La construcción santafesina venía zafando de la crisis, pero el empleo ya acumula cuatro meses de caída

La construcción en Santa Fe dejó de ser la excepción que resistía la crisis nacional. El empleo registrado del sector viene en baja desde abril y en julio de 2026 se ubicó en 37.247 trabajadores, un 0,4% menos que el mes anterior, según el Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (Ieric).

La variación mensual es chica, pero la seguidilla de retrocesos marca un cambio de tendencia para una actividad que hasta hace poco lograba mantenerse a flote mientras otras provincias ya perdían puestos de trabajo con anticipación.

El sostén principal fue la inversión del gobierno provincial en obra pública. Ese respaldo permitió amortiguar la retracción de otros segmentos del mercado y mantener el nivel de actividad. Ahora, desde la delegación Rosario de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) advierten que ese esquema podría encontrar mayores dificultades para sostenerse durante 2027, con restricciones presupuestarias e incertidumbre económica condicionando las decisiones de inversión.

La coparticipación, el otro frente de presión

Uno de los factores que más inquieta es la evolución de los fondos que llegan por coparticipación federal. La caída de los recursos transferidos por Nación achica el margen de maniobra de las cuentas provinciales y puede repercutir sobre la capacidad de sostener el gasto en infraestructura.

Un informe reciente del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) señaló que las transferencias automáticas por coparticipación a Santa Fe acumularon, entre enero y septiembre de 2026, una caída real interanual del 1,1%. Si se compara con el mismo período de 2023, el retroceso llega al 12,7%.

La evolución de esos ingresos es central para un sector que depende en buena medida de la continuidad de los proyectos de infraestructura para sostener el trabajo de empresas, contratistas y trabajadores. Si los recursos provinciales se reducen y se restringe la posibilidad de ampliar la inversión, la obra pública puede perder parte de su capacidad para compensar la debilidad de la construcción privada.

A ese panorama se suma la incertidumbre sobre el rumbo de la economía. Desde el sector advierten que el escenario electoral puede profundizar la cautela de empresas y familias, demorar decisiones de inversión y afectar variables que inciden directamente sobre los costos y la demanda, como la inflación y las expectativas económicas.

La preocupación no se limita al dato de julio. El interrogante es si la provincia podrá sostener en los próximos meses el nivel de inversión que hasta ahora permitió amortiguar el impacto de la crisis de la construcción.

El crédito hipotecario, la pata que falta

La debilidad de la construcción privada es otro de los obstáculos para una eventual recuperación. En particular, la escasez de financiamiento hipotecario limita las posibilidades de que más familias accedan a una vivienda y de que ese movimiento se traduzca en nuevos proyectos inmobiliarios.

Desde entidades vinculadas con la actividad señalan que, incluso después de los anuncios del Gobierno nacional orientados a mejorar el fondeo de los bancos, el crédito hipotecario continúa representando una porción reducida de la economía: menos del 0,6% del Producto Bruto Interno (PBI), según las estimaciones mencionadas por el sector.

La cifra refleja la distancia que todavía existe entre el financiamiento disponible en Argentina y el peso que tiene el crédito hipotecario en otros países de la región. Sin una expansión sostenida de esa herramienta, la demanda de viviendas encuentra dificultades para transformarse en operaciones concretas y nuevas obras.

Así, la construcción santafesina enfrenta una combinación de factores que amenaza con debilitar uno de los pocos sostenes que le permitieron resistir mejor que otras provincias: el empleo empezó a retroceder, la continuidad de la inversión pública genera dudas y el crédito privado todavía no alcanza para impulsar una recuperación de mayor alcance.

La incógnita para 2027 es si la inversión provincial podrá seguir compensando la debilidad de la actividad privada o si las restricciones fiscales terminarán profundizando el deterioro del empleo en el sector.