaba de desaparecer, y ahora ambas compiten bajo la misma etiqueta.

El Gobierno de Javier Milei metió mano en la letra chica del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y cambió quiénes pueden figurar como proveedores locales de los proyectos que se anotan en ese sistema. Lo hizo a través del Decreto 1366/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, que suprimió la exigencia de que al menos el 51% del capital social de una compañía —o la participación necesaria para controlar sus decisiones— perteneciera a personas o empresas con domicilio fiscal en Argentina.

Desde ahora alcanza con que las sociedades estén constituidas y domiciliadas en el país. La nacionalidad de sus accionistas y la composición de su capital dejan de importar a la hora de computarlas como compradoras locales.

Qué cambió en la reglamentación

Hasta esta modificación, la reglamentación del RIGI ponía dos condiciones para que una persona jurídica fuera considerada proveedora local. La primera: estar constituida y domiciliada en Argentina. La segunda: que sus accionistas tuvieran domicilio fiscal en el país y controlaran al menos el 51% del capital social, o contaran con los votos suficientes para formar la voluntad de la sociedad.

Ese segundo punto funcionaba como un filtro para las empresas de capital nacional y, al mismo tiempo, limitaba a las filiales de multinacionales: no podían computar sus operaciones como compras locales. El Decreto 1366/2026 eliminó ese requisito.

El nuevo texto del artículo 3, inciso f, del Anexo I del Decreto 749/2024 establece que serán proveedores locales las personas humanas con domicilio fiscal en el país y las personas jurídicas constituidas y domiciliadas en Argentina que presten servicios o provean bienes a uno o más Vehículos de Proyecto Único (VPU) adheridos al RIGI.

Qué pasa con las pymes argentinas

La norma no exige ningún porcentaje de participación accionaria argentina ni distingue entre empresas según el origen de sus dueños. En la práctica, una sociedad controlada íntegramente por una multinacional podrá ser considerada proveedora local si cumple con las condiciones de constitución y domicilio en el país.

Tampoco alcanza con tener una oficina comercial o una representación en Argentina: la compañía extranjera debe operar a través de una persona jurídica constituida y domiciliada localmente.

El impacto más directo recae sobre las pequeñas y medianas empresas argentinas que participan de los proyectos del RIGI. La normativa original les daba una protección relativa, al exigir que la mayoría accionaria de las sociedades proveedoras estuviera en manos de titulares con domicilio fiscal en el país. Ese requisito permitía separar a las empresas nacionales de las filiales de compañías extranjeras, aunque ambas desarrollaran actividades en territorio argentino.

Con la nueva reglamentación, una pyme argentina podrá seguir participando como proveedora, pero competirá bajo la misma categoría normativa con sociedades locales controladas por grandes grupos internacionales. Estas últimas podrán computar sus ventas como compras a proveedores locales, aun cuando sus accionistas y la mayor parte de sus intereses económicos estén en el exterior.

Los sectores que mueven el RIGI

Las inversiones en minería, energía, hidrocarburos, infraestructura y tecnología necesitan una amplia red de empresas proveedoras: maquinaria, equipos, insumos industriales, servicios técnicos, ingeniería, logística y mantenimiento. Son actividades en las que las pymes nacionales podrían encontrar oportunidades para sumarse a las cadenas de valor de los grandes emprendimientos.

En los considerandos del Decreto 1366/2026, el Poder Ejecutivo justificó la modificación en la necesidad de adecuar la reglamentación del RIGI y ampliar la participación de empresas radicadas en el territorio nacional en las cadenas de suministro de los proyectos.

El texto sostiene que corresponde determinar la condición de proveedor local en función de la constitución y el domicilio de las sociedades en el país, sin considerar "la nacionalidad o residencia de sus accionistas ni la composición de su capital social".

Según la argumentación oficial, el cambio busca favorecer "la integración de las empresas radicadas en el país en las cadenas de suministro de los Proyectos RIGI", además de promover una mayor concurrencia de proveedores y el desarrollo de encadenamientos productivos locales.

El Gobierno plantea así que la presencia jurídica y operativa de una empresa en Argentina alcanza para considerarla local, sin importar quiénes sean sus propietarios. Bajo esa interpretación, una sociedad constituida en el país desarrolla actividad en el territorio nacional y puede participar de los proyectos de inversión, aun cuando sus decisiones empresariales y su estructura accionaria dependan de una compañía extranjera.

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