La contradicción que explotó en la causa Planes Sociales: el tribunal probó el clientelismo y absolvió por asociación ilícita

El escándalo de los Planes Sociales en Neuquén dio un nuevo giro cuando el Tribunal de Impugnación revocó la absolución por asociación ilícita, exponiendo una contradicción interna en el fallo original que dejó a todos con la boca abierta.

El mismo tribunal que en septiembre de 2025 absolvió a los 12 imputados, había escrito en su sentencia de 398 páginas que el dinero desviado servía para "financiar una estructura clientelar... para captar voluntades en beneficio del Movimiento Popular Neuquino".

Los jueces Juan Manuel Kees, Juan Guaita y Luciano Hermosilla, que llevaron adelante el debate oral, describieron con lujo de detalle una organización armada con fines políticos, pero aun así dijeron que no había asociación ilícita. ¿Cómo es posible?

El día del veredicto: confesiones en el estrado

El 23 de septiembre de 2025, el propio Guaita leyó públicamente que la plata se usaba para gastos de la organización y "para financiar la estructura clientelar de punteros políticos del MPN", calificando el hecho de "gravedad institucional".

Kees fue más lejos: reprochó a la fiscalía no haber indagado el destino final de los fondos de la "caja azul" y señaló a dos destinatarios con sobrenombres, entre ellos "El Embajador", dejando entrever que había responsables políticos por encima de los condenados que nunca fueron investigados.

Sin embargo, ese mismo tribunal absolvió a los 12 por asociación ilícita "por el beneficio de la duda", argumentando que solo se probó una única maniobra de fraude continuado y no una pluralidad de planes delictivos independientes. Las condenas finales, de hasta cinco años, quedaron muy por debajo de lo que pedían la fiscalía y la Fiscalía de Estado.

La presión política no se hizo esperar

El gobernador Rolando Figueroa salió a criticar el fallo desde el primer día y ordenó al fiscal de Estado, Raúl Gaitán, apelar para conseguir penas más duras. Mientras tanto, el gobierno provincial dictó un decreto exonerando a varios empleados condenados, como Tomás Siegenthaler, Luis Gallo y Julieta Oviedo, en pleno proceso de revisión judicial.

El expresidente del MPN, Jorge Sobisch, también cuestionó la sentencia original y lanzó una pregunta que resonó fuerte: "¿Dónde están los responsables políticos? ¿Quién dio las órdenes? ¿Quién se benefició?", sin saber que repetía casi textualmente lo que el propio Kees había dejado picando en su fallo.

El argumento técnico que abrió la grieta

El tribunal de juicio exigió que la organización estuviera destinada a cometer una pluralidad de planes delictivos independientes, no una sola maniobra de fraude, por más prolongada y sistemática que fuera. Así, una estructura que comete un único delito continuado, aunque dure 22 meses y tenga jerarquías, no alcanza el estándar del artículo 210 del Código Penal.

El Tribunal de Impugnación, integrado por Sommer, Deiub y Macagno, leyó el fallo al revés: sostuvo que el propio tribunal de Kees ya había probado todo lo necesario para condenar por asociación ilícita, una organización estable con roles definidos y finalidad política clara. Calificaron la absolución como una "sentencia arbitraria" y señalaron que Kees agregó un requisito que la ley no pide.

¿Qué pasará ahora?

La revocación del Tribunal resuelve la calificación penal de los 12 condenados, pero no toca el señalamiento sobre los destinatarios finales del dinero. Los fiscales Pablo Vignaroli y Juan Manuel Narváez tienen pendiente esa línea de investigación para posibles causas conexas, las llamadas Planes Sociales II y III.

El expediente deja una pregunta más grande que las 12 condenas: si la plata iba para sostener al MPN, como el propio tribunal dio por probado, ¿por qué la investigación nunca llegó a esos nombres? Y con la presión política ya instalada, la sospecha es si el nuevo tribunal de cesura, todavía a designar, quedará bajo la misma lupa.